La guerra que pone en riesgo las PASO

*La UCR atacó con el adelantamiento de las elecciones en Capital y Pérez devolvió el golpe con un decretazo que anula el financiamiento estatal de las campañas. Si sigue creciendo esta escalada de violencia, la pelea se judicializará y podría quedar en suspenso toda la reforma electoral.

Al final de otro día de cruces fuertes entre el oficialismo y la UCR, quedó flotando la sensación de que, esta vez, la pelea recurrente de la política mendocina puede llevarse puesto nada menos que el debut de las PASO en Mendoza.

En una provincia donde el diálogo se ha tornado imposible, los logros terminan siendo efímeros. Es por ello que ya quedó muy lejos aquella postal de hace un año, cuando todos se abrazaban en la Legislatura frente a la sanción unánime de la reforma electoral, que fue parcial, pero representó un paso notable.

La actualidad muestra otra cosa. Puede resultar inexplicable, pero el gobernador Francisco Pérez dejó pasar un año para asestarle un golpe duro a aquella reforma que todavía está pendiente de ser aplicada. Por decreto suspendió uno de sus dos efectos principales: el financiamiento estatal de las campañas electorales.

La decisión dejó off side a los propios peronistas, ya que fue el propio laboratorio oficialista del Senado, comandado por el vicegobernador Carlos Ciurca, el que dio aire a este cambio que pone a Mendoza unos pasos adelante de la Nación.

La regulación aprobada en tiempos de Néstor Kirchner abarca exclusivamente a los medios audiovisuales, pero en Mendoza hubo quiénes se animaron a ir un poco más allá y establecieron también una administración equilibrada entre los candidatos de los espacios publicitarios en medios gráficos y vía pública.

Es muy curioso lo que ha pasado con el correr de los meses. Hoy hay quienes sostienen que aquellos artículos de la ley 8619 no tuvieron en cuenta la complejidad de organizar la distribución de la propaganda ni el problema económico para el Gobierno provincial, que no dispone de los espacios como el Estado Nacional, se los tiene que comprar a los medios y las empresas de publicidad.

Dicen en el oficialismo que los radicales deberían haber esperando el anuncio de las elecciones unificadas, que les permitiría acceder a los candidatos provinciales, gratuitamente, del 30 por ciento de los espacios publicitarios que concede la Dirección Nacional Electoral.

Los argumentos del PJ contra una ley que impulsó el PJ son, tal vez, atendibles, a pesar de que son una paradoja porque tienen origen en el propio oficialismo. El problema es que son esgrimidos 12 meses después de la sanción de la ley. O sea, muy tarde.

Vendetta

Pero el lío económico y organizativo no es esa la razón de lo que está pasando. La reacción de Pérez es en realidad una respuesta política contra Alfredo Cornejo, a quien considera el responsable intelectual del adelantamiento de las elecciones en la Capital.

A la sociedad Suárez-Cornejo, el justicialismo le imputa haber roto códigos con el adelantamiento de las elecciones capitalinas. Ese apresuramiento le quitó al gobernador iniciativa política y poder electoral, que era lo que ostentaba cada vez que decía que el cronograma de 2015 se definirá recién después de marzo.

El peronismo y principalmente Pérez sintieron que su mayor adversario le estaba clavando una puñalada. Y entonces le devolvió otra. El problema de los dos ahora es cómo evitar que esta escalada de violencia política congele el relevante cambio institucional de las PASO.

Judicialización

El peligro de la judicialización está a la vuelta de la esquina. El propio radicalismo amenazó este martes al PJ con una demanda contra Pérez y todos sus ministros por la suspensión de una parte vital de la ley 8619.

Los radicales analizan emitir un amparo, una revocatoria o una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de Pérez, bajo el argumento de que el gobernador no tiene facultades para suprimir capítulos de una ley que se sancionó hace un año.

Pero esta medida no será inmediata. Primero habrá una movida política: los representantes de la UCR asistirá a la comisión de seguimiento de la reforma electoral a pedir la anulación del decreto de Pérez.

Esta comisión tiene miembros de los tres poderes y se reúne mañana después de un letargo prolongado. Pérez condenó a la modorra a ese organismo institucional por mantener pisado el cronograma de las elecciones del año que viene. Pero las elecciones adelantadas de la Capital y el decretazo del gobernador, anulando parte de la ley que creó a la propia comisión, le han dado de repente mucho que hacer y discutir.

También puede esperar el principal partido opositor que el decreto de Pérez llegue a la Legislatura para tratar de darlo vuelta en la votación. Son varias las opciones que maneja la UCR y la decisión puede dilatarse un poco frente a los riesgos que conlleva la judicialización del conflicto.

La Justicia, frecuentemente, procura devolverle a la política los problemas que la propia política genera. Prefiere no incidir. El recuerdo en ese sentido es muy fresco. Los radicales judicializaron la disputa por el endeudamiento de este año y la Corte les dio la razón, pero los invitó a encontrar una salida política. Consecuencia: la pelea se resolvió por los carriles normales, es decir, a través de la sanción tardía del presupuesto 2014 en la Legislatura.

El problema en este caso es que la UCR no tiene tanto tiempo para buscar soluciones. Las PASO de Capital se harán el 22 de febrero y esto hace que el cronograma electoral capitalino comience a fin de mes. Pero desde el PJ advierten que si la ley de las PASO se judicializa, posiblemente las elecciones de Capital queden suspendidas.

La vendetta de Paco contra Cornejo sería entonces una realidad, aunque los perdedores en realidad serían todos los mendocinos, a quienes la política les sigue escatimando cambios urgentes para el sistema electoral de la provincia.

Fuente MDZ/por Juan Carlos Albornoz/ imagen Nacho Gafuri

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