Así lo manifestó la abogada Mariela Herrera, que representa a la APDH, que se constituyó como querellante en una causa por 63 crímenes de ese tipo. Incluye a desaparecidos y torturados.
La abogada Mariela Herrera, en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), confió en que antes de fines de año podría comenzar en San Rafael el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad.
La letrada que representa a la entidad de derechos humanos en los autos obrados Nº19.612 caratulados “Fiscal c/Báez, Miguel Ángel y otros por averiguación delitos de lesa humanidad”, confirmó a UNO de San Rafael, que “ la detención de Luis Stuhldreher aceleró los tiempos judiciales para unificar las causas y empezar con el juicio”.
Según sus cálculos, “de no mediar ningún contratiempo el juicio debería empezar entre octubre y noviembre de este año”.
La causa en la que se presenta la APDH como querellante involucra 63 crímenes de lesa humanidad con 22 personas sospechosas de haber participado en los mismos.
En la elevación de las pruebas, presentada en febrero del 2013, Herrera señaló que “los crímenes de lesa humanidad son serios actos de violencia que dañan a los seres humanos al golpear lo más esencial para ellos: su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud y/o su dignidad”.
En este juicio, los magistrados federales, que aún no fueron designados, evaluarán además de esta causa una segunda que involucra a Luis Stuhldreher.
En este contexto, el abogado Pablo Salinas elevó en estos días las pruebas que acusan el ex militar como responsable de otros crímenes.
En este proceso, no sólo se juzgará la desaparición de personas, como las de María Angélica Guerrero, Francisco Tripiana y Héctor Aldo Fagetti, sino también otras en las que las víctimas fueron objeto de torturas, vejaciones y privación ilegítima de la libertad.
En este sentido Herrera explicó que “el plan sistemático que utilizó la dictadura para eliminar a sus adversarios contemplaba estos crímenes” y que “fue ejecutada por la cadenas de mandos medios, entre los que estaban los 23 acusados”.
“Por ese motivo –dijo la letrada–pedimos su investigación, por la responsabilidad penal que les cabe a los integrantes con responsabilidad decisoria y actuación operativa en los hechos”.
Apropiación de niños
En San Rafael no se siguen causas por apropiación de niños ya que ninguna de la víctimas estaba embarazada cuando se la detuvo.
Sin embargo, la abogada dijo que han aparecido documentos en un predio de la Villa 25 de Mayo, donde en el pasado funcionaba un hogar de niños, que demuestran que María Angélica Guerrero, desaparecida, adoptó entre los años 1972 y ’73 a una niña.
Por ahora se desconoce su paradero y se ha iniciado una investigación al respecto.
Detenidos y acusaciones que pesan sobre ellos
Mediante los decretos del Ejecutivo nacional números 2770/71/72, se constituyó el Consejo de Seguridad Interna, cuyo objetivo era la “lucha antisubversiva, la ejecución de operaciones militares y de seguridad necesarias para aniquilarla y la firma de pactos con las provincias para colocar bajo el control operacional del Ejecutivo al personal, medios policiales y penitenciarios”.
En esta lucha iniciada por la dictadura militar, la Policía de Mendoza se subordinó al Comando de Operaciones Tácticas.
Los detenidos formaban parte de una cadena de mandos que debe ser investigada para determinar si hubo responsabilidad penal en desapariciones, torturas, vejámenes y privaciones ilegítimas de la libertad.
De las denuncias se desprende que, en mayor o menor grado de participación, estuvieron involucrados Tomas Luis Rojas (83), bombero jubilado; Hugo Ramón Trentini (65), ex policía; Luis Juan Graín (81) ex policía; Isidoro Freire (71), ex policía; Daniel Navarro (86), ex policía; Daniel Huajardo (60), empleado; Orlando Gutiérrez (70), ex policía; Edgar Martín Ferreyra (81), ex militar; Oscar Pérez(63), ex policía; Ciro Maza, (77) ex policía; Norberto Mercado (59), militar retirado y veterano de Malvinas; Cecilio Martínez (71), ex militar y corredor público; Juan Giovarruscio (66), ex militar; Pedro Torres (76) , ex policía; Miguel Báez (61), ex militar; Carlos Alberto Ochoa (62), ex militar e ingeniero; Raúl Olguín (65), ex militar; Luis Rizo Avellaneda (74), ex militar; Emilio Castro (70), ex policía; Argentino Villafañe (79), ex policía; Miguel Ángel Megetto (64), ex policía.
Todos los hechos denunciados en la querella se enmarcan en delitos del derecho penal internacional que se caracterizan por afectar a la humanidad en su conjunto.
Se los tipifica como delitos imprescriptibles, es decir que permanecen vigentes hasta tanto no se juzgue y condene a los responsables, conforme a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los delitos de guerra y lesa humanidad.
En este contexto, la querella solicita que se investigue la responsabilidad de todos aquellos que al momento de ejecutarse los hechos cumplían funciones bajo las órdenes del Comando Militar zona 3, del Comando Militar de la sub zona 33, de los Consejos de Guerra, de la Comunidad Informativa, del Comando de Operaciones Tácticas y de los centros clandestinos de detención.
La abogada Mariela Herrera no descartó que durante el juicio surjan otros nombres de civiles que puedan terminar imputados en la megacausa que involucra también a Luis Stuhldreher.
Fuente: Uno San Rafael
