Jueces mendocinos declararon la inconstitucionalidad de la ley del 2×1

Rechazaron un pedido de excarcelación de un represor en San Juan.

Jueces mendocinos que integran el Tribunal Oral Federal que juzga delitos de lesa humanidad en San Juan rechazaron un pedido de excarcelación por parte de un represor que fue condenado en 2013 a diez años de prisión. Se trata de Héctor Cortés, Alejandro Piña y el puntano Raúl Fourcade, quienes además establecieron que la ley del 2×1 es inconstitucional y cuestionaron el fallo de la Corte Suprema.

Alejandro Víctor Manuel Lazo recibió una pena de diez años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, abuso deshonesto y asociación ilícita. Por lo tanto, su abogado, Marcelo Fernández Valdez, solicitó que se le dé por cumplida la pena a partir del antecedente que marcó el fallo de la Corte Suprema que benefició a un represor con la derogada ley 24.390, conocida como “la del 2×1”.

Esta norma, indicaba que luego de los dos años de prisión preventiva, si un imputado continuaba preso antes de que su sentencia quedara firme, ese tiempo debía computarse por el doble. La ley estuvo vigente desde 1994 y derogada en 2001. Sin embargo, por el principio de la “ley más benigna”, el Máximo Tribunal, en un fallo dividido, volvió a darle vigencia y generó repudio desde todos los sectores políticos.

El caso

A la hora de evaluar el planteo, el fiscal Francisco Maldonado señaló que no correspondía otorgar el beneficio a Lazo ni a ningún represor porque al momento de la vigencia de esta ley, quienes fueron luego juzgados no estaban ni imputados, “gozando de una impunidad otorgada, precisamente, por otros instrumentos normativos como la leyes de Obediencia Debida y Punto Final”.

Además de la postura del fiscal, el tribunal evaluó que si bien los fallos de la Corte son obligatorios, no se pueden aplicar como si fuese un mero acto de copiar una sentencia. Y aclaró que cada caso debe ser analizado.

Los jueces fueron más allá: explicaron que la ley del 2×1 nunca planteó la excepcionalidad a los delitos de lesa humanidad -como sí lo explicitaba para casos de narcotráfico- por una razón sencilla: estaban activas las leyes de la impunidad y no había posibilidad de juzgar a los miembros del aparato represivo que funcionó en Argentina entre 1975 y 1983.

A partir de esos argumentos, plantean la inconstitucionalidad de la ley del 2×1 y dejan abierta la puerta para que la Corte la estudie y pueda revertir su propio fallo.

Fallo de jueces mendocinos

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