Fallo judicial ordena incrementar jubilaciones del año pasado

La Cámara de Bahía Blanca determinó que deben restituirse las sumas que no fueron otorgadas de acuerdo a la fórmula anterior. Ahora decide la Corte Suprema.

Un fallo de la Cámara de Bahía Blanca determinó que a las jubilaciones les corresponde ahora recibir la diferencia que se generó entre los aumentos por decreto y el incremento de 42,13%, que se hubiera dado de acuerdo a la fórmula que fue reemplazada.

Si bien reconocieron la validez de los aumentos por decreto de las jubilaciones y pensiones durante el año pasado y la suspensión de la fórmula de movilidad, los jueces Pablo Esteban Larriera y Leandro Sergio Picado resolvieron que finalizada la emergencia pública corresponde que el haber jubilatorio de diciembre del año pasado se ajuste con relación a igual mes de 2019 de acuerdo al porcentaje de la fórmula suspendida.

«Deviene imperativo, una vez finalizada la emergencia declarada, analizar si existe diferencia entre la movilidad suspendida y la otorgada mediante los decretos, debiendo en caso de que así fuere, restituirse las sumas no otorgadas», señala el fallo.

La sentencia además indica que los incrementos otorgados por decreto el año pasado oscilaron entre un 24,28% y un 35,31%, ­según el monto del haber­. El porcentaje resultó inferior al aumento del 42,13% que hubiere correspondido a todos los beneficiarios durante el 2020, de haberse aplicado la fórmula suspendida.

«En consecuencia, con fundamento en todo lo expuesto, deberá la Administración integrar el haber previsional de diciembre 2020 con el porcentaje de incremento que la parte actora haya dejado de percibir en virtud de la suspensión legalmente dispuesta», concluye el fallo.

Esto significa que debe aplicarse un aumento interanual del 42,13%, en reemplazo de la movilidad de los decretos que fueron del 24,28% al 35,31%, según el monto del haber, según publica el diario Clarín.

Los jueces entendieron que la movilidad jubilatoria es un derecho consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y debe garantizarse su “efectivo cumplimiento”. Sin embargo, no existe un “derecho adquirido” a mantener en el tiempo una determinada fórmula de movilidad jubilatoria. Ahora el tema deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia.

Fuente: Con información de Clarín e Infobae.

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