Hay complicidad política, y la situación motivaría un escándalo para los Tribunales Federales.
El tratamiento de su caso en el Consejo de la Magistratura fue postergado. Fue a pedido del kirchnerismo con la venia del radicalismo y el Pro. El debate oral arrancaría el 15 de mayo.
De la mano del diputado Rodolfo Tailhade, el kirchnerismo logró frenar el tratamiento del caso Bento en el Congreso de la Magistratura y postergar su debate para dentro de 15 días. Lo hizo gracias a la pasividad y acompañamiento del radicalismo.
Cuando la Comisión de Acusación del organismo de control de la Justicia Nacional tenía todo listo para votar el dictamen acusatorio del ex consejero Pablo Tonelli, el diputado ultra K pidió suspender la discusión y ganar un poco de tiempo. Lo hizo bajo el argumento de no haber podido leer con detenimiento el expediente, sobre todo el de la causa penal, cuyo debate oral tiene fecha de inicio para el 15 de mayo.
La moción de Tailhade, quien entró en contradicción porque dijo que no estaba de acuerdo con el dictamen que pide la suspensión del juez federal Walter Bento, fue apoyada posteriormente por el resto de los consejeros.
Lejos de fijar una postura diferente, el senador radical Eduardo Vischi –ahora responsable de la causa en el Consejo- defendió tibiamente el dictamen, pero apoyó la idea de Tailhade, lo que sorprendió a otros consejeros. El diputado del Pro Álvaro González también acompaño, lo que dejó en claro la existencia de acuerdo político. De haberse opuesto, la votación hubiese sido de inmediato y, según las presunciones, la cantidad de votos a favor de enviar el dictamen al Plenario para resolver su suspensión era suficiente.
Previo a esa votación, se había notificado que Bento había hecho una nueva presentación en el Consejo. Y si bien se rechazaron todos los pedidos de nulidades que había planteado con anterioridad, la consejera Jimena de la Torre expresó que claramente se trataban de maniobras que tenían como objetivo dilatar el tratamiento de la causa.
Según Tailhade, la investigación de Mendoza es la causa más importante que tiene la Comisión en los últimos años. E intentó que se aceptaran algunos de los pedidos de Bento a pesar de estar fuera del reglamento. Todo fue desestimado.
Esta nueva postergación está en sintonía con la estrategia de defensa del juez acusado. La idea era evitar que su suspensión fuera puesta en consideración antes del inicio del debate, y así llegar al juicio penal sin ninguna sanción.
El edificio de Tribunales Federales de Mendoza será escenario de un hecho que no tiene precedentes y que marcará un escándalo institucional: un juez procesado por liderar una banda compuesta, además, por su esposa, dos de sus hijos, abogados, policías, contrabandistas y narcotraficante, enfrentará al tribunal oral que lo juzgará en funciones. No solo mantienen los fueros que le garantizan no ir a prisión a pesar de los cargos, sino que mantiene todas las facultades como magistrado.
En otras palabras: antes y después de sentarse en el banquillo de los acusados, Bento seguirá comandando causas en las que decidirá sobre la libertad de las personas que él ha imputado. Con otro agravante: muchos de sus auxiliares de las fuerzas de seguridad son los mismos que participaron de los allanamientos y las medidas que se tomaron en su contra durante la investigación. Una paradoja absoluta.
