Caso Matar-Cazabán: amplían las imputaciones

El fiscal de Delitos Complejos Santiago Garay hizo oficial nuevas imputaciones contra el ex secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán, el fotógrafo Gustavo Matar y los ex responsables del área de Comunicación del gobierno de Celso Jaque, Ricardo Funez y Pablo Catania.

Todos estaban acusados por administración fraudulenta, mientras que Cazabán, en tanto, también enfrenta cargo por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La ampliación de la imputación tiene que ver con las pruebas recabadas por Garay, que demostrarían que existió un nuevo pago de sobreprecios en concepto de servicios de comunicación en otro contrato que fue cotejado.

La investigación comenzó luego de la denuncia de legisladores radicales, alertados por el incremento en los pagos recibidos por el fotógrafo sanrafaelino, luego devenido en empresario de medios. En menos de tres años cobró aproximadamente 30 millones de pesos, con un pico de facturación registrado en el 2011.

Según el fiscal, estos movimientos fueron ejecutados por Funez y Catania, pero bajo la supervisión y autorización de Cazabán, quien manejaba de manera discrecional el dinero destinado a pauta publicitaria y servicios de comunicación. El beneficiado, en todos los casos, fue Gustavo Matar.

Los tres primeros están sindicados como autores del delito. En tanto, el fotógrafo aparece bajo la figura de “partícipe necesario”.

Para confirmar las sospechas, los investigadores revisaron el pago de todos los trabajos encargados a Matar y los compararon con presupuestos que mandó a pedir el fiscal a diferentes empresas que se dedican al mismo rubro. Allí se confirmó el pago de sobreprecios que, en algunos casos, prácticamente duplicaron los costos que se manejaban en el mercado.

Si bien la calificación de estas nuevas imputaciones es la misma, la ampliación tiene que ver con la cantidad de hechos que se van
confirmando, al menos, desde la óptica del fiscal.

Cada uno de estos casos deberá ser luego dirimido cuando la causa llegue a juicio oral. Como ninguna de las figuras penales contempladas estipula penas mínimas superiores a los tres años de prisión, se trata de delitos excarcelables.

Fuente El Sol Online

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