Jubilados van este jueves a los Tribunales Federales de Mendoza

Jubilados se concentrarán este jueves en los Tribunales Federales de Mendoza para pedir que aceleren su amparo judicial contra la limitación de la entrega de medicamentos con cobertura del 100%
 
Las agrupaciones que nuclean a todos los jubilados de la provincia se concentrarán este jueves desde las 10.30 en la vereda de los Tribunales Federales de Mendoza, en España y Pedro Molina de Ciudad, para solicitar que sea acelerado el tratamiento del amparo judicial presentado por ellas el 5 de abril con el fin de declarar nula la disposición conjunta Nº5/17 dictada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) local, la cual les limita la entrega de medicamentos con cobertura del 100% a sus afiliados.
La medida cautelar, que se ampara en los términos del artículo 43º de la Constitución de la Nación Argentina, se encuentra en el Juzgado Federal de Mendoza Nº2, cuya autoridad es la magistrada Olga Pura Arrabal, quien en su momento la rechazara y pidiera que fuera enviada a Buenos Aires por una cuestión de jurisdicción, lo que finalmente fue desestimado por el fiscal correspondiente al determinar que el fallo definitivo implicaría a la población mendocina y no a todo el país. La competencia corresponde a la Justicia Federal porque se trata de una demanda contra un organismo de carácter nacional.
 
Si bien el amparo, que figura en el expediente Nº12.599/2017 y está caratulado como “Federación de Centros de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la Zona Este-Provincia de Mendoza c/INSSJP s/amparo ley 16.986”, fue presentado por Julio Armando Ortiz y Edgardo Oscar Cicero, presidente y secretario respectivamente de esa organización, su incidencia tiene efecto en todo el territorio provincial.
 
Esto, porque sus patrocinadores consideran que esa acción es ejercida en vista de obtener una resolución con alcance para todos los beneficiarios del sistema que residan en la provincia de Mendoza, ya que el ámbito de actuación de la federación no se circunscribe solamente a los departamentos del Este, sino que alcanza a todo el territorio provincial. 
Así lo deducen al tener en cuenta que esta denominación “no constituye en sí una unidad política o jurisdiccional, por lo cual sus límites no son exhaustivos. Por otro lado, los beneficiarios del sistema que en forma indirecta integran la federación no tienen una residencia geográfica excluyente salvo la de la provincia”.
 
De esta manera, el jueves estarán en la puerta de los Tribunales Federales, además de la entidad originadora de la causa, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina,y las federaciones de Jubilados Mendocinos (Fejumén), Provincial de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales de Mendoza, y de Jubilados del Sur Mendocino.
 
El reclamo para que se reconozca la vigencia de los derechos adquiridos de los jubilados, de incidencia colectiva en general, fue presentado como consecuencia de la disposición conjunta Nº5 emanada de la Secretaría General de Promoción Social y la Secretaría General Técnico-médica del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, publicada en el Boletín Oficial el 5 de enero pasado, que modifica el Anexo I de la disposición conjunta Nº107/GPSYCGPM/2014 y el Mecanismo para la Provisión de Medicamentos previsto en la disposición Nº2.903/GPM/2015.
 
Citaciones en la Legislatura
 
Esta acción va en sintonía con el pedido del senador provincial Gustavo Arenas (FPV-PJ) para que sean citados a la Legislatura los representantes de hospitales, clínicas y demás centros asistenciales de Mendoza que tengan acuerdos con el PAMI, con el objetivo de trazar un diagnóstico completo de la preocupante situación que dejó sin cobertura desde principios de mes a unos 25.000 jubilados mendocinos y establecer así una solución definitiva en forma conjunta.
 
Esta intermediación impulsada por el legislador justicialista tuvo su primer avance cuando –después de sortear la negativa inicial del bloque del frente Cambia Mendoza– asistió al Senado el delegado local del PAMI, Carlos Valcarcel. 
Este encuentro permitió confirmar que ni esta obra social ni el Gobierno provincial han hecho nada para solucionar la falta de atención médica y de controles de los tratamientos, como tampoco las suspensiones de las cirugías programadas, de los miles de perjudicados con las rescisiones de los contratos con el hospital Santa Isabel de Hungría, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y el Hospital de Ojos Caimari.
 
En esa ocasión, en la reunión del funcionario con la Comisión de Salud participaron los representantes de las organizaciones de jubilados de toda Mendoza, los que también estarán cuando acudan las autoridades de los centros sanitarios.
 
En definitiva, los afiliados al PAMI de la provincia son quienes han venido advirtiendo sobre la crisis en los que los ha hundido una serie de medidas desacertadas tomadas por la obra social e incluso han previsto que si nadie soluciona esta penosa situación puede desatarse un conflicto social a fin de mes, cuando venza el plazo perentorio de no innovar que obliga a los prestadores cuestionados a brindarles servicios a los beneficiarios como antes de la caída de los convenios.
 
Ese panorama fue algo de lo que los perjudicados detallaron en la Legislatura, donde encontraron el eco a sus reclamos por parte del senador Gustavo Arenas, autor de los proyectos de resolución que desembocaron en las citaciones de las partes involucradas. En la oportunidad también denunciaron que, a pesar de que rige la obligación de que los sigan atendiendo en los hospitales Santa Isabel de Hungría y Caimari, y la Sociedad Española de Socorros Mutuos, estas entidades se niegan a hacerlo.
 
Fundamentos del amparo judicial
 
Los fundamentos del amparo judicial de los jubilados, basados en la protección constitucional del derecho a la salud, expresan que “la modificación implementada en el sistema de cobertura de medicamentos para los afiliados a PAMI genera una amenaza y una vulneración actual al derecho a la salud, poniendo en riesgo la vida de estas personas, quienes se ven privadas por condiciones materiales de la posibilidad de acceder a medicamentos indispensables por no poder asumir la parte de su costo no cubierto por el INSSJP”.
 
Aclaran además que “existe una obligación estatal de origen constitucional de garantizar una cobertura suficiente de salud de modo de equilibrar en el acceso las asimetrías del sistema social. El art. 75, inc. 23, de la Constitución dispone la obligación del Congreso, y de todos los poderes, en cuanto deben promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución, en particular respecto de los niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad”.
 
Después de definir que “el derecho a la salud se encuentra garantizado en una diversidad de normas de rango constitucional a través del art. 75, inc. 22, de la Constitución de la Nación Argentina” (como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o PIDESC), los argumentos establecen que entre las medidas a adoptar “a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias para la creación de condiciones que les aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.
 

Temas relacionados