El Gobierno lanzó bonos para atraer a quienes tengan «dolares sin declarar»

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, anunció este martes el lanzamiento de un bono para el sector energético y un certificado destinado al área de la construcción, para fomentar el desarrollo de inversiones.

Lorenzino anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para crear estos instrumentos durante una conferencia de prensa en la sede de la AFIP.

«Apuntamos a quienes tengan ahorros en dólares sin declarar, tanto en cajas de seguridad, debajo del colchón o en paraísos fiscales, para que inviertan en estos dos instrumentos que anunciamos para transformar estos ahorros en nuevas inversiones que sirvan para crear nuevos empleos, más consumo y siga consolidando este modelo que beneficie a todos», dijo el titular del Palacio de Hacienda.

Lorenzino precisó que el bono en dólares destinado a la inversión en el sector energético tendrá vencimiento en 2016, con un interés anual del 4 por ciento y pagos semestrales.

El bono podrá ser escritural, a través del Banco Nación, o registral, por medio de la Caja de Valores y a cobrar en la entidad financiera en la que el interesado posea una cuenta.

El ministro explicó que los bonos son «absolutamente transferibles» y los caracterizó como un «instrumento movilizador de los recursos».

A su turno, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, advirtió que «las devaluaciones reiteradas en la historia argentina generaron la tendencia a resguardarse en dólares» y que cada vez que se tomaba una medida de este tipo, comenzaba «un proceso inflacionario».

Durante la conferencia, Kicillof estimó que «existen unos 40.000 millones de dólares billetes en manos de argentinos en el país», lo que equivale a unos «1.200 dólares per cápita».

En tanto, el administrador Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, afirmó que «aquellos que tienen divisas no declaradas podrán ingresarlas con estos títulos y las declaraciones juradas de estos bienes se hará con los vencimientos correspondientes al ejercicio 2013, entre abril y mayo de 2014».

Echegaray advirtió que «están excluidos los querellados o imputados por lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, funcionarios públicos de los tres poderes, en todos los niveles” y hay plazo de inscripción hasta tres meses después de sancionada la ley.

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