El Senado aprobó el desafuero de Marcelo Romano

El Senado aprobó con 22 votos a favor y 16 en contra el desafuero del senador Marcelo Romano que solicitó la Justicia, debido a la denuncia en su contra por presunto «atentado contra la autoridad» luego de haber amenazado, según la acusación, a policías que detuvieron a su hija en un control de tránsito.

El Frente Cambia Mendoza aportó la mitad más uno de los votos, mientras que el peronismo se opuso a la medida. Por su parte, Romano denunció «una mordaza que le coloca el oficialismo» por su postura sobre la Ley 7.722 y el cuestionamiento a la licitación de Portezuelo del Viento.

Desde la UCR remarcaron que Romano continuará siendo legislador y que no se afectará su dieta, a la vez que rechazaron que la acusación se trate de una «persecución política». La respuesta del bloque oficial es que se dio lugar al pedido de la fiscal Gabriela García Cobos de quitarle los fueros al legislador para seguir con la instrucción del caso.

Si bien el pedido ingresó en noviembre del año pasado, Cambia Mendoza remarcó que el tratamiento se demoró porque «hubo otros temas que tratar previamente».

El delito de “atentado a la autoridad” del que se acusa a Romano figura en el artículo 238 del Código Penal y establece penas de prisión que van de seis meses a dos años.

El debate

Romano comenzó su alocución relatando su versión de lo ocurrido en agosto de 2019 y aseguró que tenía pruebas de su inocencia. También sostuvo que había errores en el relato en su contra. «Un chofer de la línea 500 avisó que un auto parecido al de mi hija iba conduciendo con exceso de velocidad y eso originó el operativo. El expediente dice que fue un policía», apuntó Romano, quien agregó que el vehículo denunciado se logró identificar.

El senador luego destacó que todavía tiene «el mensaje que le mandé al entonces ministro Gianni Venier de que, sin importar de quién fuese la hija, seis policías para una joven era una exageración».

Sin embargo, el foco de su defensa estuvo en las denuncias que realizó contra la gestión radical desde que asumió como legislador. Romano insistió en que se trata de una «persecusión política» al tratarse de «un senador molesto» para el oficialismo.

Luego de esto, los argumentos a su favor por parte del peronismo apuntaron en el mismo sentido, ya que consideraban que no habían motivos legales para autorizar un desafuero.

Por su parte, la senadora Mercedes Rus argumentó que la decisión era en respuesta a un pedido puntual de la Justicia y que no se afectará ningún otro aspecto de la autoridad legislativa de Romano. «Usted cree en la Justicia cuando la denuncia la hace usted, pero descree cuando viene en contra. No me convence el argumento de persecución», interpeló la legisladora.

«No se dan las condiciones»

Respecto al desafuero, el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Pérez Hualde explicó que el artículo 167 de la Constitución Nacional permite avanzar con el proceso penal según distintos requisistos. «Por un lado, que el legislador se esté escudando en sus fueros para impedir que avance la Justicia en la investigación del caso», señaló en diálogo con LVDiez.

La segunda condición es que estén dadas las condiciones para producir el dictado de la prisión preventiva. «Hay que remover sus fueros cuando es necesario privarlo de la libertad, allanar el domicilio, llevarlo obligadamente a prestar indagatoria. Este tipo de medidas en donde se actúa con violencia legítima sobre la persona de diputado», aclaró el ex magistrado.

Además, Pérez Hualde sostuvo que en el caso de Romano «es prácticamente imposible» la segunda condición porque la pena es insuficiente. «Él está siendo investigado por un proceso en el cual nunca le pondrían más de 2 años y, en segundo lugar, debe acreditar que existe algunos de los riesgos, que se está por fugar, que hubo que pedir su captura, que se niega a concurrir a los Tribunales», explicó.

Ante esto, el ex miembro del máximo tribunal señaló que «los cargos de legisladores tienen fueros que son protecciones especiales que tienen algunos funcionarios que podrían ser perseguidos penalmente: a mí como votante me interesa que aquella persona a la cual yo he votado no la puedan perseguir arbitrariamente», aclaró.

«Yo diría que lo que sí surge es una confrontación política en un momento de campaña, en un día de campaña, en el día de las elecciones, con funcionarios que dependían de su competidor político porque él era candidato a diputado nacional al igual que el gobernador. Me parece que es un error de llevar este tipo de situaciones a las Cámaras Legislativas. Es un error llevarlo esto al Senado para es llevar a la política a donde no corresponde», enfatizó.

La denuncia

En noviembre del año pasado, la fiscal Gabriela García Cobos imputó al legislador de Protectora y lo acusó de presunto “atentado contra la autoridad” por un altercado que mantuvo con agentes de la policía cuando frenaron a su hija, que circulaba en un Renault Clio en el Acceso Sur.

Según se estableció en la denuncia, Romano habría amenazado a los policías con hacerlos echar cuando frenaron a su hija en un control vial, ya que aparentemente circulaba con exceso de velocidad.

“A mi hija la rodearon seis patrulleros, armaron un aparato gigantesco. En ese momento le dije al ex ministro de Seguridad, Venier (Gianni), que me parecía un despropósito sin importar de quién era la hija”, afirmó Romano.

Fuente El Sol

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