Lectura de domingo: columnas políticas nacionales

Votos, impunidad, espías y corrupción/Eduardo Van Der Kooy/CLARIN

Cristina Fernández se empieza a despedir pero parece dejarle como herencia a esta empobrecida democracia, luego de dos mandatos, una escuela inadecuada. Se han distorsionado en este tiempo nociones básicas para el funcionamiento de cualquier sistema y cualquier comunidad. El respeto por la ley, el resguardo de un orden razonable, la decencia, el valor de la palabra pública, la confianza, la armonía. Queda la impresión de que lo peor puede siempre suceder en la Argentina sin que augure un límite o un punto de inflexión colectivo. Todo valdría. También se diluiría. El derrotero de la denuncia y la muerte del fiscal Alberto Nisman podría resultar, en ese aspecto, el reflejo más dramático.

Aquella enseñanza podría haber tenido contagios impensados. Poco y nada de lo que sucede entre el Gobierno y el Poder Judicial sorprende. Tampoco los malabares de los presidenciables, inquietos antes por edificar una alternativa de poder en televisión que con la articulación de ideas, proyectos y consensos. Pero nadie podía imaginar, a 31 años de recuperada la democracia, tan severas irregularidades en un proceso electoral. Fue lo que ocurrió en las primarias de Santa Fe, una provincia que supo marcar una huella –copiada en el plano nacional– para mejorar el sentido de la participación popular.

La administración socialista cometió el horror de omitir nada menos que el conteo del 10% de los votos emitidos. Eso podría llegar a modificar el orden final del escrutinio que el macrista Miguel Del Sel encabezó sobre el Frente Amplio Progresista, que representó Miguel Lifschitz y del FPV del diputado Omar Perotti. La alteración sería lo de menos porque resta la elección definitiva del 14 de junio. Preocupa mucho más el encapsulamiento del poder provincial que pretendió minimizar el equívoco.

Se apuntó primero contra algunos medios de comunicación que mencionaron la posibilidad de un fraude, sólo como eco de las iniciales denuncias de dirigentes de la oposición. Hubo que escuchar a Antonio Bonfatti decir que el error podría haber obedecido a que “tal vez, nos extralimitamos en ser transparentes”. El gobernador socialista es un hombre sumamente respetable. Pero pareció tentado de convertir la falencia electoral en una supuesta maldad de otros. Ni una rama se movió, pese a todo, en el tronco de su poder. El error no ha tenido aún responsables. Un síndrome común de la era kirchnerista.

¿No sigue siendo Amado Boudou, acaso, el vicepresidente con dos procesamientos sobre sus espaldas? ¿No continúa Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte, bien campante, con 27 procesos judiciales y una condena de seis meses de prisión en suspenso, por haber recibido dádivas? ¿No logró el Gobierno que la Justicia, con una leve modificación de la pena, evitara la prisión para la ex ministro Felisa Miceli, también condenada? ¿No logró el mismo Gobierno, con maniobras impúdicas entre jueces, enterrar la denuncia por encubrimiento terrorista que había hecho Nisman contra Cristina y Héctor Timerman? ¿No entorpece de todas las formas posibles la investigación de Claudio Bonadio por Hotesur, la empresa que administra una cadena hotelera de la familia Kirchner?

El interrogante consiste en saber hasta cuándo el kirchnerismo podrá conservar ese enorme dique de contención. El tiempo electoral lo ayuda, porque como casi todas las instituciones argentinas están bajo sospecha, los magistrados se ven obligados a calibrar bien sus movimientos. No querrían que sus decisiones fueran interpretadas en clave electoral. A favor o en contra del Gobierno. A favor o en contra de la oposición. Eso describiría con elocuencia la baja calidad de la democracia. No está bien, pero es así.

Esa superficie amansada no sería, sin embargo, el reflejo de cuestiones que siguen fluyendo con intensidad en lo subterráneo. El procedimiento para clausurar la denuncia de Nisman pareció tan forzado que ya habría jueces y fiscales dispuestos a formular a futuro, cuando alumbre el nuevo Gobierno, un replanteo. Existiría un flanco permeable dejado por Daniel Rafecas, por dos de los tres jueces de la Sala I de la Cámara Federal y por la propia Casación. Aquella denuncia por el atentado en la AMIA y el Memorándum de Entendimiento con Irán ni siquiera se consideró. No hubo investigación, ni juzgamiento. Menos, necesidad de algún sobreseimiento. Podría volverse sobre el tema sin incurrir en la todavía controversial teoría del “doble juzgamiento”, que la Corte Suprema convalidó de hecho cuando desestimó un recurso de Juan José Galeano. El ex juez había sido sobreseído en la causa de la mutual judía aunque será sometido a juicio oral a partir de agosto.

