Ajuste en el estado provincial

Como cada inicio de año, el Gobernador Alfredo Cornejo, prohibió nuevos contratos, suspendió el pago de adicionales y recortó el uso de celulares oficiales. La medida no es nueva pero en el Ejecutivo aseguran: “Ahora, se cumple”

Como hizo a comienzos de 2016 y de 2017,  el gobernador Alfredo Cornejo ajustó nuevamente el cinturón del Estado. Mediante   el decreto (2.544), el jefe del Ejecutivo puso coto a nuevos contratos, dejó en suspenso el pago de adicionales en ciertos casos y restringió para buena parte del Estado el uso de celulares oficiales. La iniciativa no es nueva, la instauró en su momento el exgobernador peronista Francisco Pérez, sin embargo, en el Gobierno provincial, advierten: “La diferencia es que antes se decía pero no se cumplía, hoy se cumple y el ahorro es significativo”.

Como se desprende de la letra chica del decreto publicado este martes en el Boletín Oficial de la provincia, el Gobierno se respalda en la “necesidad de adoptar medidas para hacer más eficiente el uso de los fondos públicos” y aclara que bajo “el objeto de ser austeros en materia de gastos y mantener el equilibrio presupuestario se hace necesario adoptar medidas restrictivas del gasto público”.

Desde esa posición, y como queda manifiesto en el artículo primero, el Ejecutivo establece: “Prohíbase toda nueva contratación por el sistema de locaciones de servicio, de obra u honorarios determinados en horas módulo deportivo y todo incremento de la partida de personal por: a) Designaciones, b) Ajuste de la situación de revista y c) Suplemento por subrogancia”.

Aclara, no obstante, que quedan afuera de esta restricción las altas de personal por reemplazos de la Dirección General de Escuelas; “la renovación de contratos de locación de servicios, de obra u honorarios determinados en horas módulo deportivo, siempre que se trate del mismo sujeto, objeto e importe; los incrementos que provengan de cumplimiento de acuerdos paritarios, adscripciones, transferencias de personal que no impliquen mayor costo y los cargos ganados por concurso”, señala la norma oficial.

Se remarca, asimismo, que “las medidas a tomar de ninguna manera pretenden resentir servicios esenciales tales como seguridad, salud, educación, desarrollo social y de la economía”.

En los subsiguientes artículos, Cornejo extiende el “ajuste de cinturón” para el caso del incremento de porcentajes y el otorgamiento de nuevos adicionales por mayor dedicación en el Ejecutivo, en organismos de la Administración Central y en organismos descentralizados (artículo segundo). Además, deja sin efecto nuevos convenios con universidades y facultades “salvo que cuenten con autorización expresa del señor Gobernador” y, ya en el artículo ocho, se deja en claro que “sólo podrán tener celulares oficiales en el ámbito de la Administración Central el señor Gobernador, los Ministros, Secretarios del Poder Ejecutivo, los Subsecretarios y Directores. Las excepciones a lo establecido en el presente artículo serán autorizadas por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, por razones justificadas de servicio. El resto de los agentes públicos que en la actualidad tengan celulares oficiales los deberán reintegrar en el plazo de 30 días hábiles a contar de la fecha de la publicación de la presente norma legal”.

Siendo una medida que afecta específicamente al Poder Ejecutivo, el decreto invita a replicar la iniciativa en el resto del Estado: Poder Legislativo, Poder Judicial y municipios.

En el Gobierno celebran esta política “anti-ñoqui” y si bien reconocen que no es una medida nueva -ya se hizo en tiempos de Francisco Pérez (PJ)- remarcan: “Esta vez, se cumple”.

En ese sentido, según datos oficiales, durante la gestión de Cambia Mendoza ha existido una significativa reducción en la cantidad de contratos de locación: de 2.669 contratos que existían al comenzar la gestión en diciembre de 2.015, hubo una disminución a 1.566 a diciembre de 2016 y a 1.423 en diciembre de 2017, lo que representa un total de 1.246 contratos menos, es decir una reducción de al menos un 45%.

El subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez, observó: “Este decreto es similar a uno de los primeros decretos de Cornejo que consistía en congelamiento de planta de personal, de los contratos y las únicas contrataciones permitidas era en DGE y Policía. También establecía una restricción en el uso de teléfonos celulares. Es un decreto similar al de comienzo de gestión y al de 2017. Lo cierto es que a diferencia de decretos similares que dictó Paco Pérez éstos se han cumplido. Hay 1200 contratos menos. Es una norma que se venía dictando pero que no se cumplía y que desde que está Alfredo se cumple”, cerró.

Fuente MDZ

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