La censura previa pide pista

*Si todos los hechos de la historia universal estuviesen ligados, en la semana que pasó los huesos de los ingleses Milton y Locke, los franceses Mirabeau y Montesquieu y el norteamericano Hamilton habrían crujido en forma.

¿De qué otra manera reaccionarían los «padres» de la libertad de expresión ante la cautelar pedida por Lázaro Báez? El empresario no toleró que Hugo Alconada Mon revelase su fabulosa evolución económica de empleado bancario raso a gran potentado de la obra pública patagónica, asociado al matrimonio Kirchner. En la práctica, de ser concedido el pedido que radicó en un juzgado de Río Gallegos, la censura previa estaría de vuelta llamando a nuestra puerta.

Para gobiernos libres, el tema fue superado hace siglos y hay que remontarse mucho más atrás para encontrar defensores de ese orden tan cerrado. Platón, en su obra Las leyes , propuso cierta reglamentación para controlar y restringir la libertad de los poetas díscolos. Era otra época. No lo haría ahora.

Con la invención de la imprenta, en 1455, la palabra «censura» empezó a adquirir una dimensión más concreta. La circulación de libros e impresos supuso la primera gran revolución del conocimiento de la humanidad. Las cosas se complicaron más todavía cuando, en el siglo XVII, apareció la prensa, que expandió el fenómeno de la lectura rápida e introdujo el concepto de la información, en capas más populares de la población.

Reyes y gobernantes captaron de inmediato el peligro: lo que antes hacían sin cuestionamiento alguno sería sometido a la mirada reprobatoria de esa nueva entidad llamada «público». Por eso, pragmáticas reales, bulas papales, inquisiciones y persecuciones varias se dedicaron con ahínco a restringir ese derecho naciente que las democracias consolidadas convirtieron en un hecho natural de los ciudadanos de países libres no sometidos a dictaduras.

Arturo Pellet Lastra, en su libro La libertad de expresión , detalla cómo en el siglo XVIII la censura fue herida de muerte primero en Inglaterra, luego en Francia con la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, y por medio de la primera enmienda en la Constitución norteamericana, que sirvió de inspiración al artículo 32 de la nuestra («El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal»).

Pensadores y legisladores abrieron así un paraguas legal sobre intelectuales y periodistas para que no terminaran presos o asesinados ni con sus publicaciones quemadas o clausuradas. Fundamentaron que «no se puede reprimir un derecho, se puede reprimir solamente el abuso», lo que implica, en el peor de los casos, una sanción a posteriori, nunca de manera preventiva, ya que de hacerlo se incurriría en censura previa.

William Blackstone decía que «la libertad de prensa es esencial a la naturaleza de un Estado libre y consiste en no establecer una censura previa de las publicaciones».

España tardó un poco más en consagrar ese derecho y la doctrina argentina siguió al principio el ejemplo de la Madre Patria. La Junta Grande emitió en 1811 el primer estatuto de la prensa argentina, que perfeccionó el Primer Triunvirato, al disponer que «todo hombre puede publicar sus ideas libremente, sin censura previa».

Desde 2003, el kirchnerismo exhibe una actitud de desprecio hacia el periodismo, que se volvió virulenta a partir de 2008, al inducir indirectamente dos tipos de autocensura:

1) Sistemático amedrentamiento y difamación de las voces opositoras y establecimiento de normas formales e informales que dañan el patrimonio de las empresas periodísticas críticas y que pretenden restringir su libertad de acción, también por medio de forzados litigios judiciales.

2) Mediante un discrecional manejo de la pauta oficial de publicidad disciplina medios y periodistas. Se incentiva la aparición de nuevos medios y espacios cautivos, y se hace ostensible la conversión a fervientes militantes de la causa oficial de periodistas, locutores y columnistas que hasta hace pocos años eran neutrales u opuestos a la prédica oficial.

Ambos circuitos buscan inculcar la autocensura a la hora de informar de dos maneras bien diferenciadas. En el modo 1) no se informa, o se hace con extremada cautela, para no recibir represalias (insultos, AFIP, escraches, cierre de fuentes oficiales, etcétera); en el modo 2) se oculta, se pasteuriza o se distorsiona lo que se informa para no perder las ventajas laborales o publicitarias logradas, o porque sus voceros se han deslizado hacia la defensa a ultranza que funciona como una suerte de eficaz anestesiante de la dádiva.

Ese mecanismo operó en estos días silenciando o maquillando el tema Báez. El programa/libelo del canal oficial 6,7,8 prefirió escapar por la tangente de otros temas (incluso policiales). Página 12 realzó los maltratos de Oscar Parrilli hacia LA NACION y Clarín, pero presentó pudorosamente el «pedido de cautelar por parte de Lázaro Báez». Tiempo Argentino llevó bien escondido el tema, en página 16, y con un título desopilante («Báez solicitó resguardar la información de sus empresas») también prefirió apuntar para otro lado.

Ahora la autocensura ya no alcanza. Buscan avanzar. Hay que estar alertas..

*Por Pablo Sirvén/La Nación

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