Finalmente el gobierno de Italia confirmó que el ex capellán del Ejército Franco Reverberi Boschi, acusado por participar en sesiones de tortura durante la última dictadura militar, podrá ser extraditado al país luego de irse en 2011
El ministro italiano de Justicia, Carlo Nordio, ha dado luz verde hoy a la extradición del sacerdote italo-argentino Franco Reverberi a Argentina, donde está acusado de crímenes contra la humanidad, entre ellos el asesinato del joven José Berón, desaparecido a finales de 1976, confirmaron a EFE fuentes próximas a las víctimas.
Reverberi fue capellán militar en el centro clandestino conocido como Casa Departamental de San Rafael (Mendoza), según testimonios de varios supervivientes, que aseguraron que fue testigo de las sesiones de tortura infligidas a los detenidos durante la dictadura militar argentina.
«Estamos muy contentos. Es muy importante porque significa que no hay impunidad y que Reverberi será juzgado como cualquier otro acusado», explicó Jorge Ithurburu, de la ONG 24 de marzo, que ha trabajado en este caso junto a otras organizaciones y las autoridades argentinas.
La luz verde de Italia llega después de que el Tribunal de Apelación de Bolonia, en una vista celebrada el pasado 10 de julio a puerta cerrada, accediese a la petición de extradición del Estado argentino contra el padree Reverberi, tras dos rechazos previos.
El sacerdote italo-argentino deberá por tanto ser trasladado a Argentina en los próximos días para responder por los delitos de los que se le acusa en ese país.
Nacido en Sorbolo (Italia) en 1937, Reverberi emigró de niño con su familia a Argentina y vivió durante más de cuarenta años en San Rafael, un pequeño pueblo al sur de Mendoza donde funcionó el centro clandestino de tortura y exterminio durante la dictadura militar, como parte del sistema masivo de «desaparición forzada» que condujo, bajo el Plan Cóndor, a la muerte de miles de personas.
Reverberi fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael y es investigado por hechos cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Departamental”, que funcionó en la sede de los tribunales locales.
Huyó del país en 2011, cuando se realizó en Mendoza el primer juicio por delitos de lesa humanidad y los testimonios de sobrevivientes y familiares comenzaron a señalar su responsabilidad.
Su extradición llega tras un largo proceso judicial que comenzó en 2013 y que fue impulsado en 2021, cuando fue presentada la denuncia que redactó Richard Ermili, de la ONG Asamblea Permanente por los Derechos HUmanos en Mendoza.
«Trabajamos juntos las ONG, las fiscalías, las autoridades argentinas y los organismos y, junto a las familias, logramos este hito», dijo Ithurburu, que se declaró «feliz» por los resultados de este «trabajo en equipo» y recordó que la denuncia «se armó por videoconferencias entre Italia y Argentina durante la época del covid».
La implicación del Estado argentino, con la presencia del secretrario de DD.HH. Horacio Pitragalla, y el embjador ante Italia, Roberto Carles, ha sido «fundamental para que haya salido adelante».
Como parte de ese proceso, el Estado impulsó la modificación de la jurisprudencia de la Justicia italiana, que sólo consideraba imprescriptibles los delitos de homicidio, para incluir también las torturas como crímenes de lesa humanidad, indicó el Gobierno argentino en un comunicado.
Ese cambio permitió que el ex capellán del Ejército sea extraditado por un homicidio y también por los tormentos sufridos por 10 víctimas en el CCD “La Departamental”, según el Gobierno argentino, y tendrá además un impacto muy importante en otros casos similares, como el del exmilitar Carlos Malatto, quien reside en Italia y es requerido por la Justicia argentina por crímenes de lesa humanidad contra más de 100 personas en San Juan, añadió.
Fuente EFE
