Atuel: desmienten que haya un «pacto» con La Pampa para sacar del medio a demandante

En la vecina provincia, aseguraron que los gobiernos de Pérez y Jorge quieren sacar del proceso ante la Corte al abogado Miguel Palazzani. Para el fiscal de Estado Javier Fernández, el demandante no tiene «representación ni legitimidad».

En medio del litigio en la Corte Suprema de Justicia por el río Atuel, un abogado denunció un «pacto turbio» entre La Pampa y Mendoza para dejar fuera de la contienda jurídica al demandante inicial, Miguel Angel Palazzani. La versión del «pacto» fue rechazada de plano por el fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández, pero aclaró que el demandante no tiene legitimidad para representar a la vecina provincia ante el máximo tribunal de la Nación.

Por el Atuel, Mendoza enfrenta dos demandas ante la Corte. La primera, fue presentada por Palazzani; la segunda, fue realizada por el Gobierno de la Pampa a través de un estudio jurídico privado de Buenos Aires. La denuncia del nuevo acuerdo «entre las sombras» entre ambas provincias fue ventilado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que es patrocinante del demandante.

«Acá queda claro que La Pampa y Mendoza se pusieron de acuerdo para garantizar un manejo político del juicio y eliminar a (Miguel) Palazzani del juicio», señaló Gil Domínguez, según refleja el diario pampeano La Arena. En sus argumentos, Gil Domínguez aseguraba que el Ejecutivo pampeano -en lugar de haber apoyado la demanda civil del particular- había recurrido posteriormente a un estudio jurídico privado para presentar la segunda acción contra Mendoza.

«El pacto no existe», respondió a su vez el fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández, para desestimar la versión de Gil Domínguez. Fernández es uno de los responsables de la contestación de Mendoza ante la Corte, junto con César Mosso Gianini, el asesor de Gobierno. A su vez, están apoyados por varios especialistas reconocidos en derecho de aguas.

Si bien rechazó la idea del «pacto», Fernández apuntó directamente a la «falta de legitimidad» de Palazzani porque ésta es la estrategia oficial de la Provincia.

«Esto es un tema para que discutan los Estados. Además, él -por Palazzani- vive en Bahía Blanca. No tiene legitimación. Toda la contestación nuestra apunta a que Palazzani no tiene interés y no puede representar a la Pampa. Esto no es un pacto, se dio así. Y no creo que haya pacto porque los pampeanos toman esto como una cuestión de Estado. Con La Pampa no ha habido ni acercamiento», enfatizó.

La versión también fue desmentida por el secretario de Recursos Hídricos del gobierno pampeano, Néstor Lastiri, que la calificó como «un disparate», como informa El Diario de La Pampa.

En efecto, la estrategia de Mendoza es apuntar todos los cañones a Palazzani porque, entre otras cosas, tampoco es ribereño del Atuel. Es decir, no está afectado por el conflicto. De hecho, actualmente el abogado se desempeña como fiscal en el juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca.

Una cuestión de Estado

Entre esos mismos argumentos aportados por el Gobierno de Mendoza a la Corte, también se hizo hincapié en que la provincia se encuentra en crisis hidrológica desde hace cinco años. Y remarcaban que la cuestión ya tenía un fallo de la Corte, el de 1987, por lo que ya es «cosa juzgada». En ese fallo, se aseguraba que la jurisdicción del Atuel era interprovincial -por lo que ambas provincias tenían que acordar políticamente-, pero también que Mendoza tiene derecho a utilizar el agua para el riego de unas 75 mil hectáreas.

Sin embargo, desde el gobierno pampeano volvieron a insistir en que sí hay agua en Mendoza, pero que ésta se pierde en la zona de El Sosneado, San Rafael. “Hay una serie de pérdidas del río que son en El Sosneado, que es una de las estaciones que está ahí, al ingreso de Los Nihuiles. Hay una pérdida de casi 15 metros cúbicos por segundo y entre esa pérdida están esos desvíos que hoy en día son ilegales y que son denunciados por ellos mismos desde hace muchísimo tiempo”, aseguró Lastiri a El Diario.

En ese sentido, el funcionario pampeano también traía como propio lo denunciado por la Cámara de Comercio de General Alvear esta semana. En el sur mendocino, los comerciantes informaron el desvío irregular de aguas del Atuel, sin los controles por parte del Departamento General de Irrigación.

La contestación jurídica a La Pampa fue muy cuidada por parte de los abogados que asesoran al gobierno de Francisco Pérez. El conflicto con La Pampa no sólo es jurídico, sino también mediático y en cada provincia están atentos a los movimientos de cada parte interesada. Todavía resta una segunda contestación. La que corresponde a la demanda hecha por el gobierno de Oscar Jorge.

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