CPP: Del Caño pide elección directa de los jueces

Para Del Caño, el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que está impulsado la administración K «mantiene la Justicia clasista”
En el debate del Código Procesal Penal, el diputado del Frente de Izquierda advirtió que “son los sectores populares los que pueblan las cárceles y a quienes se les aplican la prisión preventiva”.
Nicolás del Caño salió del eje de las críticas opositoras al nuevo Código Procesal Penal impulsado por el kirchnerismo al señalar que, pese a las reformas, “se mantiene la Justicia clasista”.
“Son los sectores populares los que pueblan las cárceles y a quienes se les aplican la prisión preventiva”, advirtió el diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). “Mayor celeridad no significa mayor justicia”, agregó.

En este marco, el diputado mendocino pidió la elección directa de los jueces y la implementación del juicio por jurados.

El proyecto obtuvo dictamen tras cuatro horas de debate y será tratado en el recinto la semana próxima. La oposición insistió con el reclamo reglamentario y exigió más tiempo para tratar también otras propuestas de modificaciones.
Mayoría oficialista
El Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados impuso su mayoría para firmar el dictamen sobre la reforma procesal penal y rechazó el planteo reglamentario de la oposición, que además cuestionó varios puntos del proyecto aprobado en el Senado.
Así, el kirchnerismo tiene el camino allanado para sancionar la ley que reemplaza el actual sistema inquisitivo por uno acusatorio el jueves que viene.

A diferencia de la Cámara alta, donde hubo varias jornadas de invitados, el proyecto sólo contó con una exposición de 30 minutos del ministro de Justicia, Julio Alak, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, que adujeron tener una cita en el Senado y se marcharon sin responder preguntas.

El debate, monótono y con la sala casi vacía al finalizar, arrancó con una cadena de cuestionamientos reglamentarios por parte de la oposición, que reclamó sin éxito darle la cabecera del tratamiento a la Comisión de Legislación Penal, que preside Patricia Bullrich (Unión Pro).

Bullrich denunció una “profunda violación” del reglamento de la Cámara de Diputados por parte de su presidente, Julián Domínguez, al designarse a la Comisión de Justicia, a cargo de la kirchnerista Graciela Giannettasio, como conductora del debate.

Es que, según la legisladora, la cabecera debería ser su comisión, donde había comenzado la discusión de la reforma procesal penal a principio de año, antes del ingreso del proyecto oficial al Congreso.

Para la macrista, el objetivo de esta “maniobra” fue que el oficialismo pudiera “manejar (a su gusto) los tiempos y formas” del debate. Al contrario, afirmó que de haber recaído en ella la conducción del plenario, no hubiera permitido firmar los dictámenes este mismo día.

En el mismo sentido se manifestaron Mario Negri (UCR) y Oscar “Cachi” Martínez (Frente Renovador), que incluso responsabilizaron a Domínguez a días de la sesión preparatoria donde la Cámara renovará autoridades.

Al inicio de la jornada, Alak sostuvo que la reforma del Código Procesal Penal “tiene como objetivo hacer más eficiente la lucha contra el delito, en particular contra el crimen organizado”.

Según el funcionario, se trata de una “modificación profunda, que no es una deuda de la democracia sino de la República, porque si hay una institución, norma, código, que viene siendo denunciado como ineficaz en la historia de la Argentina es el de procedimiento penal”.

En particular, Alak destacó que el sistema acusatorio reemplace al inquisitivo, donde el “juez se hace cargo de la investigación, de proteger las garantías del imputado, de condenar y juzgar”.

A su turno, Mena manifestó que el sistema acusatorio propuesto por el Ejecutivo contempla el elemento de “oportunidad, que atienda la demanda ciudadana a tempo; que todas las decisiones sean debatidas y adoptadas en audiencias orales y públicas, lo que dota al sistema de mayor transparencia”.

Además, el funcionario sostuvo que en el nuevo Código Procesal Penal se “concentra la labor en la oralidad” y la “adopción de decisiones y resolución inmediata” de los casos. En tal sentido, destacó que habrá una “resolución en no más de 15 días en un caso flagrante”, esto es, ante la captura de un delincuente infraganti.

