Costa Rica: La ‘Suiza centroamericana’ le dijo No al FMI

Los costarricenses tomaron las calles hace dos semanas para protestar contra un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares.Que distinto sería hoy nuestro país, si el pueblo argentino se hubiera opuesto al acuerdo que realizó el gobierno de Mauricio Macri. Tengamos siempre en cuenta que el peor enemigo de un gobierno corrupto, es un pueblo culto. Solo debemos recordar lo que sucedía con la educación en su mandato, y lo que todavía algunos mandatarios adictos al cambio intentan llevar adelante, como pasó en Mendoza.

Manifestaciones en las calles, bloqueos de carreteras y represión policial por más de dos semanas. Reacciones en las bolsas de valores internacionales, llamados al diálogo, plan de salvación, pancartas en contra del FMI, intervención de la Iglesia, desconfianza, impotencia y mucha incertidumbre.

La escena podría describir una escena típica de Caracas, Bogotá o Buenos Aires, ciudades siempre convulsas por una u otra razón. Pero ¿qué pasa en San José, la capital de Costa Rica, el país conocido como la ‘Suiza centroamericana’?

Hace dos semanas, los costarricenses tomaron las calles contra un posible acuerdo entre el Gobierno del país y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares que suponía para el país cumplir una serie de condiciones.

Así, campesinos, camioneros, estudiantes, comerciantes, pequeños propietarios de tierras y desempleados se unieron contra el inminente aumento de impuestos y los recortes del gasto público, que implicaban la fusión de instituciones estatales y la privatización del Banco Internacional de Costa Rica y la Fábrica Nacional de Licores, fundada en 1850.

Tras días de protestas y bloqueos, Alvarado retiró la propuesta de acuerdo con el FMI, pero esto no significa que haya desistido del plan, que cuenta con el rechazo también de la Asamblea Legislativa. De acuerdo con analistas financieros, el presidente maniobra para avanzar en las negociaciones internas y alcanzar un pacto más digerible para los sectores que se oponen a la medida, incluyendo al empresariado nacional, cuyos negocios están dirigidos al comercio interno.

Sin embargo, lo cierto es que un consenso nacional no parece algo posible ahora mismo. La Iglesia se ofreció a mediar entre el Gobierno y los manifestantes, pero el presidente condiciona ese diálogo al cese de las protestas. Además, la historia latinoamericana tiene nutridos ejemplos de lo que suponen las recetas «milagrosas» que ofrece el FMI.

El argumento del gobierno del presidente Alvarado es que el ‘Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia’ ayudará a paliar los efectos de la crisis económica generada por la pandemia del covid-19, donde el desempleo alcanzó la cifra histórica el 24 %. Uno de los sectores más afectados es el ecoturismo, uno de los motores de la economía costarricense.

Este año, no obstante, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el exclusivo club de las naciones más desarrolladas. Su entrada a las «grandes ligas» fue anunciada con bombo y platillo por el gobierno de San José. Para ingresar al «club» tuvieron que reformar 12 leyes, entre ellas, las que facilitan las transacciones en la zona franca.

Los Ticos

El pueblo costarricense se muestra orgulloso de figurar entre los 25 países con mayor biodiversidad en el mundo. Con tan solo 51.100 km² de superficie, en este pequeño territorio habitan más de 500.000 especies, lo que representa el 6 % de la biodiversidad mundial. Una cuarta parte de su territorio es reserva natural protegida.

En medio de una Centroamérica marcada por la violencia y la pobreza, Costa Rica luce. La expectativa de vida es de 79,2 años y la renta per capita promedio es de más de 13.000 dólares. Es un destino consolidado del ecoturismo, no inmune al narcotráfico, pero con cifras muy inferiores a sus vecinos.

Sin Ejército desde 1948, el país goza de estabilidad política y aparentemente democrática. Buen alumno de las políticas neoliberales, ha experimentado un crecimiento económico sostenido en las últimas décadas y, además de la exportación de productos agrícolas, ha creado también un mercado exportador de bienes electrónicos.

Costa Rica aparece en el puesto 12 entre los 155 países evaluados por el Informe Mundial de la Felicidad de 2017, publicado por Naciones Unidas. Los costarricenses, además, son vistos como un pueblo educado. No en vano es el país que más invierte en educación en toda la región (7 % del PIB).

Sin embargo, cuando se observan con detenimiento los pequeños detalles, se aprecia una creciente desigualdad social y un aumento de la exclusión de los pobres. En 2019, el 21 % de la población vivía por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con datos del Banco Mundial. La pobreza extrema, además, se ubicó en un 5,8 % de los hogares que no cuentan con los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

«Es un sentimiento de rabia frente a un gobierno que no es inclusivo y que simplemente está con sus amigotes, que son los mismos de siempre, cada vez con más descaro apropiándose de todos los recursos del país»

La desigualdad de Costa Rica no es algo nuevo. En 2007, la CEPAL utilizó al país como ejemplo en un estudio en el que abordaba que el crecimiento económico no se traduce, necesariamente, en reducción de la desigualdad social. Aunque la economía y la riqueza han crecido significativamente, la pobreza prevalece porque los modelos orientados a la creación de empleo especializado excluyen a las personas sin formación universitaria o técnica.

