El tamaño importa

*Los “debates” surgidos luego del trágico temporal que afectó a la Capital y a la provincia de Buenos Aires registraron, salvo cuando tuvieron como protagonistas a los propios afectados, quienes expresaron dolor y bronca, y a los expertos en urbanismo e hidrología, que vienen estudiando estos temas desde hace años, un tono casi frívolo en muchos medios de comunicación.

Se escucharon diatribas por parte de personajes que más parecían cuidar su propia imagen pública que otra cosa, que con tono indignado hablaban contra “los políticos” y se preguntaban “dónde está el Estado” o que con chicanas politiqueras de corto vuelo referidas a un “fracaso del relato”. Algunos de los puntos más notorios de este tipo de expresiones fueron una nota del periodista Julio Blanck en el diario Clarín titulada “el fracaso de los que gobiernan el Estado”.  O expresiones del jefe del Area de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo porteña, Eugenio Semino, quien consideró en una radio capitalina que “el sistema político argentino es necrofílico”.

Espero de corazón que esta nota no sea frívola ni liviana o chicanera, ante el drama humano que viven ahora mismo miles de familias porteñas y platenses. Y que pueda ser un aporte para un debate constructivo. Si no lo logro, mis disculpas.

Durante los años 90, un lugar común en un sector del mainstream de la Ciencia Política, que no cuestionó los elementos centrales del discurso neoliberal, fue afirmar que ya no correspondía más discutir sobre el “tamaño” del Estado, sino sobre su eficiencia, su eficacia, su agilidad. Se hablaba de la necesidad de un Estado “pequeño” e “inteligente”.

La actual coyuntura en la Argentina es propicia para terminar de discutir esa posición: importan las capacidades, la eficacia y la eficiencia; pero además el tamaño del Estado sigue es una cuestión muy relevante.

En el marco de la crisis por el temporal en La Plata se reclamó presencia del Estado y hubo una exigencia para que los organismos del sector público pudieran llegar a tiempo con su asistencia “casa por casa”. ¿Cómo es un Estado que pueda llegar “casa por casa”? ¿Qué capacidades debe tener? Pero también ¿qué tamaño?

Como lo recordó el bloguero Manuel Barge , la Argentina no es cualquier país sino uno en el que se impuso durante décadas la siguiente secuencia:

La “ausencia” del Estado no comenzó en los noventa, sino durante el Proceso, con la subsidiariedad como bandera, “achicar el Estado = agrandar la Nación”. Se acentúo en los ochenta, con el fetiche “descentralización = democratización”, que se recicló en los 90 como “descentralización = eficiencia”. Todos implican lo mismo, se tiran hacia abajo los problemas y te congelan las partidas.

En un reciente informe en el que destacó el crecimiento de la “clase media” en América Latina, el Banco Mundial resaltó que el porcentaje del producto que el Estado recauda en concepto de impuestos es una de las claves para cualquier “contrato social” sólido. Precisó en tal sentido que en la región el promedio de recaudación llega al 20,4 por ciento del PIB. La Argentina y Brasil son los dos únicos países en los que, según ese informe, para 2010 los niveles de recaudación se parecen más a los del promedio de la OCDE -equiparables a los de países de Europa del Este- que al de sus vecinos.

Pero esta situación resaltada por el Banco Mundial como positiva es, por ejemplo, para think tanks de la derecha y para buena parte de los medios de comunicación motivo de informes y titulares negativos sobre el “récord de presión impositiva”.

Justo hace pocos días, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sostuvo que “la Argentina ha alcanzado un récord de presión impositiva”, considerando esa situación como nociva, tras destacar que los niveles de recaudación pasaron del 19,9 por ciento en 2002 a un 36,7 por ciento del PIB en la actualidad.

