Adjudicatarios del IPV deberán pagar impuestos y servicios

Un proyecto que se aprobó en el Senado busca que los dueños de las viviendas se hagan cargo del pago de impuestos y servicios, y que esa obligación no recaiga sobre el organismo.

Esta semana se aprobó en la Legislatura un proyecto que establece obligaciones parra los adjudicatarios de viviendas sociales. La iniciativa del senador radical Gustavo Pinto fue realizada con el apoyo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Básicamente en el articulado se determina que, una vez que se entrega la vivienda social, el pago de impuestos, tasas y servicios (municipales, electricidad, gas, cloacas y agua), como expensas en los edificios, correrá por cuenta de los adjudicatarios.

Si bien por naturaleza eso debería ocurrir, se detectan casos donde los dueños de las viviendas no realizan los pagos correspondientes y en prestadoras y municipios sigue figurando el IPV como titular. Por lo tanto es el organismo el que tiene que responder por esas deudas o realizar gestiones administrativas cuando no corresponde.

“Dado que los acreedores por tasas y servicios de toda índole, optan por dirigir sus reclamos al Instituto Provincial de la Vivienda aduciendo su carácter de titular registral del inmueble, en vez de hacérselo al adjudicatario, resulta imperioso que éstos se destinen al objetivo primordial del organismo en cuestión que no es otro que el de construir viviendas para quienes sueñan con la casa propia y no subvencionar a quienes ya han recibido la suya”, sostiene el proyecto entre sus argumentos.

“Una vez que la casa fue entregada en óptimas condiciones con la documentación, es responsabilidad de quien la habita”, aseguró el IPV, Damián Salamone. “Pagar es responsabilidad de cada adjudicatario por hacer uso de los servicios”, añadió.

Además el proyecto establece que las sanciones que se impongan como motivo de infracciones cometidas por el adjudicatario, serán responsabilidad de los mismos y en ningún caso las empresas podrán dirigir sus reclamos al IPV. “Con esto nos evitaríamos gastar tiempo y dinero en acciones administrativas y legales, y concentrarnos en lo que nos corresponde”, concluyó Salamone.

Finalmente para lograr esto, será el organismo el que deberá aportar los datos de los dueños de las viviendas sociales a las reparticiones públicas o a las empresas prestadores de servicios para que puedan direccionar sus reclamos hacia los adjudicatarios.

El proyecto en cuestión fue aprobado en el Senado pero el texto debe volver en revisión a Diputados, por lo que se espera que se convierta en ley en las próximas semanas.

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