Eliminaron los criterios de exclusión de la Tarifa Social de gas establecidos en 2016

El pasado 30 de julio, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación readecuar los criterios de inclusión y exclusión vigentes en la Tarifa Social de gas. En este sentido, el lunes 26 de octubre el Secretario de Energía, Darío Martínez, solicitó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que proceda a dejar sin efecto las limitaciones impuestas -desde noviembre de 2019-, respetando únicamente los criterios de elegibilidad y exclusión válidamente establecidos en la normativa vigente sobre Tarifa Social.

 

Asimismo, y en concordancia con la sugerencia efectuada por el ENARGAS, se recomendó difundir un “Modelo de Gestión Unificada Ventanilla Única Social” -creado por Decreto Nº 339/18- como única vía para tramitar el beneficio de Tarifa Social.

 

El régimen que implementó el Registro de Beneficiarios de la Tarifa Social tiene como objetivo brindar ayuda a usuarias y usuarios en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que cumplan con los criterios de inclusión definidos en la normativa, a través de una bonificación del cien por ciento (100%) del precio del gas sobre un bloque de consumo máximo determinado -bloque de consumo base- en la facturación del servicio.

 

Este año el Interventor del ENARGAS, Federico Bernal, confirmó que la ex Secretaría de Gobierno de Energía (SGE), bajo la dirección del entonces Secretario de Gobierno Gustavo Lopetegui, solicitó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en julio de 2019, la incorporación de criterios de exclusión adicionales a los establecidos en 2016 por el ex Ministro J.J. Aranguren. Estos criterios provocaron que 61.000 beneficiarios y beneficiarias fueran excluidos de la Tarifa Social entre julio de 2019 y marzo de 2020. En contrapartida, con la decisión adoptada por el actual Secretario de Energía para el reingreso de los beneficiarios excluidos de la Tarifa Social de gas, estos deberán solicitar nuevamente el beneficio a través de la Ventanilla Única de la ANSES.

 

Aquella decisión administrativa de Lopetegui (incorporar criterios de exclusión adicionales a los establecidos por el ex Ministerio de Energía; Resoluciones MINEM N° 28/16 y N° 219/16), buscaba que sean aplicados en el cruce de la información que la ANSES debe realizar: la verificación de la titularidad de otro medidor en las relaciones familiares declaradas ante ese organismo y el proceso de control de derecho mensual. La verificación de la titularidad de otro medidor en las relaciones familiares declaradas ante ANSES, significaba que, si un integrante de la familia era informado por la Licenciataria de Distribución como titular de otro suministro, constituía una causal de exclusión del beneficio. Ante esta situación, el ENARGAS solicitó la eliminación del criterio de exclusión por multimedidor, por no encontrarse dentro de la normativa mencionada anteriormente.

 

Por su parte, el proceso de control de derecho mensual requería que la ANSES verificara
-todos los meses- que él o la titular del servicio incorporado al Registro de Beneficiarios de la Tarifa Social, no incurriera en un criterio de exclusión, motivo por el cual, la cantidad de beneficiarios decrecía mes a mes. Por ejemplo, en el caso de cobro de un bono, presentismo, horas extra, etc., se producía a la exclusión del beneficio y, en consecuencia, el usuario debía tramitar el ingreso nuevamente. A propósito de esto, el ENARGAS solicitó la vigencia del beneficio por un (1) año, sin someter al beneficiario a controles mensuales.

 

En síntesis, estos criterios no se encontraban alineados con los fines perseguidos con el dictado de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública declarada en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, a fin de lograr entre otras cosas “la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva” “propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares”.

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