Así, Costa Rica es el tercer país más desigual de América Latina de acuerdo con el índice Gini, detrás solamente de Brasil y Honduras. En 1990, en cambio, el país aparecía entre los menos desiguales, junto a Uruguay. Es decir, en los últimos 30 años, la brecha entre el país con acceso a la educación y a las fuentes de empleo, exportador y desarrollador de bienes de servicio frente a aquel rural y empobrecido, se ha ensanchado.

Crisis social

Ese hastío es precisamente el detonante de las manifestaciones que han paralizado algunos sectores de la capital del país con pancartas de ‘No más impuestos’ y ‘No al FMI’.

Para la docente del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carmen Caamaño, la gente «ya no soporta más» esta situación. «Es un sentimiento de rabia, de desesperación, de impotencia frente a un gobierno que no es inclusivo y que simplemente está con sus amigotes, que son los mismos de siempre, cada vez con más descaro apropiándose de todos los recursos del país», afirmó la investigadora a Semanario Universidad.

La esencia del plan con el FMI es vista por los sectores críticos como la consolidación del modelo de desigualdad social arraigado en el país. Así, la firma del acuerdo, en lugar de atacar la crisis social, profundizaría la pobreza y la inequidad, de acuerdo con analistas críticos.

«No es necesario ‘El ladrillo’ de los Chicago Boys de la dictadura de Pinochet para continuar hundiendo a la clase trabajadora y a la sociedad en general», aseguró Osvaldo Durán Castro, sociólogo y profesor de la Federación Ecologista Costarricense (FECON), en un articulo publicado en El País de Costa Rica.

«Es la gente trabajadora la que asume, en el largo plazo, el pago de la deuda que adquiere el Gobierno en nombre del país»

«Los contribuyentes, los asalariados, los deudores, que son en su mayoría la clase trabajadora, subsidian a los bancos privados y en general a la economía privada y corporativa que no asume su carga de responsabilidad. Además de la baja de los salarios y los ingresos en general por medio del congelamiento de aumentos salariales y eliminación de anualidades, entre otras disposiciones, es la gente trabajadora la que asume, en el largo plazo, el pago de la deuda que adquiere el Gobierno en nombre del país», explicó.

La misma receta se ha aplicado en otros países de América Latina, donde los gobiernos han quedado maniatados por préstamos del FMI, a quien delegan la dirección política y económica del Estado en nombre de una falsa estabilidad. Además, otro elemento en común en los países latinoamericanos, que tarde o temprano han visto sus economías colapsadas, es el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., firmado en 2009.

Sin embargo, el déficit fiscal es un hecho en Costa Rica. Las proyecciones oficiales indican que el país cerrará este año con un déficit fiscal del 9 % del producto interno bruto (PIB), una deuda pública acumulada del 70 % del PIB. Tras años de crecimiento económico, el país amaga con una caída del 5 %.

Para Frank Westermann, experto en política económica internacional de la Universidad de Osnabrück, el país se encuentra ante un dilema. «Sin el apoyo del FMI, el presupuesto fiscal sufrirá por los intereses más elevados que exigen los acreedores privados. Pero si finalmente Costa Rica accede al crédito del FMI, deberá aceptar condiciones que exigirán recortes presupuestarios. En cualquiera de los dos casos habrá menos recursos para paliar las consecuencias de la pandemia», afirmó Westermann en un artículo publicado por la agencia alemana Deustche Welle.

Analistas más conservadores, en cambio, no ven otra salida que no sea la de acudir al préstamo. Lo mismo afirman la mayoría de los medios de comunicación.

Para el economista Juan Robalino, una alternativa al FMI no es viable y defiende que un «préstamo del FMI le daría espacio al Gobierno a seguir invirtiendo en sectores clave para economía, tanto en el corto como en el largo plazo, así como manejar aumentos en los impuestos más graduales para poder salir de la crisis económica».

También Evelyn Gaiser considera que Costa Rica debe acceder al crédito del FMI para financiar el presupuesto fiscal de 2021 y hacer frente a pagos actuales, aunque advierte de la necesidad de que se produzca un «diálogo intenso entre el Gobierno y los distintos grupos sociales para poner freno a la polarización social y el creciente descontento de la población».

El portal CR Hoy escuchó a académicos y especialistas para analizar propuestas. La mayoría concuerda que hay que reestruturar los gastos del Estado y renegociar la deuda publica, que abarcará 42 % de los ingresos para el año fiscal de 2021. Los académicos trazan una ruta que tiene como base un «agresivo plan de reactivación económica» y de «reestructuración del gobierno», a empezar por la nivelación de los salarios de los servidores públicos.

Fuente Redacción RT

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