El Gobierno pidió a la Corte que suspenda la elección en cuatro departamentos

Se trata de aquellas comunas que convocaron a comicios anticipados para el 28 de abril (PASO) y que están controladas por intendentes del justicialismo. Este planteo aparece en la respuesta oficial (a cargo del asesor de Gobierno, Ricardo Canet) a la medida cautelar presentada por esos mismos jefes comunales, quienes pretenden poder reelegirse este año, a pesar de la enmienda constitucional que les impide hacerlo.

El Gobierno provincial le pidió a la Corte que suspenda la elección convocada por los intendentes justicialistas que quieren ir por otro mandato.

Así lo plantea la respuesta del asesor de Gobierno, Ricardo Canet, a la medida cautelar que presentaron los jefes comunales del PJ que quedaron alcanzados por la promulgación de la enmienda del artículo 198 de la Constitución provincial.

En el texto se reclama esta medida como “ultima ratio” (última opción), más allá de que el Poder Ejecutivo ofrece antes una serie de argumentos para que la cautelar del justicialismo sea desestimada por el alto tribunal.

El problema para el Gobierno es que, si es aceptada la cautelar, los intendentes Jorge Giménez, Roberto Righi, Emir Félix y Martín Aveiro quedarán automáticamente habilitados para participar de la elección, sin que se haya resuelto la cuestión de fondo: si es constitucional o no la promulgación de la enmienda del año 2009.

Los intendentes en cuestión llamaron a elecciones anticipadas en sus departamentos para el 28 de abril (PASO). Debido a ese cronograma, la fecha máxima para presentarse como candidatos es el 9 de marzo.

La cautelar que presentaron el 31 de enero, en tanto, se resolvería antes de que finalice febrero. Por eso, si tienen éxito con esta acción, se podrán presentar.

En cambio, el tratamiento de la cuestión de fondo demoraría mucho más tiempo en la Corte. La suspensión de los comicios de abril sería, en ese sentido, una medida para que los intendentes no puedan sacar ventaja de una batalla legal que no saben cómo terminará.

Para el PJ, en tanto, el pedido de la Asesoría de Gobierno está reñido con la Constitución provincial y casi no tiene antecedentes, más allá de un comicio de Santiago del Estero que fue frenado por la Corte Nacional.

El Gobierno presentó su respuesta a la cautelar este martes y el expediente ya pasó a Fiscalía de Estado. Se espera que el titular de este órgano de control, Fernando Simón, emita su opinión el viernes. Recién entonces, el trámite volverá a la Corte para su resolución.

Sin embargo, antes de estudiar los planteos de una y otra parte, la Corte deberá resolver dos recusaciones cruzadas. Primero el PJ recusó al ministro Dalmiro Garay por su pasado como ministro de Gobierno de Cornejo y luego el Ejecutivo hizo lo mismo con el ministro Mario Adaro.

Adaro fue recusado por sus opiniones políticas cuando era ministro de Gobierno en la gestión de Celso Jaque. También por un supuesto vínculo con el intendente de San Martín (uno de los afectados por la enmienda), quien, según indica el Gobierno, habría “ayudado” para que Adaro obtuviera los votos que necesitaba en el Senado para que lo ratificaran como juez de la Corte.

Adaro es, precisamente, miembro de la Sala Segunda de la Corte, que es la encargada de resolver la cautelar del PJ. Garay, por su parte, conforma la Sala Primera y en algún momento podría tocarle votar. Si pueden o no intervenir en este caso se resolverá a partir de las opiniones del resto de los integrantes del alto tribunal.

Fuente MDZ

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