Esta progresiva suba de la capacidad de recaudación del Estado se registró durante la década pasada luego de años de ingresos “planchados”. Según IDESA, en 1996, ese porcentaje estaba clavado en el 20 por ciento, con un Estado que permitía casi sin moverse que la desocupación se disparara por entonces hasta superar el 18 por ciento.

Otra “ONG”, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) explicó en un informe del año pasado que el “tamaño del Estado” -el gasto público consolidado como porcentaje del PIB- se encontraba para 2006 casi en los mismos niveles que en 2001. El crecimiento de ese gasto -porque se necesita que el gasto sea eficaz pero ¿no pretenderemos un “Estado más presente” que gaste como el promedio de los países subdesarrollados, no?- aumentó un poco más notoriamente recién durante el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner.

Dicho de otro modo: este Estado “un poco más grande” que describe el Banco Mundial es un fenómeno “novedoso” para lo que han sido los últimos 35 años. Es una situación que surge en el último lustro. Es un necesario y promisorio “punto de partida”, más que un punto de llegada.

Claro que no todos lo ven así. En la misma tónica de considerar mayor gasto público como un elemento negativo en sí mismo, el think tank IDESA emitió también hace pocos días un informe titulado “Aerolíneas y AySA cuestan casi como la asignación por hijo”. La empresa estatal AySA le envió una nota a ese grupo de expertos -nobleza obliga, publicada también en el sitio web de la entidad- para explicar que a partir de ese mayor “gasto” se incorporaron “dos millones de habitantes al servicio de agua potable y un millón y medio al de desagües cloacales”.

“En ese sentido, si es que IDESA pretende limitar la evaluación de la empresa a aspectos meramente económicos, sin tener en cuenta las necesidades básicas de los sectores más postergados de la población, debe recordarse que según las Naciones Unidas, cada peso que se invierte en agua y saneamiento produce un ahorro de 8 pesos en atención hospitalaria con la consecuente mejora en la salud y en la calidad de vida de la gente. Por lo cual, a pesar de su volumen, las inversiones que demanda la universalización de los servicios de agua y saneamiento, generan un significativo ahorro a las cuentas públicas”, le informó la Presidencia de la compañía de aguas a los economistas que habían cuestionado su gestión.

El intercambio de opiniones resulta ilustrativo de una situación: si queremos discutir cómo tener un Estado que llegue a quienes lo necesitan, que pueda anticiparse a los hechos que afectarán a la sociedad y socorrer a los más necesitados en la emergencia hará falta discutir la actitud de la propia sociedad frente a ese Estado.

Otro aspecto en el que esto se aplica es en la persistencia de una economía “en negro”. Con más del 30 por ciento de la fuerza de trabajo en la informalidad sería insólito pensar que esa situación es sólo “culpa” del Estado y que los empresarios no tienen alguna responsabildiad.

Las seis corridas cambiarias que implicaron compras en dólares por casi 80 mil millones de dólares entre 2007 y 2011, documentadas por el periodista Alfredo Zaiat, no parecen estar tampoco fuera de esta dinámica social.  Si bien no eran en sí acciones ilegales, la formación de activos de argentinos por fuera del sistema formal -hablamos aquí sobre todo de empresas y sectores de alta renta, no de minoristas- suele estar vinculada a la evasión y es una forma de desentenderse de la suerte que corran Estado y los conciudadanos.

Debatamos sobre la calidad del gasto público, la eficiencia en la acción del Estado, la transparencia en el uso de esos fondos, la agilidad en las políticas públicas, la coordinación entre distintos niveles de gobierno, el esfuerzo concreto -o la desidia- que muestran los funcionarios. Si quieren, votemos al partido que ustedes me digan. Pero también pongamos sobre la mesa cuál es el discurso y la mirada que se tiene hacia el Estado -no sólo ante la emergencia, sino cada día-, cuál es el tamaño deseable que debe tener el sector público para abarcar a los que más necesitan de él y de dónde sale el dinero para sostener ese andamiaje.

*Por Nicolás Tereschuk

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