Ex represores y violadores: los presos que podrían salir libres

El Tigre Acosta, un integrante del clan Puccio, homicidas y violadores, integran la lista de 1.111 internos que fue enviado por el Gobierno a los jueces porque están en condiciones de acceder a la libertad condicional o a la prisión domiciliara con pulsera electrónica.

El Gobierno elaboró una lista con 1.111 presos “sugeridos” para que salgan de prisión bajo libertad condicional o vayan a presión domiciliaria con tobillera electrónica. Entre los internos, hay 96 condenados por delitos de lesa humanidad como Jorge “El Tigre” Acosta y Julio “el Turco Julián” Simón; uno de los integrantes del Clan Puccio, homicidas, violadores y condenados por robo.

Según publicó Infobae, son ocho listados con distintas categorías de detenidos en el sistema federal: “internos de lesa humanidad mayores de 70 años”, “internos comunes mayores de 70 años”, “nómina de internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)”, “discapacitados”, “internas alojadas con hijos de hasta 10 años”, “alojadas con hijos”, “internas embarazadas” e “internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional”.

Uno de los listados que recibieron los jueces eran de los represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Son 96, todos mayores de 70 años, uno de los requisitos que establece la ley para acceder a la prisión domiciliaria y que fija el Protocolo para obtener una pulsera electrónica.

Entre esos presos sugeridos están “El Tigre” Acosta, jefe del Grupo de tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura, y condenado a prisión perpetua. Los también represores de la ESMA Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda , el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, también condenados a prisión perpetua.

El listado continúa con Julio “el Turco Julián” Simón, ex agente de la Policía Federal y el primer represor condenado tras la nulidad en 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y Cristian Federico von Wernich, ex capellán de la policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los presos mayores de 70 años por delitos comunes con posibilidades de salir de prisión son 46. Entre ellos se encuentra Guillermo Fernández Laborda, integrante del Clan Puccio, la banda liderada por Arquímedes Puccio, que protagonizó una serie de secuestros en la década del 80. La Corte Suprema confirmó en 2015 la condena a prisión perpetua de Fernández Laborda.

El resto de las personas “sugeridas” por el Gobierno para salir de prisión son 106 del colectivo LGBTI, 70 discapacitadas, 25 embarazadas y 421 mujeres con hijos recién nacidos y hasta de 10 años. Son todos los casos que prevé el Protocolo para acceder a la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y que incluye a internos de baja peligrosidad y que están en el último tramo de su condena.

Se trata de personas condenadas mayormente por delitos vinculados al narcotráfico, pero también hay casos de homicidios, abusos sexuales, violaciones, corrupción de menores, secuestros y robos.

El último listado corresponde a personas que están en condiciones de acceder a la libertad condicional. En ese caso son 347. En la lista de fines de enero, a la que accedió Infobae, está Mario Segovia, conocido como “El rey de la efedrina” y condenado por el tráfico de precursor químico para elaborar drogas sintéticas .

Fuentes del Ministerio de Justicia informaron que ese listado se actualiza periódicamente y que en el enviado la semana pasada a los jueces, Segovia no está. Desde la cartera de Justicia no quisieron dar el listado actualizado, según Infobae.

Entre los internos con posibilidades de la libertad condicional hay 25 condenados por homicidios y 31 por abusos sexuales, según un relevamiento que realizó Infobae. También hay por otros delitos, como robos, infracción a la ley de drogas, trata de personas y secuestros.

Desde el gobierno de Mauricio Macri defendieron la medida. “Tenemos reuniones con jueces desde enero de 2016 para informales quiénes son los presos que están en condiciones de acceder a la pulsera electrónica. Son todos los que están en condiciones. Ese listado se va actualizando y el objetivo es descomprimir la superpoblación que hay en las cárceles y lograr una mejor reinserción del detenido, porque quien tiene pulsera electrónica cuenta con un asistente social y un psicólogo que los asiste”, señaló un funcionario que trabaja en el tema y que recalcó que la libertad de un detenido es “facultad del juez”.

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