Aquellos jueces y fiscales tampoco pierden de vista las maniobras que el kirchnerismo continúa urdiendo en torno a Nisman. Hay una verdadera obsesión con Jaime Stiuso. Al espía, ahora clandestino en Estados Unidos, se lo pretende vincular a la denuncia y a la muerte del fiscal. Cristina va enriqueciendo su argumentación. El espía habría sido una pieza clave de un organigrama que envolvería a Nisman con los fondos buitre (Paul Singer) y dineros de la comunidad judía (AMIA y DAIA) en el exterior. La Presidenta no se privó de desarrollar esa ficción en su glamoroso paso por Rusia. Fue para ella como regresar a las fuentes: las viejas conspiraciones de la sinarquía internacional que adornaron invariablemente las arengas de los 70.

El Gobierno está acelerando la investigación de su denuncia contra Stiuso por enriquecimiento ilícito. La hicieron Oscar Parrilli y su segundo en la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), el camporista Juan Martín Mena. Desde otro andarivel, con un interés distinto, aportó información el legislador Gustavo Vera, de La Alameda. Cercano al papa Francisco. La UIF de José Sbatella y el fiscal antilavado, Carlos Gonella, suministran todos los datos que recaban. Aún los insulsos. Pero el fiscal Ramiro González se estaría encontrando con algunos obstáculos por el momento insalvables.

¿Cuáles? La denuncia K apuntó a un montón de extrañas sociedades en las cuales figura Stiuso, como presuntas usinas de su enriquecimiento ilícito. Sucede que la mayoría de las indagadas hasta ahora habrían funcionado a modo de pantalla de operativos de la ex SIDE, ordenados en las épocas de Néstor Kirchner y de Cristina. Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, por más de una década con el timón de la Inteligencia, podrían dar fe de los procedimientos.

Stiuso volvió a no presentarse a declarar esta semana ante la convocatoria de los fiscales de la unidad AMIA, que dirigía Nisman hasta que murió. La premura judicial que mostraría el kirchnerismo respondería a su propósito de reclamar, quizás, su extradición. Primero debería saber dónde está. Y evitar que el espía obtenga su condición de asilado político que tramita. Cristina podría enfrentarse a otro lío diplomático y político con Washington. No le desagradaría en este trance electoral.

Stiuso habría aparecido también, tangencialmente, en el testimonio que Elisa Carrió brindó ante la Justicia por la muerte de Nisman. La diputada reiteró su tesis de que durante el 18 de enero hubo zona liberada en la vecindad del apartamento donde vivía el fiscal. Lo cual habría permitido obrar, a juicio suyo, al grupo que se habría encargado de liquidar a Nisman. Todo con el presunto soporte logístico brindado por el general César Milani, jefe del Ejército. El hilo conductor de Stiuso se enlazaría, en este caso, con la ex esposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, y con su actual pareja, Guillermo Elarza. Este abogado empresario es investigado por haber sido portador de la revista Noticias, dos días antes de la tragedia, en la cual el fiscal apareció como premonición con un punto negro dibujado en su frente. Las pistas se habrían enredado. Elarza demostró que llevó esa revista a un club de Núñez, donde habría pasado por otras manos.

Tampoco la causa Hotesur estaría congelada, al margen de las apariencias. Las presiones brutales de Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico, no habrían alcanzado para que la Cámara de Casación acepte la recusación de Bonadio presentada por la sobrina de la Presidenta. Ahora Lázaro Báez pretendería arrebatarle la causa. El poder tendría casi una certeza: el juez no estaría aún en condición solvente de citar a declarar a Máximo Kirchner. A Bonadio, como al resto de los magistrados, le pesaría tomar decisiones cruciales cuando asciende la temperatura electoral. Pero seguiría acopiando pruebas. Algunas sorprendentes: un entrecruzamiento de los pasajeros alojados en los hoteles K de El Calafate y las listas de la Dirección de Migraciones de turistas ingresados al país, aportarían curiosas coincidencias. Falta verificar si esos mismos turistas, efectivamente, terminaron viajando hasta Santa Cruz. Las lupas han comenzado a posarse sobre el Ministerio del Interior.

Ese país contaminado y turbio empieza a ser enmascarado por la fiebre electoral. Pasaron las primarias en Mendoza y Santa Fe. Le toca hoy el turno a Capital. Casi no habrá respiro hasta finales de octubre o de noviembre, según haya o no balotaje. Siempre late la esperanza de que, en algún momento, la democracia argentina deje de limitarse sólo al ejercicio de votar.

 

Un corte a la Corte/Horacion Verbitsky/PAGINA 12

La Corte Suprema está sumida en una grave crisis, por la pugna de su presidente con el Poder Ejecutivo, el deterioro de sus integrantes y la obstinación opositora en impedir que se integre como ordena la ley. Sólo una inteligente negociación política puede controlar este desborde de un poder contramayoritario que se ha salido de quicio. El gobierno de los jueces es elitista y antidemocrático.

