Cerraron la denuncia de Nisman contra el Gobierno

 

  • El fiscal De Luca afirmó que «no hubo delito alguno» y cerró la denuncia de Nisman contra el Gobierno

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal falló en la causa por la denucnia que el fallecido fiscal había iniciado contra la Presidenta de la Nación y otros funcionarios por el encubrimiento del atentado a la AMIA y desistió de continuar la apelación.

La denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra el gobierno por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA quedó hoy virtualmente extinguida luego de que el fiscal ante la Cámara Federal Casación Penal, Javier de Luca, desistiera de impulsar la investigación tras dos fallos adversos previos.De Luca consideró que los hechos denunciados por Nisman “no configuran delito”, al igual que ya lo habían hecho al desestimar la denuncia el juez federal Daniel Rafecas y la Sala I de la Cámara Federal porteña.

“No hubo delito alguno, consumado ni tentado”, enfatizó el fiscal De Luca al desistir el recurso interpuesto por el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes.

Sin el impulso del fiscal, la Sala I de la Cámara Federal de Casación, que tramitó el expediente, realizará un control formal del requerimiento y cerrará la causa sin expedirse sobre la cuestión central, según las normas procesales en vigor.

Se trata de la denuncia presentada el 14 de enero pasado por el extinto fiscal de la causa AMIA en medio de la feria judicial, y en la que acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman, y a otras seis personas de urdir un “sofisticado plan delictivo” para encubrir a los iraníes acusados de cometer el atentado a la Amia, en 1994.

“No es posible avanzar en las propuestas procesales de prueba de algunos hechos de la denuncia, porque tales hechos no configuran delito”, sostuvo el titular de la Fiscalía General 4 ante la Cámara Federal de Casación Penal en el tramo final de su dictamen de 26 páginas publicado por el sitio www.fiscales.gob.ar.

“En esta causa, por más que se recorran todas sus hipótesis una y otra vez, de la denuncia, del requerimiento de instrucción, de la apelación y del recurso de casación, no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar”, sostuvo en un tramo de su dictamen.

Según la denuncia, sostenida ante Rafecas por el fiscal Gerardo Pollicita y ante la Cámara Federal por Moldes, dicho plan se habría cometido mediante la firma del memorandum de entendimiento con Irán para que los iraníes acusados eludieran la justicia argentina.

Además de la presidente y al canciller, Nisman acusó al diputado nacional Andrés Larroque, el supuesto espía iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, al ex fiscal Héctor Luis Yrimia, a los activistas sociales Luis D´Elia y Fernando Esteche y al falso espía de la ex Side, Ramón Allan Héctor Bogado.

La impunidad debía lograrse, según Nisman, cuando la Interpol diera de bajas las “alertas rojas” que pesaban sobre cinco de los imputados iraníes y que los obligaban a permanecer dentro de su país ya que en otro sitio podrían ser detenidos y extraditados a Argentina.

De Luca recordó que en su fallo de primera instancia, el juez federal Rafecas “concluyó en que la plataforma fáctica denunciada no constituía delito sino que, por el contrario, todas las evidencias se contraponían de modo categórico a la existencia de la hipótesis acusatoria delineada por el fiscal”.

En especial, luego de que el titular de la Interpol al momento de la firma del Memorandum de Entendimiento, el norteamericano Ronald Noble, negara expresamente que hubiera existido un reclamo argentino para cesar la persecución a los iraníes.

“Sostener que la firma de un tratado constituye un plan criminal, es un absurdo desde el punto de vista jurídico”, dijo De Luca, al resaltar que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo “no pueden delinquir cuando ejercen sus competencias constitucionales” y que la firma de un memorándum internacional es una de sus potestades.

“La supuesta espuria intención de hacer cesar o dar de baja a las ‘alertas rojas’ de Interpol por parte del gobierno argentino y la formación de una llamada ‘Comisión por la Verdad’ para generar una hipótesis investigativa falsa no pueden, ni objetiva ni jurídicamente, constituir la `ayuda` que tipifica el artículo 277, apartado 1ero., inciso a), del Código Penal, ni ningún otro delito”, sostuvo De Luca en referencia al delito de encubrimiento.

De Luca desestimó también la realización de medidas de prueba pedidas en su momento por Pollicita al considerar que “sólo nos conduciría al mismo punto en el que estamos hoy, a la confirmación de hipótesis no delictivas”.

 

Dictamen de De Luca: «No se logra encontrar delito» que amerite medidas de prueba

En su dictamen contra la prosecución de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, sostuvo que “no hubo delito alguno, consumado ni tentado”.

  • Los siguientes son los puntos salientes de su resolución:
*“No hubo delito alguno, consumado ni tentado”

*No es posible avanzar en medidas de prueba porque “no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar”.
*“Sostener que la firma de un tratado constituye un plan criminal, es un absurdo jurídico”.

*El Poder Ejecutivo y el Legislativo “no pueden delinquir cuando ejercen sus competencias constitucionales”, como firmar tratados.
* La supuesta intención de hacer cesar las alertas rojas de Interpol “no pueden, ni objetiva ni jurídicamente” constituir un delito de encubrimiento.

*Lo mismo puede decirse de crear una Comisión por la Verdad.

*Ordenar medidas de prueba “sólo nos conduciría a la confirmación de hipótesis no delictivas”.

* La ‘Comisión de la Verdad’ no tiene facultades jurisdiccionales, ni incidencia en la causa, más allá de una opinión que el juez puede considerar, por lo que no tiene ningún sentido argumentar sobre la base de que sus conclusiones estarían pre-arregladas para generar una hipótesis falsa.

*El supuesto intento de hacer caer las alertas rojas y la creación de una comisión que opinaría sobre el caso, no pueden constituir la base de un delito, porque no son la ‘ayuda’ típica del art. 277 CP porque se inscriben en la competencia constitucional de los otros poderes del Estado, ajenas al Poder Judicial».

*Todas las medidas de prueba propuestas por el fiscal de primera instancia, y también las sugeridas por el juez de cámara que vota en disidencia «Son totalmente impertinentes porque su producción sólo nos conduciría al mismo punto en el que estamos hoy, a la confirmación de hipótesis no delictivas».

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