En busca de la minería responsable en Mendoza

Un proyecto presentado por tres diputados ambientalistas del oficialismo tiende a determinar zonas seguras para la explotación minera y obligar a las empresas a hacerse cargo de cualquier pasivo ambiental que generen. Un debate que vuelve a reinstalarse.

El martes pasado, los diputados provinciales del bloque del FPV – PJ  José Oscar Muñoz, Raúl Guerra y la diputada Silvia Ramos presentaron un proyecto para modificar los artículos 1°, 3°, 4° y 5° de la Ley 7722, que restringe la explotación cuando se utilizan productos químicos y que fue sancionada en 2007 luego de fuertes reclamos de ambientalistas.

¿Qué dice la norma? «A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo».

Los diputados planean limitar la aplicabilidad de la ley a los artículos 33 y 36 del Código de Minería y circunscribir el alcance de la 7722 al radio de 10 km desde el centro de cualquier localidad provincial.

La modificación surge a un mes de la reunión entre la Mesa Minera de Mendoza con el titular de la Cámara de Diputados de la provincia, Jorge Tanús, para plantear su mirada sobre esa actividad en el ámbito provincial y presentar un proyecto para declarar la emergencia minera y a su vez derogar o modificar la Ley 7722.

En comunicación con MDZ Radio, Silvia Ramos expresó que hace mucho tiempo que se viene trabajando en el tema de la producción de la minería como una alternativa para el desarrollo de la provincia de Mendoza. «La intención primera es abrir la posibilidad de discutir otras alternativas de desarrollo», aseguró.

Los artículos a modificar garantizan el uso eficiente del agua, involucrando la prohibición del uso de determinadas sustancias se mantendría, pero acotada, es decir permitiendo que en «determinadas áreas dónde exista la posibilidad de explotación minera y se encuentren a 10 km de cualquier comunidad o centro urbano, donde se tenga que usar sustancias que sean consideradas peligrosas para las comunidades cercanas».

Además de establecer los 10 km de distancia, la diputada explicó que el proyecto plantea obligar a las empresas a que generen pasivos ambientales, la creación de un fondo o seguro para remediar cualquier daño.

«Cualquier actividad productiva genera pasivos ambientales, ya sea la ganadería la vitivinicultura, entonces lo que tenemos que hacer es regular todas las actividades», comentó.

Ramos señaló los cuidados de Chile en lo que respecta a la minería, comunidades en las que observó que existe la agricultura y la ganadería con la explotación metalífera en perfecta armonía, con los controles correspondientes mediante.

Según la diputada, tampoco resulta justo que en determinadas zonas de la provincia, como Malargüe que por sus características geográficas podrían tener un importante crecimiento económico, si se permitiera la minería con el uso de determinadas sustancias, no puedan hacerlo.

De todas maneras aseguró que el proyecto presentado «no altera los objetivos de base de la 7722, solo determina zonas prohibidas y zonas en las que se permite».

Los reclamos ambientales

Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) manifestaron ayer su repudio al proyecto y aseguran que “compatibilizar los alcances de la Ley 7722 con los artículos 33 y 36 del Código de minería (…) que datan de la sanción original del Código, es decir, en el siglo XIX para una realidad completamente diferente a la actual”.

Además, aseveran que “los artículos 33 y 36 se refieren exclusivamente a los derechos de cateo y no a las etapas que conlleva una explotación minera, como sí lo hace la ley vigente: cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización”.

Y que cambiar la Ley significaría, “entre otras cosas, que la ley sólo mantendría su vigencia a menos de 50 metros de los ríos, a menos de 40 metros de las casas y a menos de 30 metros de acueductos y canales. Es decir que se podría utilizar cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias similares en los procesos mineros, siempre y cuando tuvieran la precaución de, por ejemplo, ubicarse a 51 metros por lo menos de nuestros ríos”.

“De esa manera no se cuidan las cuencas de alimentación de los ríos y el acuífero, no se tiene en cuenta los glaciares, ni se protege a los regantes y a los consumidores. En otras palabras, de modificarse, la Ley 7722 se vuelve completamente ineficaz para cuidar los intereses sociales, ambientales, culturales y económicos de la provincia”, indican.

Otro punto, hace hincapié en que “el proyecto que impulsan Muñoz, Guerra y Ramos pretende también limitar la intervención de la Legislatura y de los municipios afectados. Esta intervención, recordamos, ha sido de fundamental importancia, junto al reclamo popular, para ponerle un límite al proceso de entrega irrestricta del territorio a las corporaciones extranjeras, como ocurrió con el rechazo del proyecto San Jorge”.

Los artículos que se quieren cambiar

Artículo 3° – Para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley. Los informes sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación y de otros Organismos Autárquicos son de carácter necesario, y se deberá incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la Ley 5961. Para dejar de lado las opiniones vertidas en los dictámenes sectoriales deberá fundarse expresamente las motivaciones que los justifican.

Artículo 4° – Establécese como autoridad de aplicación de la presente al Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, que reglamentará el establecimiento de un Seguro de Garantía Ambiental para cada emprendimiento y creará, dentro de su ámbito, la Policía Ambiental Minera que tendrá como función específica el control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia de Mendoza, debiendo informar todas las actividades desarrolladas semestralmente a las comisiones de Medio Ambiente de la Legislatura Provincial. Asimismo en lo que refiere a la preservación y uso del agua el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control específico y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia, en todas y cada una de sus etapas, cuando los mismos afecten las cuencas hídricas.

Artículo 5° – La autoridad de aplicación garantizará, en todo proceso de evaluación del proceso de impacto ambiental, la participación de los municipios de las cuencas hídricas y aquellas regiones que se manifiesten como tales, afectadas por el proyecto respectivo, debiendo respetarse las realidades productivas y sociales de cada uno de los mismos, cuyos dictámenes sectoriales serán de carácter necesarios.

Fuente mdzol

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