La maniobra de Justicia Colectiva generó sospechas en ámbitos políticos y en Tribunales. Su expresidente es funcionario del Ministerio de Economía y fue asesor del actual diputado provincial José Luis Ramón.
“Justicia Colectiva es una Asociación Civil sin fines de lucro, nacida el 26 de mayo de 2016. Tiene su sede en la Ciudad de La Plata, y fue constituida principalmente para defender los derechos de consumidores y trabajadores”. Así se presenta en la web la ONG que causó sorpresa en ámbitos judiciales y políticos de Mendoza por presentar y retirar inmediatamente un acción colectiva de inconstitucionalidad contra el decreto 70/2023, por el cual el gobierno provincial homologó un millonario acuerdo con Edemsa por “ingresos no percibidos” durante varios periodos de la concesión.
La administración de Suarez extendió la concesión del servicio al grupo controlante de Edemsa por 20 años más, a partir de su vencimiento en 2028. Además, en ese convenio transaccional se negociaron otros puntos, con presuntos beneficios exagerados para la distribuidora en detrimento del Estado.
Ese acuerdo defendido por el Gobierno fue denunciado por Justicia Colectiva, que sin embargo rápidamente retiró la demanda de la Suprema Corte, disparando las sospechas.
¿Quién está detrás la ONG que realizó la sorpresiva maniobra? Su actual titular es Agustín Pistilli, aunque desde su creación hasta el 12 de septiembre del año pasado, fue presidida por Alejandro Álvaro Alonso Pérez Hazaña, un abogado mendocino recibido en la Universidad Nacional de La Plata.
Pérez Hazaña renunció a ese cargo para asumir al frente de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que depende de la Secretaría de Comercio Interior, área del Ministerio de Economía que comanda Sergio Massa.
El líder del Frente Renovador le había ofrecido inicialmente el puesto a otro aliado mendocino, José Luis Ramón. Sin embargo, el actual diputado provincial rechazó la oferta y propuso a Pérez Hazaña, quien fue su asesor durante su paso por el Congreso, justamente donde nació su estrecha relación política con Massa.
Ramón llegó a la Cámara de Diputados de la Nación en 2017 como un outsider de la política, bajo el sello de Protectora, la asociación de defensa del consumidor que fundó a mediados de los 90.
En 2019, con el desembarco del Frente de Todos al poder, Ramón se convirtió en el líder de un interbloque de seis miembros, fuertemente aliado al Gobierno nacional. La oposición siempre sospechó que detrás de la creación de ese grupo legislativo conocido como los “Ramones”, que apoyó cada proyecto del oficialismo, estuvo la mano de Massa, que por entonces presidía la Cámara baja.
Para las elecciones de 2021, Ramón intentó renovar su banca en el Congreso, pero tuvo que conformarse con una diputación provincial, ya en la lista del Frente de Todos. En la boleta también apareció Alicia Barrionuevo, una abogada que responde al exlíder de Protectora que fue, justamente, quien presentó y retiró la acción de inconstitucionalidad contra el decreto de Suarez.
“He tenido que seguir las instrucciones del demandante”, admitió este martes Barrionuevo en declaraciones a LVdiez. La abogada, que se presentó como apoderada de la ONG, explicó que se trató de un cambio de estrategia porque “entendieron que lo mejor para que pudiera prosperar” la demanda “era seguir con la acción procesal administrativa en Buenos Aires”.
Uno de los argumentos esgrimidos por Justicia Colectiva apunta a la presunta mayoría automática del radicalismo en la Corte provincial. Sin embargo, en los ámbitos políticos y judiciales no pasó desapercibida la relación de Massa con Daniel Vila y José Luis Manzano, los dueños de Edemsa y grandes ganadores del “acuerdo espurio”, tal como lo definió la propia Barrionuevo. “Personalmente no he recibido ningún tipo de presión ni amenaza”, agregó la abogada, intentando despejar cualquier sospecha.
Fuente El Sol
