Desde la Fiscalía de Estado indican que Day no cumple con los requisitos

Fernando Simón, titular de la Fiscalía de Estado, interpretó en su dictamen que la ministra sólo realizó funciones como abogado por ocho años y no por diez. Pero sostuvo que el conflicto debe resolverlo la Corte.

En el marco de la acción de inconstitucionalidad que se dirime en la Suprema Corte de Justicia por la designación de la actual ministra María Teresa Day, el fiscal de Estado, Fernando Simón, emitió un dictamen en el que concluye que este conflicto debe resolverse en la misma Corte, a la vez que interpretó que Day cuenta con ocho años del ejercicio de la profesión y no diez, como lo requiere la Constitución provincial.

Simón se expidió en el pleito que mantiene en vilo al máximo tribunal por la denuncia presentada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos contra el Gobierno de Mendoza y en la cual se objeta la designación de la ex Coordinadora del Ministerio Público Fiscal, entre otras cosas, por no haber litigado.

Luego de la audiencia pública -en la que participaron sólo los miembros de la Corte vinculados al peronismo y en la que también estuvo ausente el oficialismo-, el fiscal de Estado analizó los alcances del artículo 152 inc. 3 de la Carta Magna.

«De los antecedentes obrantes en la causa surge que la Doctora Day se recibió de abogada, se matriculó e inmediatamente se declaró que se encontraba en situación de incompatibilidad para el ejercicio liberal de la profesión, la que no desempeñó», explicó Simón.

Luego detalla que de acuerdo con el currículum de la actual ministra de la Corte, sólo ocupó cargos que requirieran acreditar conocimientos de abogacía entre los años «1996-2004, los que deben ser computado como ejercicio de la profesión a los efectos de la exigencia del art. 152 inc. 3».

El funcionario se refirió a su trayectoria como secretaria de primera y segunda instancia en el Poder Judicial de Mendoza, en el que se exige título de abogado o de escribano.

Sin embargo, subrayó que en el resto de los trabajos en los que se desempeñó no era condición necesaria la de ser letrado. Entre ellos, el de Inspectora del Ministerio Público y Coordinadora, cargo que ocupó hasta su elección como miembro de la Corte.

«Conforme todo lo antes expuesto, se encuentra acreditado que Day ha desempeñado diversas funciones en el ámbito del Poder Judicial, especialmente en el Ministerio Público Fiscal, por más de 10 años; y sólo 8 años en cargos o funciones que exigieran para ello en forma excluyente el título de abogado», determinó. Y concluyó: «Conforme sea en definitiva la interpretación que esa Corte considere correcta respecto al sentido de la exigencia del art. 152 inc. 3, sobre lo que nos hemos explayado previamente, resultará la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto en crisis».

El conflicto

La promoción y luego la designación de la magistrada María Teresa Day en el máximo tribunal generó una catarata de cuestionamientos por parte de la oposición, como de organismos de Derechos Humanos, que objetaron la idoneidad de la candidata.

Finalmente, en una sesión secreta que se llevó a cabo el pasado 30 de junio se designó a Day como miembro del superior tribubal de justicia, siendo la única mujer en el cargo.

A pesar de la legalidad de su llegada a la Corte, sectores que impugnaron su terna se presentaron ante la Justicia con una acción de inconstitucionalidad que dividió aún más a la institución.

Hasta el momento no hay fecha de la reunión plenaria que resolverá el conflicto político y también judicial que enfrentó al gobierno de Rodolfo Suarez con la Corte.

Fuente El Sol

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