El Gobierno recortará gastos jubilando 2.000 agentes

El Gobierno espera que se hagan efectivas más de 2.000 jubilaciones en los próximos meses como parte de una serie de medidas para reducir la pauta de gastos del 2020, que se aplicará mientras no se apruebe el Presupuesto en la Legislatura, junto con otros ajustes similares.

El Decreto 3.102, firmado por el gobernador Rodolfo Suarez, establece una serie de pautas para reducir el gasto del Ejecutivo ante la situación financiera de la provincia, junto con la Administración Central y los organismos descentralizados. En el documento se destacó que cada responsable de las distintas jurisdicciones deberá realizar “todos los actos útiles necesarios, antes del 30 de marzo de 2020, a fin de que los agentes que estén en condiciones de acceder a la jubilación inicien con la debida anticipación los trámites jubilatorios”.

De acuerdo con los datos del sistema de gestión del ministerio de Hacienda y Finanzas, se estima que para el 2020 hay 2.165 agentes con la edad requerida para jubilarse y 674 de ellos no cuentan con los aportes necesarios, por lo que se incorporó en el proyecto de Presupuesto un nuevo programa de moratoria previsional.

De esta forma, el Ejecutivo busca reducir el personal de las distintas áreas de la misma forma que se realizó durante la gestión del ex gobernador Alfredo Cornejo, quien, a su vez, había aplicado el mismo sistema en Godoy Cruz. Además, la decisión se toma para que “los que ya cumplieron con dicha condición se haga efectiva a la mayor brevedad posible la correspondiente jubilación”.

Del mismo modo, en el artículo 26 se incentiva al retiro voluntario, acordándolo con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), para aquellos empleados que, teniendo la edad para jubilarse, no hayan acumulado los años de aporte necesarios para obtener dicho beneficio. El programa incluirá el subsidio de las cuotas que correspondan a la moratoria a los efectos de asegurar la baja del personal involucrado.

Estas medidas se acompañan con la prohibición de realizar nuevas contrataciones. Actualmente, la planta de personal está compuesta por 94.944 personas, lo que constituye una reducción de más de 7.500 agentes durante los últimos cuatro años.

De jubilarse el número esperado por Suarez este año, se daría la mayor reducción anual de los últimos cinco años.

Menos celulares

Entre los recortes establecidos por el decreto figura también la tenencia de teléfonos celulares oficiales, ya que sólo el gobernador, los ministros, secretarios, subsecretarios y directores podrán contar con uno.

Actualmente el Ejecutivo cuenta con aproximadamente 2.350 líneas activas y 950 abonos de datos (Internet), según el registro con el que cuenta el Gobierno de sus celulares, que viene de reducir un 20% el total que poseía durante el 2019. En la licitación de telefonía celular vigente, se contrataron servicios con abonos que están por debajo de la mitad de los precios del mercado, según detallaron desde Hacienda.

Entre las reparticiones que más líneas de teléfonos y/o abonos de datos tienen se encuentra el Ministerio de Seguridad (58%), seguido por la Dirección General de Escuelas (11%). En tercer lugar figura la Secretaría de Servicios Públicos (10%) y luego el Ministerio de Salud (7%). El resto se divide entre todas las demás reparticiones.

Según el artículo 11 del decreto, el ministro o secretario de cada área podrá permitir excepciones, siempre que cuenten con razones justificadas. “Las personas que en la actualidad tengan celulares oficiales y no cuenten con la autorización para su tenencia deberán en el plazo de 30 días hábiles reintegrar los correspondientes equipos en la Dirección General de Administración de su Jurisdicción”, indica el decreto.

En caso de que no se los devuelva, el gasto que generen los celulares se le cargará a quien figure como su portador, quedando la Contaduría General de la Provincia autorizada a descontar el monto del consumo correspondiente de los haberes del titular el mes inmediato posterior. La única excepción a esto son las fuerzas de seguridad.

Las otras medidas

Los ajustes en el presupuesto de cada área sólo pueden autorizarlas el gobernador o el ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri. Los organismos deberán presentar antes de mediados de febrero cuál será el ritmo de gasto necesario para realizar sus funciones.

Tampoco se permitirán nuevas contrataciones, prohibiéndose cualquier incremento de la partida de personal por el sistema de locaciones de servicio, de obra u honorarios determinados en horas módulo deportivo. La única excepción será para altas de personal en la Dirección General de Escuelas por reemplazos.

Incluso se especificó que no podrá haber convenios con universidades, facultades, fundaciones ni ONG que representen un gasto para el Estado, a menos que el gobernador o el ministro de Hacienda lo autoricen.

Fuente El Sol

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