Confirman elevación a juicio de la causa Cazabán-Matar

La novedad se conoció esta mañana, tras una larga instrucción a cargo del fiscal especial Santiago Garay.

Elevarán a juicio la causa contra el ex secretario de la gobernación durante el gobierno de Celso Jaque, Alejandro Cazabán, por el caso Matar. La novedad se conoció esta mañana, tras una larga instrucción a cargo del fiscal especial Santiago Garay. El magistrado dio por terminado el proceso y la jueza del 4º Juzgado de Garantías ratifico la decisión, tras rechazar numerosos planteos de los acusados.

Se descuenta que los acusados plantearán una apelación, que esta vez deberá ser analizada por la Cámara de Apelaciones del Crimen, integrada por Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel.

Los acusados con el ex secretario de la Gobernación Alejandro Cazabán, el empresario Gustavo Matar y los comunicadores Ricardo Funez y Pablo Catania.

La causa es por desviación de dinero para financiar la última campaña electoral del oficialismo. Los legisladores del radicalismo Roberto Infante y Daniel Di Martino expusieron en la Legislatura a través de un pedido de informe (en el 2011) y denunciaron ante la Justicia (ese mismo año) que el Estado debe rendir cuentas por el dinero que le abonó a Matar y a su empresa en los últimos tres años, –alrededor de 30 millones de pesos entre ambas razones sociales– sin que esté claro qué tipo de servicios está brindando.

Los legisladores cuestionaron las grandes sumas de dinero que facturó en los citados ejercicios.

La causa fue tomada por Garay, que para probar los sobreprecios pidió a distintas productoras de Mendoza y Buenos Aires los presupuestos por el mismo trabajo que Matar había presupuestado al Gobierno de Jaque para cotejar y contrastar los valores ofertados. Se trataba de contrataciones que, en algunos casos, superaban los 500 mil, el millón o los dos millones de pesos. Se estima que Matar llegó a facturar 30 millones de pesos.

Con los presupuestos alternativos, Garay observó que los montos pagados por la prensa oficial eran hasta tres veces superiores, de una manera «escandalosa», según indicaron fuentes judiciales.

Por esto, Garay decidió imputar a Cazabán, a Catania y a Fúnez por el delito de defraudación contra el Estado.

Las facturas eran firmadas por los ex jefes de prensa de Jaque, pero también fue central la responsabilidad política y administrativa de Cazabán. El influyente ex funcionario no podía desconocer estas contrataciones, puesto que el área de prensa se encontraba bajo su órbita.

Catania -vinculado políticamente al diputado nacional Guillermo Carmona- dejó su función. En tanto, Fúnez sigue trabajando para el Gobierno como jefe de prensa en el ministerio de Seguridad.

Fuente El Sol

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