Cornejo frenó un acuerdo paritario firmado por Pérez

El gobierno denegó un acuerdo firmado por la gestión anterior y gremios de administración central. Argumentaron que era “inconstitucional”.

A través de un decreto, este martes el gobierno ordenó conformar la Junta de Disciplina de los Trabajadores de la Administración Central. Lo curioso es que en la misma convocatoria le puso un freno a cambios que habían firmado en paritarias el sector sindical y el gobierno de Francisco Pérez. En el Ejecutivo argumentan que le daba facultades excesivas a las juntas a la hora de sumariar y sancionar a empleados quitando atribuciones propias del gobernador.

En concreto, el decreto 245 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, deniega la homologación de ese acuerdo paritario, entendiendo que es inconstitucional.

“El acuerdo avanzaba sobre cuestiones prohibidas. Modificaba la junta de disciplina dándole la capacidad de iniciar un sumario y resolver sobre el tema, cuando esto último es competencia del gobernador”, explicó Garay. De esta manera, en el Ejecutivo entienden que esta suma de poder para las juntas y los sindicatos es inconstitucional porque avanza sobre cuestiones prohibidas.

“En el Acta Acuerdo cuya homologación se solicita no solo no se pactan condiciones laborales para el sector, sino que se cede el ejercicio de funciones que resultan ser, por imperativo constitucional y legal, propias, exclusivas y excluyentes de la Administración”, señala el decreto en sus considerandos.

Por ejemplo citan el artículo  128 incisos 9 y 10 de la Constitución de Mendoza en cuanto el Gobernador de la Provincia es quien “remueve los funcionarios y empleados de la administración cuyo nombramiento o remoción no están acordados a otro poder con arreglo a esta Constitución y a la ley”.

De homologarse el acuerdo, esa potestad quedaría en manos de la Junta de Disciplina, la cual está conformada por representantes de los trabajadores, el sindicato y el Gobierno.

Según Garay, el normal recorrido de un sumario es que cuando se termina la instrucción, se eleve a la Junta de Disciplina para que esta emita dictamen. En base a todo ello, es el gobernador quien tiene que resolver. “El acuerdo firmado por la gestión anterior permitía a la junta abrir sumario y aplicar la sanción. Es inconstitucional”, justificó.

Debido a la revisión de esta acta, desde hace años no se conforman las Juntas de Disciplina y esto ha generado demoras en la resolución de los sumarios. Por eso, el mismo decreto no solo da de baja al acuerdo, sino que convoca a la elección de personal de la administración central para que se integre la Junta de Disciplina.

Fuente MDZ

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