La UCR aprovechó anuncios de Cristina para destacar la renegociación que realizó en Mendoza

El diputado Enrique Vaquié señaló que el canje del bono Aconcagua, que se realizó entre 2003 y 2005, incluyó medidas que ahora propone el Gobierno Nacional. Criticó al kirchnerismo por su «insistencia en el fracaso».

 

El radicalismo mendocino aprovechó la reapertura del canje anunciada por Cristina este lunes, en una operación que involucra unos 1.300 millones de dólares, para poner en valor la renegociación de la deuda mendocina, que en su momento reflejó contrapuntos con la nacional.

Dos gestiones radicales (Roberto Iglesias y Julio Cobos) tuvieron como mochila la renegociación del bono Aconcagua, que fue emitido en 1997 por 250 millones de dólares. Ese bono se convirtió en otro que, gracias al canje, recibió quitas y vence recién en 2018 (Mendoza 18). La renegociación se llevó a cabo entre 2003 y 2005 y se consiguió canjear más del 99 por ciento de los bonos originales.

Aunque más tarde hubo «sinergia» gracias a Julio Cobos, el escenario político mostraba en aquellas épocas a gestiones radicales provinciales que en materia de deuda no se alinearon a la estrategia nacional, a cargo del Frente para la Victoria.

Si bien la Provincia tenía en esos años una «relación de caballeros» con el ministro de Economía de Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, en el Gobierno provincial no cedieron a las presiones y la operatoria mendocina se concretó antes que la nacional.

Pero además, Enrique Vaquié, actual diputado nacional y ministro de Hacienda de la provincia en la gestión de Iglesias, precisó que la estrategia local tuvo dos aciertos claros que ahora la Nación intenta conseguir.

Aciertos. Vaquié explicó que el viejo bono Aconcagua tenía como condición lo que se denomina «renuncia a la inmunidad soberana», un beneficio a favor de los bonistas para hacer juicios en el exterior. Pero la renegociación estableció una cláusula ajena a la tradición del mercado que fue que esa renuncia no alcanzara el pago de los nuevos bonos.

Hubo resistencias, pero cerca del 60 por ciento aceptaron esta nueva condición en el primer canje. En tanto, en el segundo canje se sumaron casi todos los bonistas, quienes se plegaron porque la opción de entablar un litigio «los obligaba a hacer juicio en Mendoza», explicó Vaquié.

Esta característica guarda semejanzas con la decisión nacional de proponer que los bonistas remplacen los títulos actuales por nuevos bonos que se paguen en Argentina, después de años de afrontar litigios en Nueva York con un resultado negativo. «Mendoza, en cambio, nunca tuvo que soportar al juez Griesa», contrastó Vaquié.

Otra medida mendocina destacada por Vaquié en comparación con la nacional fue que la operatoria provincial no tuvo nunca un cierre definitivo. «Lo que hizo Mendoza fue cerrar el canje, pero dejó claro que si alguien que no había entrado quería entrar, existía la obligación de aceptarlo», indicó el actual diputado nacional de la UCR.

Esta condición impidió que los bonistas rebeldes al canje denunciaran ante la Justicia discriminación por quedar sin posibilidad alguna de cobrar. Vaquié indicó en este sentido: «Se evitó ser acusado por no cumplir con el pari passu, que es el centro de la sentencia de la Cámara de Apelaciones de NY, mientras que Argentina, en cambio, dictó la Ley Cerrojo vigente hasta hoy. Esa es la ley que Cristina, precisamente, ahora quiere cambiar».

El economista radical señaló además que estas medidas mendocinas buscaron darle «robustez» al canje mendocino e impedir que un porcentaje menor lo dañara, cosa que ocurre a nivel nacional, donde la resistencia es ejercida por apenas el 0,5 por ciento de los bonistas.

Defensa K en Twitter. Salvando las comparaciones trazadas desde el radicalismo, la confrontación política por la medida de Cristina fue menor en Mendoza.

Aunque va a revisar la «letra chica» porque tiene algunas dudas, el radical Vaquié no descartó la posibilidad de votar el proyecto de Cristina cuando llegue el Congreso. Eso sí, remarcó que la Nación cambió su estrategia «recién después de recibir fallos adversos durante tres o cuatro años. Es más, hasta el domingo pasado, Lorenzino y Kicillof defendían lo que se había hecho. Lo que critico es la insistencia en el fracaso».

Por el lado del Gobierno, en tanto, la defensa de la medida se redujo a una frase en Twitter del ministro de Hacienda, Marcelo Costa, quien reclamó que los opositores sean nacionalistas en sus planteos. «Algunos economistas, politicos, empresarios y medios, se deben dar cuenta que el fallo Griesa pone en riesgo a la Argentina y no a CFK», escribió el funcionario provincial en la red social.

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