En Mendoza dicen que el convenio con Chevron «puede ser una oportunidad»

Así lo indicó el presidente de la Empresa Provincia de Energía, Alejandro Neme. Afirmó que el recurso puede abrir la puerta a que las petroleras inviertan en el 30 por ciento que corresponde a Mendoza.

El retorno a la actividad de la Legislatura provincial estará marcado desde este lunes por el debate sobre el recurso petrolero.

En medio del fragor de la campaña electoral para las PASO, el radicalismo denunció la semana pasada que el acuerdo de la Nación con la petrolera Chevron para realizar inversiones por más de 1000 millones de dólares en la zona de Vaca Muerta es potencialmente un riesgo para Mendoza.

En virtud de ello anunció que propondrá en el Senado provincial la no aplicabilidad del decreto nacional 1277, reglamentario de la ley de soberanía hidrocarburífera, que se firmó el año pasado y dejó la política petrolera en manos de una “comisión de planificación” conformada por funcionarios nacionales.

Los radicales de Julio Cobos tomaron esta medida frente al riesgo de que los acuerdos nacionales como el de Chevron, para explotar petróleo y gas no convencional, vulneren derechos de la provincia. Pero a esta visión se opuso la del Gobierno, en este caso, por voz de una de las áreas más directamente involucradas: la Empresa Provincial de Energía.

Defensa. Alejandro Neme, titular de la empresa estatal, salió al cruce de los cuestionamientos radicales. “He leído el decreto (929, de este año, base del acuerdo con Chevron) y creo quede ninguna manera perjudica a Mendoza. No genera acciones adversas. Por el contrario, hasta puede beneficiarla”, aseguró el funcionario.

“En todos los casos las licitaciones de áreas las hacen las provincias y las otorgan las provincias”, señaló Nemen sobre el marco normativo general existente para el manejo de las áreas petroleras. Afirmó también que, por encima de la Comisión de Planificación, hay otro órgano con mayor poder de decisión que es integrado por los gobernadores.

Concretamente sobre el petróleo no convencional, Neme dijo que el decreto 929 “es un incentivo” antes que un riesgo. El funcionario precisó que el 70 por ciento de la zona de Vaca Muerta está dentro del territorio de Neuquén, pero que a Mendoza todavía le resta saber que riqueza hay en el 30 por ciento que corresponde a nuestra provincia. “No sabemos cuál es la potencialidad de Las Leñas y Cerro El Manzano, dos áreas no concedidas que forman parte de Vaca Muerta, porque no se han hecho los estudios. En ese sentido, este decreto (929) ayuda para que cualquier empresa petrolera puede acogerse al régimen de explotación de hidrocarburos no convencionales”, explicó.

Neme indicó también que resta saber si la Provincia puede captar parte de la inversión que hará Chevron en Neuquén y no dudó en destacar el beneficio que brinda el decreto de Cristina para los casos de permisionarios de áreas donde hay petróleo convencional. “En ese caso, el beneficio no se extiende al petróleo no convencional, lo cual permite relicitar esas áreas”, precisó.

Oposición. A pesar de estas opiniones oficiales, la oposición tratará de ir en contra de las decisiones nacionales, en una estrategia que incluirá también reproches por la situación de Mendoza en la petrolera nacionalizada YPF.

En este sentido, el proyecto para que la comisión de planificación petrolera no tenga injerencia en Mendoza es de julio del año pasado, pero los radicales buscarán que se debata ahora, ya que nunca entró en la agenda.

La iniciativa de Juan Carlos Jaliff propone que el decreto posterior a la reestatización de YPF no se ejecute aquí “por haber sido emitido en manifiesta violación de las autonomías provinciales y afectar los intereses patrimoniales, políticos, económicos y sociales de la Provincia de Mendoza”. El proyecto dice además que esta situación se mantendrá “hasta tanto la Nación y la Provincia suscriban un acuerdo marco que establezca las normas de coordinación necesarias para permitir el ejercicio armónico de las respectivas competencias”.

En lo político, el problema para tratar el proyecto en el Senado es que tiene que tener el aval del justicialismo, por lo menos para que se genere el debate en forma automática. La inactividad de la Legislatura, que termina este lunes, no ha permitido hasta aquí que el oficialismo o la oposición respondan este interrogante.

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