Código Procesal Penal: las divergencias por la reforma

Juristas coinciden en que el nuevo Código agilizará procesos. El gobierno kirchnerista quiere una rápida sanción y los bloques radicales condicionan para que se incluyan modificaciones más profundas para todo el sistema.

Una fiscal, un camarista y un profesor de Derecho señalaron que si aprueba el proyecto oficial de Reforma del Código Procesal Penal la Justicia podrá ser más eficiente. 

Especialistas en derecho penal de distintos ámbitos coincidieron en afirmar que la reforma del Código Procesal Penal es un proyecto «más eficiente» y que le dará mayor «agilidad» a los procesos.

La fiscal nacional penal Cristina Caamaño recordó el último sábado que el Código que rige actualmente «es mixto, es decir toda la parte de instrucción e investigación es ritualista, mientras que recién se llega a la oralidad en la segunda parte».

En este sentido, subrayó que «ahora, que sea todo el Código acusatorio, que haya oralidad en todo el proceso va a producir mucha agilidad».

En declaraciones a la prensa, la fiscal evaluó que el proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo al Congreso «va a tener resistencia de parte de los jueces» porque con el nuevo Código «pasan a ser de garantía, están para controlar», mientras la investigación queda enteramente a cargo de los fiscales.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, indicó que «las críticas más importantes» a la Justicia «tenían que ver con que era lenta» y puso de relieve que, en contraste, el nuevo Código «acorta los plazos de la etapa de instrucción y del juicio».

Borinsky también se refirió al cambio de funciones que imprimirá el nuevo Código al delegar la investigación en los fiscales, aspecto que fue cuestionado por un sector de la oposición que desconfía del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alejandra Gils Carbó.

A su turno, el profesor de derecho penal Alberto Beraldi indicó que el proyecto de reforma implica un «cambio de paradigma» que tiene que ver con «investigar de una manera más eficiente».

Lo que quiere el gobierno

La Casa Rosada quiere centrar la agenda pública en el proyecto de reforma al Código Procesal Penal que envió al Congreso. Y a tono con este debate, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, pidió a los partidos opositores «acompañen la modificación» propuesta.


«Necesitamos dirigentes políticos de la oposición que por encima de cualquier interés sectorial estén dispuestos a defender el interés de la mayoría», enfatizó el ministro y sentenció: «Tengo la esperanza de que la oposición represente su verdadera esencia, intereses e ideas en el Congreso. Muchas veces siento desencanto al ver que representan las ideas de estos medios de comunicación corporativos, que son el camino más fácil para hacer marketing y obtener protección, y no su esencia».

 

Reconoció que «hay dirigentes que tienen mucho valor, que saben que es un tema sensible». En este sentido, los convocó a que «acompañen este proyecto», entendiendo que lo que busca es «brindar mayores herramientas al Poder Judicial para combatir el delito, y que eso va más allá de este gobierno».

La UCR toma distancia

Si bien en un principio habían adelantado su predisposición en líneas generales a los cambios propuestos por el Ejecutivo, el titular de la bancada en Diputados advirtió que sin cambios en la Ley de Ministerio Público será “un caramelo envenenado”.

Pocas horas después de anunciado por cadena nacional por la presidenta de la Nación el envío al Parlamento del proyecto para modificar el Código Procesal Penal, las autoridades legislativas de la UCR brindaron una conferencia de prensa en la que el presidente del partido, Ernesto Sanz, manifestó que estaban a favor de instrumentar una modificación y manifestó la predisposición radical para consensuar con el oficialismo el texto.

Eso sí, exigieron modificaciones en el Ministerio Público para acompañar la iniciativa. En el mismo sentido, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, advirtió este viernes que “sin una nueva ley de Ministerio Público que garantice plenamente la independencia de los fiscales la reforma a la ley procesal penal, propuesta por el Gobierno, es como un caramelo, pero con veneno”.

“En efecto, somos muchos los que bregamos hace tiempo por la sanción de un sistema acusatorio que deslinde las funciones de acusar con las de juzgar, de modo de respetar cabalmente nuestro texto constitucional y establecer las condiciones para un procedimiento más ágil y transparente. Pero como el manejo de la acción penal pasa a manos de los fiscales es imprescindible una Ley de Ministerio Público que garantice adecuadamente su independencia y, a la vez, establezca procedimientos de control internos y externos, para evitar abusos y el riesgo de la impunidad”, continuó Negri.

Destacó que “esta necesidad se ve acrecentada en la situación actual, en la que nos encontramos ante un Ministerio Público colonizado y que cuando un fiscal quiere investigar el poder, como (José María) Campagnoli, la respuesta del procurador General es tratar de removerlo de su cargo”.

“Por otra parte, hay que discutir el proyecto que exhibe algunas falencias intolerables, como el retorno al concepto de la ‘conmoción social’ de la dictadura para privar de libertad a las personas o la cuestión de las expulsiones de extranjeros, que viola el principio de territorialidad para la aplicación de la ley argentina y constituye una desigualdad irritante. Quienes cometan delitos en el suelo argentino deben ser juzgados cualquiera sea su nacionalidad, sin perjuicio de extraditar a los extranjeros luego de la condena”, concluyó Negri.

 

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