El Gobierno intentó despejar las dudas sobre el acuerdo con Edemsa. Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos, defendió los detalles del convenio luego de que en las últimas horas crecieran las sospechas al respecto.
Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos, explicó este martes los detalles del acuerdo firmado entre el Gobierno y las distribuidoras eléctricas, luego de que una auditoría privada y reservada señalara que los mendocinos podrían transferirle alrededor de 250.000 millones de pesos a Edemsa.
A través del convenio firmado este año con la empresa del grupo Vila-Manzano, se le otorgó una prórroga de concesión por 20 años a cambio del desestimiento de un reclamo por $146 mil millones que impulsaba la compañía por ingresos no percibidos durante el congelamiento de aumentos aplicado en la segunda presidencia de Cristina Kirchner.
“Créanme que ha sido una negociación extremadamente difícil. Lógicamente que nosotros no nos sentamos con la información de ellos. No les reconocemos lo que dicen. El EPRE calculó la deuda, es menos de lo que ellos están reclamando“, explicó Mema este martes, en diálogo con LVDiez. Y agregó: “Lo que no podemos hacer públicamente es que el EPRE reconozca cuál es el monto porque generaríamos otro antecedente, como los del 2008 y 2015, e irían a la Justicia con nuestras pruebas”.
El funcionario se refirió a que, en 2008, el entonces gobernador Celso Jaque les reconoció a las compañías el concepto de “ingresos no percibidos”. Luego, el exmandatario Francisco Pérez, previo dejar el mandato, en el decreto 390, además calculó el monto adeudado por el Gobierno. “Ellos (por Edemsa) tienen dos reconocimientos del Estado”, señaló.
El informe de auditoría citado por El Sol, dice que, por el acuerdo, los mendocinos le transferirán a Edemsa una suma no inferior a 250.000 millones de pesos o su equivalente en dólares, de alrededor de 1.400 millones. Se cree que las negociaciones que se llevaron adelante durante la segunda mitad del año pasado resultaron exageradamente beneficiosas para la distribuidora en detrimento del Estado.
“En 2023 tenemos el último periodo de revisión tarifaria del contrato. Hace un año, cuando las empresas hicieron las presentaciones, se presentaron los requerimientos para reclamar los ingresos no percibidos. Esto porque el Estado no pasó a la tarifa el costo del servicio“, dijo Mema en referencia a las negociaciones.
El secretario de Servicios Públicos hizo hincapié en que los acuerdos firmados aún no están vigentes todavía, ya que tienen “cláusulas suspensivas”.
“Es un convenio transaccional. Si hay algún incumplimiento se cae. Si entra en vigencia, lo hace a mediados de año. Para que eso pase debe pasar por la audiencia pública, y ellos deben venir con todas las renuncias a los reclamos”, indicó.
El acuerdo incluye una inversión en la infraestructura eléctrica, con un plan de obras de $17.000 millones, a realizar en 10 años, que “será solventado por la tarifa”, indicó Mema.
Asimismo, en el acuerdo, el Estado renunció a cobrar el 20% del valor de la concesión que se prorrogó, unos 24.000 millones de pesos. “Eso es parte de la negociación, desistiendo de todos los reclamos no le vamos a cobrar ese 20%“, comentó Mema.
“Si hubiesen dividendos, que hasta acá no han habido, el Estado los toma para sí, y se tiene que reinvertir en obras para el sistema. No se puede sacar la plata, sino destinarla a obras eléctricas”, sostuvo.
“Se va a exponer todo esto en la audiencia pública, y está supeditado a que entre en vigencia”, añadió Mema, además de asegurar que el Gobierno tiene la “capacidad” de contestar cualquier demanda que se presente.
Fuente El Sol