En este marco, Mena consideró que la comisión bicameral que se encargará del seguimiento de la aplicación de este nuevo sistema deberá evaluar la reforma de otras leyes penales y judiciales para acompañar el cambio de paradigma.

El Senado aprobó el nuevo Código Procesal Penal, que reemplaza el actual sistema judicial inquisitivo por uno acusatorio, con 39 votos a favor, del oficialismo y aliados, y 24 en contra, provenientes del arco opositor.

La iniciativa sufrió 42 modificaciones antes de llegar al recinto y fue discutida a lo largo de varias jornadas con exposiciones de jueces, camaristas y especialistas.

Críticas de la oposición

Si bien los distintos bloques acompañaron el reemplazo del sistema inquisitivo por uno acusatorio, que le otorga más poder a los fiscales, cuestionaron distintos puntos del proyecto del Ejecutivo.

Bullrich advirtió que la reforma esconde un “intento de colonización de los cargos judiciales” ya que el proyecto contempla la designación de más de 1.700 fiscales “sin saber qué función van a cumplir, cuándo van a cumplir su tarea”.

“Es un intento de colonización de los cargos judiciales porque esto sería lo único que comenzaría a ponerse en ejecución en el momento en que se publica (el nuevo Código) en boletín oficial”, denunció, al recordar que el nuevo sistema comenzará a regir una vez aprobada una ley de implementación.

La legisladora informó que el dictamen alternativo del Pro contiene 50 modificaciones a la media sanción del Senado.

Por la UCR, Manuel Garrido disparó que la iniciativa “es un refrito de otros proyectos aprobados en América Latina, con correcciones”.

El diputado aseguró que “el proyecto aprobado en América Latina fue violado por el Poder Ejecutivo” y cuestionó que la propuesta no avance en una reforma integral de la organización judicial, en particular del Ministerio Público Fiscal.

En este sentido, el radical cargó contra el ministro de Justicia, Julio Alak, al que acusó de no “cumplir con su trabajo” por delegar a una comisión bicameral la tarea de reorganizar al Poder Judicial. “La bicameral se va a ocupar de lo que deberían haberse ocupado el Ministerio de Justicia”, planteó.

En relación al proyecto, Garrido cuestionó que la iniciativa establezca una “pena de destierro para los extranjeros que hayan cometido un delito menor”.

Además, rechazó al igual que Bullrich el anexo del proyecto referido a la designación de nuevos fiscales antes de que comience a regir el nuevo sistema acusatorio. “Se genera una cantidad importantísima de cargos, absolutamente contradictorias con el código”, advirtió, al señalar que el código reformado prevé la continuidad del sistema inquisitivo para las causas en trámite.

Margarita Stolbizer (GEN) apuntó que la reforma “tiene muy poco de progresista y demasiado de demagógica y de reaccionaria”.

Señaló como un “déficit” que no exista una ley del Ministerio Público Fiscal que “acompañe” la reforma procesal penal, y también remarcó la necesidad de una reforma del Código Penal y del Servicio Penitenciario.

La diputada recordó que “no se conformó la Bicameral del Ministerio Público”. “Se profundiza la ausencia absoluta de control y transparencia y otorgamos mayores márgenes de discrecionalidad”, dijo.

En tanto, Claudio Lozano (Unidad Popular) pidió “reformar el estatuto de la Policía si de verdad queremos solucionar el tema de la inseguridad”. “Estamos frente a una operación política de escaso nivel”, lanzó.

Por último, Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda, rechazó de plano la expulsión de extranjeros que delinquen a pesar de haber sido modificada en el Senado. “Es una cesión a la campaña xenófoba de (Sergio) Berni”, denunció.

El único en defender el proyecto por el Frente para la Victoria fue el salteño Pablo Kosiner, aunque en la sala quedaban escasos diputados. “El sistema procesal viene discutiéndose en Argentina desde hace más de 25 años en las provincias”, aclaró, y finalizó: “Estamos completando un proceso netamente federal en materia acusatoria”.

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