La admisión de la impudicia

La coima no es acto unipersonal. Necesariamente hacen falta por lo menos dos involucrados: el que la da y el que la recibe.

Cuando la coima se practica en el ámbito gubernamental es inimaginable pensar que no queda comprometido el erario público, es decir el dinero de todos: sobreprecios, presupuestos inflados, licitaciones dirigidas, “peajes”, entre otras constantes, terminan siendo directamente absorbidos por el bolsillo de los ciudadanos.

En esta misma sección hemos hecho referencia al hecho de que  Mendoza nunca adhirió a la Ley de Ética Pública Nacional y tampoco avanzó jamás sobre una norma provincial propia que contribuiría a luchar contra la corrupción.

La misma Corte Suprema de Justicia de la Nación ha encarado acciones concretas para investigar delitos de corrupción contra la administración pública “preocupada  por la cantidad de delitos de lavado de activos, defraudación, cohecho y enriquecimiento ilícito con fondos del erario público”

Argentina es parte, al menos en lo formal, de la  Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de la Organización de la Naciones Unidas contra la Corrupción cuyos preámbulos determinan claramente que la corrupción compromete  “la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia”.

Lo ocurrido recientemente en el coloquio de IDEA de Mar del Plata es altamente preocupante. “¿Es lícito pagar coimas?” fue una de las preguntas de la encuesta que   los organizadores lanzaron sobre los empresarios.

“Aunque minoritario, el porcentaje de potenciales pagadores de sobornos era demasiado alto para un foro que pretende desde sus ponencias construir un país mejor” comentó un diario. Pero creemos que poco importan ahora las respuestas obtenidas.

El hecho se convirtió en un verdadero acto de sincericidio; la admisión descarnada de una realidad que aunque sabida, al menos nadie reconocía públicamente, y menos aún ante semejante auditorio y consecuente repercusión mediática. Determinante es sí, que el 95% piense que la corrupción está frenando el desarrollo del país.

«Pero es que se trata de una extorsión de un funcionario, ¿cómo vamos a condenar al empresario? Sería como condenar que pagás el rescate de un secuestro», opinó un conocido productor agropecuario.

Inconducente sería llegar a pensar que el debate generado blanquea y contribuye a eliminar las hipocresías del “sistema” para que luego todo siga igual.

La toma de conciencia es indispensable para que, con su participación,  la sociedad toda se involucre y dé impulso a los cambios necesarios para terminar con la impunidad de los corruptos -que impide reconocer a aquellos políticos valiosos- y de quienes los corrompen.

 

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