Jubilados: la corte resolvió a favor de los jubilados

El tribunal le pidio al Congreso un índice para calcular el haber inicial. Hay 150.000 casos pendientes de resolución. En esta nota, los argumentos de la Corte para fallar en contra del índice con el que Anses calcula jubilaciones.

Según la mayoría del tribunal, el Congreso debe emitir una ley para calcular el haber inicial. Hasta que eso ocurra, se aplicará el índice Isbic, más beneficioso para los jubilados, en los 150.000 juicios iniciados. Rosenkrantz, votó a favor del Gobierno.

Como se esperaba, la Corte Suprema falló, por cuatro votos contra uno, a favor del jubilado Luis Orlando Blanco y en contra de la Anses en el juicio por actualización de haberes. El caso derramará, con los tiempos judiciales del caso, en los 150.000 expedientes iniciados en distintas instancias tribunalicias, incluidos los casi 12.000 casos que ya están en el máximo tribunal. Por mayoría, los jueces encargaron además al Congreso fijar un índice para actualizar los salarios con el que calcular los haberes iniciales de los jubilados.

1) La discusión

Luis Orlando Blanco se jubiló en 2003 e inició un juicio de actualización de haberes. Según su abogado, su jubilación inicial representó el 41% de su salario como trabajador activo. La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social falló a favor de Blanco y ordenó a la ANSES pagar la sentencia utilizando el índice Isbic. Como es costumbre, el ente previsional pretendió pagar con el Ripte, menos beneficioso, por lo general, para los jubilados, aunque menos costoso para el erario púbico.

La discusión se centra en la forma en que se llega al haber inicial, a partir del cual el jubilado luego cobrará con las actualizaciones trimestrales previstas en la ley de movilidad.

Los salarios iniciales se calculan con el índice Isbic hasta el 31 de marzo de 1995 y, luego de agosto de 2008, de acuerdo a lo que fijó el Congreso en la ley de Movilidad de aquel entonces. Queda un bache de trece años en la zona gris, vinculada con la falta de actualización durante la convertibilidad -y después-.

El fallo Elliff de la Corte Suprema, que data de 2009, dispuso que utilizar el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic). Desde 2016, mediante dos resoluciones, la Anses dictaminó que esa actualización debía hacerse con el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales). La diferencia, en perjuicio de los jubilados, ronda el 45%, según el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.

2) El voto de la mayoría

Los jueces Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti dictaminaron que las resoluciones 56/2018 de Anses y 1/2018 de la Secretaría de Seguridad Social a favor del Ripte son inconstitucionales y que las sentencias deberán calcularse con Isbic hasta que el Congreso emparche ese agujero gris con un índice salarial para delimitar el haber inicial.

Los tres magistrados se basaron en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que dispone que “la ley establecerá (…) jubilaciones y pensiones móviles”. Sostuvieron que, en la causa Elliff, la Corte dictaminó que “el empleo de un índice salarial en materia de jubilaciones apunta a mantener una razonable proporción entre el ingreso de los trabajadores y los del sector pasivo y que, por lo tanto, no podía ser utilizado para limitar la actualización de los beneficios jubilatorios”. Y recordó que la propia Anses usaba el Isbic como metodología de actualización salarial hasta 2016.

Maqueda, Lorenzetti y Rosatti indicaron que, con la ley de movilidad 24.421, el Congreso legisló sobre la actualización de haberes, pero no trasladó a Anses la potestad de cambiar el índice. “Resulta imperativo concluir que la fijación del índice de actualización no puede considerarse incluida dentro de las atribuciones genéricas que la ley 24.241 -texto según ley 26.417- reconoce en cabeza de la Anses, como tampoco dentro de la facultad específica otorgada a la Secretaría de la Seguridad Social”, sostuvieron los jueces. “Cabe concluir que la Anses se ha arrogado una facultad que ya no poseía, como tampoco la tenía la Secretaría de Seguridad Social”, agregaron.

Y trasladan la responsabilidad al Congreso, que “deberá establecer (…) el índice para la actualización de los salarios computables para el cálculo del haber inicial en el periodo en juego”. Los legisladores deberán hacerlo “en un plazo razonable”, agregaron.

“Hasta que ello suceda -continuaron- (…) las cuestiones suscitadas en la presente causa en torno al haber inicial deberán ser resueltas de conformidad con las consideraciones dadas por el Tribunal en el caso “Elliff””, sostuvieron los tres jueces, en lo que sienta un precedente insoslayable para las 150.000 causas en curso.

Los tres jueces más enfrentados con el Gobierno agregaron, por último, un considerando de índole político: “Cabe destacar que es precisamente en tiempos de crisis económica cuando la actualidad de los derechos sociales cobra su máximo significado”, indicaron Maqueda, Lorenzetti y Rosatti.

3) El voto de Highton de Nolasco

La jueza Elena Highton de Nolasco acercó el cuarto voto a favor del jubilado Blanco, aunque no instruyó al Congreso a que legisle sobre la actualización de los haberes.

Para la magistrada, las resoluciones de Anses y la Secretaría de Seguridad Social para pagar con Ripte son nulas, porque sus facultades no se emanan de la ley 24.241. Las resoluciones, sostuvo, contiene “disposiciones de carácter legislativo para las que no se encontraba (la Secretaría de Seguridad Social) facultada”.

4) Rosenkrantz, a favor de Anses

El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, fue el único que acompañó la posición del Gobierno.

El juez sostuvo que la Corte, en el caso “Elliff”, falló a favor de la movilidad de los haberes. Pero, en su opinión, llenó un vacío que se completó cuando la Anses emitió su resolución 56/2018. “La elección del índice de actualización de las remuneraciones (e incluso la determinación del índice de movilidad) no constituye una facultad privativa o exclusiva del Congreso pues no es trata de materia reservada por la Constitución al Congreso”, opinó.

Y agregó: “El legislador mantuvo la obligación legal de actualizar las remuneraciones, pero no fijó por sí el índice de actualización ni tampoco se reservó la facultad de hacerlo”. Por lo tanto, “no puede sino concluirse que el Congreso de la Nación optó por dejar en poder de la Administración -que se encuentra constitucionalmente habilitada para hacerlo dado su competencia reglamentaria- la determinación del índice aplicable a la actualización de las remuneraciones anteriores a marzo de 2009. Ninguna otra alternativa es jurídicamente posible”, consideró.

Rosenkrantz también rebatió el argumento de Blanco -aceptado por la Cámara de Apelaciones- de que, como no había aceptado la Reparación Histórica, no podía ser conminado a cobrar de acuerdo a los índices de actualización de esa ley. Eso, porque la fórmula del índice Ripte -la misma que la de la Reparación Histórica- no surge de esa norma, sino de las resoluciones de Anses y de la Secretaría de Seguridad Social de 2018.

Por Esteban Rafele

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