Justicia: la ecuanimidad que la sociedad siempre espera

 

Juicio a Menem, Cavallo y Alsogaray por los sobresueldos
El ex presidente y sus funcionarios están acusados por el delito de peculado, que tiene penas de entre dos y diez años de prisión. La maniobra habría consistido en la implementación y ejecución de un sistema que posibilitó la sustracción de fondos públicos en forma periódica. Hay otros cinco imputados.

Este  lunes comenzará el juicio contra el ex presidente Carlos Menem y sus ex ministros de Economía, Domingo Cavallo; de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y de Defensa, Oscar Camilión, y la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, quienes llegan a esta instancia acusados por los sobresueldos que habrían tenido lugar entre 1989 y 1999. Ante el Tribunal Oral Federal N°4 -compuesto por Néstor Costabel, Oscar Bertuzzi, y Patricia Mallo- intervendrá un equipo del Ministerio Público integrado por los fiscales generales Stella Maris Scandura, Juan Patricio García Elorrio, Diego Velasco y el fiscal ad-hoc Juan Manuel Gaset.

Serán juzgados, además, los ex subsecretarios Raúl Castellini (Ordenamiento Ambiental), Heriberto Baeza González (Asuntos Militares), José Torzillo (Presupuesto y Administración del Ministerio de Defensa), Enrique Kaplan (Relaciones Jurisdiccionales de la Secretaría de Recursos Naturales) y José Coronel (coordinador del Ministerio de Justicia).

Todos los funcionarios están acusados por el delito de peculado, que tiene penas de entre dos y diez años de prisión. La maniobra, ocurrida durante las dos presidencias de Menem, consistió, según establecieron el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita durante la instrucción de la causa, en la implementación y ejecución de un sistema que posibilitó la sustracción de fondos públicos en forma periódica por parte de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Durante el juicio a la troupe de imputados tras su paso por la función pública en los años noventa, desfilarán alrededor de 50 testigos -48 propuestos por la fiscalía- y se estipula que se extenderá, como mínimo, hasta julio.

Según el requerimiento de elevación a juicio, las sumas utilizadas como sobresueldos provenían de partidas presupuestarias asignadas a gastos reservados, «cuyo régimen especial dificultaba en gran medida el control estatal pues permitía la disposición del dinero en efectivo». El dinero habría sido administrado en la Secretaría General de la Presidencia y luego en la Jefatura de Gabinete de Ministros (órgano que reemplazó a la primera a partir de 1994).

Desde esos organismos, eran distribuidas las sumas mensualmente a los titulares de los distintos Ministerios y Secretarias de Estado, quienes se encargaban de poner los fondos «fuera de la esfera de custodia de la administración». Esto lo hacían «apropiándose de su totalidad o haciéndolo respecto de una parte y otorgándole a los funcionarios de menor jerarquía la posibilidad de sustraer la restante». La maniobra “contó con la participación de numerosos funcionarios, cada uno de los cuales lo hizo en un estadio particular de la evolución del ilícito y con una tarea determinada”. En ese sentido, la acusación indica que Menem y Camilión actuaron como autores y los demás imputados como partícipes necesarios.

Fondos comunes vs. fondos reservados

El sistema de administración financiera del Estado (Ley 24153) impone que las erogaciones, pagos y transferencias de los recursos comunes asignados por Presupuesto deben ser manejados a través de órdenes de pago y la “cuenta única del Estado”: la administración del órgano en cuestión emite la orden y la Tesorería General de la Nación cancela la obligación en la cuenta del acreedor. Por el contrario, cuando los fondos asignados a las diversas dependencias resultan ser de carácter reservado, el dinero es depositado en la cuenta de los organismos, que tienen acceso directo al efectivo; por ende, ni la Contaduría ni la Tesorería General poseen registro del uso ni del destino dado a los mismos.

Los imputados

Menem está acusado de haber dispuesto el modo en que se ejecutaría la sustracción del dinero, además de haber ordenado e intervenido en la realización de distintas transferencias entre los organismos del Poder Ejecutivo Nacional. Además, designó a los encargados de la distribución del dinero.

Cavallo, por su parte, habría formado parte de la implementación y ejecución del sistema entre el 31 de enero de 1991 y el 26 de julio de 1996, cuando estuvo a cargo del Ministerio de Economía. En el requerimiento, se detalla una reunión de Gabinete celebrada entre fines de 1992 y principios de 1993, donde el ex funcionario le dio directivas a ministros, secretarios de Presidencia y a Menem para que consignen en sus declaraciones de a las sumas incorporadas a su patrimonio en una proporción que «posteriormente les permitiese alegar que esos montos tenían una finalidad salarial compensatoria».

A Granillo Ocampo se le imputa también la intervención, implementación y ejecución del sistema de sobresueldos mientras se desempeñaba como ministro de Justicia entre el 26 de junio de 1997 y el 9 de diciembre de 1999. Además, se detallan las sumas de dinero sustraídas, que van de los 450 mil a los dos millones de pesos/dólares (según la ley de Convertibilidad).

De acuerdo a la misma pieza judicial, la participación de María Julia se desarrolló durante toda su gestión como Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Presidencia. Está acusada de haber sustraído mensualmente entre 1991 y 1999, 40 mil pesos hasta mediados de 1994 y luego 20 mil pesos. De esa gestión de reparto se habrían encargado el subsecretario Kaplan y Raúl Castellini.

Camilión fue ministro de Defensa de la Nación entre el 5 de abril de 1993 y el 24 de junio de 1996, y sustrajo, según se tiene por probado, entre 20 mil y 50 mil pesos por mes. Estos caudales públicos estaban asignados por ley a su ministerio en calidad de fondos reservados y eran depositados en una cuenta del Banco Nación que exclusivamente manejaba el imputado.

Fiscales

“A fin de asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones de este Ministerio Público Fiscal”, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, resolvió la designación de los fiscales García Elorrio y Velasco, y del secretario Gaset como ad-hoc para intervenir en las audiencias “en forma conjunta o alternada” con Scandura. Ello a fin de “posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que este organismo debe velar”.

La ciudadanía, hoy más que nunca, por el devenir de las circunstancias políticas esencialmente, tiene puesta su mirada en el accionar de la Justicia. Y tiene las expectativas lógicas de suponer que en su independencia y equidad de hoy, puede proyectar su ecuanimidad hacia el futuro garantizando los principios republicanos que toda Democracia exige.

 

 

 

 

 

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