Justicia: las mujeres piden cupo del 30%

La senadora Claudia Najul solicitó, a través de un proyecto de ley, que se establezca el porcentaje del treinta por ciento (30%) como mínimo para ser ocupado por mujeres en la integración de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Najul explicó que esta ley se aplicaría en la medida que se generen vacantes definitivas en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

FUNDAMENTOS

H. Cámara:

El presente proyecto de ley tiene por objeto incorporar el cupo femenino en la composición de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, a través de la llamada doctrina jurídica de la discriminación positiva, corrigiendo una realidad fáctica de desigualdad entre los hombres y las mujeres, la que se contrapone a la igualdad jurídica que se encuentra plasmada no sólo en la Constitución Nacional cuando en su artículo 16 dice: “…Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad…”, sino en innumerables antecedentes internacionales.

En la Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco en 1945 y ratificada por ley 12.195 en su artículo 55 se establece: “…el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades…”.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Asamblea General de la ONU, resolución 217 A, del 10 de diciembre de 1948, en su artículo 21 se establecía que “toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

En la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer aprobada por ley 15.786, el 7 de diciembre de 1960, en su artículo 3° se establece que “las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, en la igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna”.

Resulta también de indudable valor la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer proclamada por la ONU el 7 de noviembre de 1967 que en su artículo 2° establece: “Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas a fin de abolir las leyes, costumbres, reglamentos y prácticas existentes que constituyan una discriminación en contra de la mujer” y en su artículo 4° inciso c) le reconoce “el derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas”.

Esta discriminación positiva que se propicia es de carácter temporal por cuanto la misma deberá durar hasta que los valores culturales lleguen a igualar las normas fácticas con las jurídicas.

La administración de justicia como función del poder estatal ejercida por los órganos judiciales tiene un modo preciso y concreto de expresión que es la sentencia. Esta norma individual creada por el juez al dictar sentencia no es una mera aplicación automática de las normas generales, sino que supone la interpretación como esencial a la función. Y es en esta función en donde resulta trascendente contar con perspectiva de género, fundamentalmente considerando que nuestra sociedad está conformada mayoritariamente por mujeres.

El largo camino recorrido por la mujer para el reconocimiento de sus derechos tuvo en los últimos tiempos jalones de real importancia: como la Ley de Derechos Civiles en 1926, ley 11.357, que permitió que la mujer pudiera tener una participación viva en la historia del país y en 1946 en donde la plataforma de la UCR garantizó el voto a las mujeres y en este marco en 1947 se sancionó la Ley del Voto Femenino. Para llegar en época reciente a la sanción de la Ley de Cupo Femenino, ley 24.012, siendo ésta la más importante, permitiendo de esta forma la efectiva participación de la mujer en la vida política, posibilitando su amplia incorporación al poder representativo por excelencia, el Poder Legislativo, y resultando incuestionables los valiosos resultados alcanzados con sus aportes.
Es en este marco donde se propone la adopción de un cupo semejante en otro de los poderes que integran la tríada que conforma nuestra estructura constitucional del poder, como es el Poder Judicial, en su más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

El presente proyecto de ley se basa en una presentación similar para el Poder Judicial de la Nación, realizada por el entonces Diputado Nacional Dr. Víctor Manuel Federico Fayad y acercado a la Senadora que suscribe el proyecto para su tratamiento en la Provincia por familiares de él y sus compañeras de ruta en su destacada vida labor política, Dra. Nora Vicario y Dra. Sandra Gómez.

Por todo lo expuesto es que se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.

Mendoza, 26 de septiembre de 2014

Claudia Najul
Senadora Provincial
Bloque U.C.R.

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN CON FUERZA
DE LEY:

Artículo 1° – Establézcase el porcentaje del treinta por ciento (30%) como mínimo para ser ocupado por mujeres en la integración de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Artículo 2° – La aplicación de la presente norma se realizará a medida que se generen vacantes definitivas en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.

Artículo 3° – Deróguese toda norma legal o reglamentada que se oponga a la presente.

Artículo 4° – La presente ley comenzará a regir desde su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 5° – De forma.

Claudia Najul
Senadora Provincial
Bloque U.C.R.

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