Igual que Alicia Saadi en 1993, Ricardo Lorenzetti apuró su rrrreelección cuando aún le quedaba un tercio de su mandato: tres sobre nueve años a la senadora riojana, uno sobre tres al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces como ahora, la motivación fue tanto política como personal: Carlos Menem necesitaba más senadores para declarar la necesidad de reformar la Constitución; Lorenzetti está lanzado a una abierta confrontación con la presidente CFK. Aquel escándalo fue tan grande que Antonio Cafiero, José Octavio Bordón, Alberto Rodríguez Sáa y otros senadores peronistas se unieron a radicales y provinciales para aceptar la renuncia de Saadi, y Menem debió acordar la reforma con Raúl Alfonsín. Hoy sólo una negociación política amplia e inteligente puede rescatar a la Corte Suprema de su grave crisis, debida a esa pugna, al deterioro de sus integrantes y a la decisión opositora de no aprobar ningún pliego que envíe el actual gobierno.

El secretario del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, Gustavo Arballo, quien no se opone a la reelección de titulares de Corte y considera a Lorenzetti muy buen presidente, consignó en su cuenta de Twitter que “el adelantamiento de la elección –y su difusión en diferido– es injustificable”. Arballo parece referirse al ocultamiento que la Corte hizo de lo decidido. El apuro tiene que ver con la situación crítica del cuerpo colegiado, donde hay una vacante sin cubrir y tres jueces con distintas afecciones que dificultan su funcionamiento. Elena Highton de Nolasco, de 72 años, padece un problema osteoarticular apreciable a simple vista y se ha desmayado dos veces en el tribunal. Juan Carlos Maqueda, de 65, ha sido internado por trastornos cardíacos e intestinales, que le hacen abandonar de improviso sus tareas. Carlos Santiago Fayt cumplió 97 años en febrero, pero es dudoso que lo sepa. Rara vez asiste a la Corte y la bruma avanza sobre él, inexorable como las cenizas del volcán chileno. Los dos diarios asociados en Papel Prensa y Expoagro coincidieron en encomiar la rrrreelección como un blindaje “frente a posibles ataques políticos” (Clarín) o “ante un posible embate del gobierno” (La Nación). Ambos repiten los conceptos que el propio Lorenzetti les comunica a través de su encargada de imagen, María Bourdin, pero se abstienen de explicar las razones de tan “notable antelación”, según el calificativo del columnista del Grupo Clarín y de La Nación, Adrián Ventura. Lorenzetti convino anticipar la elección con Maqueda, en quien delegó presentar la propuesta. Era preciso hacerlo ahora, dado que si la caducidad de Fayt redujera la Corte a tres miembros Lorenzetti sólo podría retener el cargo votando por sí mismo, como hizo hace dos décadas su inolvidable antecesor Buby Nazareno. Ahora, en cambio, fue designado por sus tres colegas pero él votó por Highton de Nolasco, también reelecta como vice. El arriesgado plan que Lorenzetti le propuso a Maqueda era mantener la votación en secreto y oficializarla sólo si el Poder Ejecutivo propiciara la ampliación del número de miembros de la Corte o la inhabilidad de Fayt se hiciera inocultable pese al actual sigilo sobre su estado. Sin embargo, al día siguiente, la Corte la difundió en su página de Internet, lo cual motivó el disgusto de Maqueda. Lorenzetti lo calmó atribuyendo la filtración a un error de la burocracia y exhibiendo la conformidad de los medios que a ambos les importan.

El mismo martes 21 el tribunal declaró nula la lista de conjueces de la propia Corte, enviada por el Poder Ejecutivo. La articulación de ambas decisiones es obvia: también en este caso Lorenzetti y los jueces que lo siguen actuaron como guardias platónicos (la expresión es del predecesor de Thomas Griesa en el juzgado de Wall Street, Learned Hand) para impedir los desmanes de los simples mortales elegidos por el pueblo.

Hasta ahora nadie ha destacado que el pronunciamiento de la Corte sobre los conjueces se produjo en dos causas en las que sus miembros se habían excusado. Ante las excusaciones en cadena, ya que la controversia versaba sobre salarios judiciales, en 2007 la Corte pidió al Poder Ejecutivo que enviara al Senado una lista de abogados conjueces. Cuando el Poder Ejecutivo lo hizo y el Senado les prestó acuerdo, la Corte reasumió los casos y declaró nula la lista. Justificó su insólita des-excusación en el riesgo de una privación de justicia, que pondría límite al deber de excusarse en aras de la imparcialidad, y ante una trasgresión a “principios fundamentales inherentes a la justicia”. El interés de las partes se redujo así a una mera excusa para afirmar el poder de los funcionarios judiciales en contra de la voluntad de los poderes de elección popular.

El argumento que desarrolla Lorenzetti es razonable: si los conjueces van a cumplir las mismas funciones que los ministros de la Corte Suprema, deben ser elegidos con idénticos requisitos, como el acuerdo por los dos tercios de los miembros presentes del Senado establecido en la reforma constitucional de 1994. De ese modo se busca “un imprescindible equilibrio político”, limitar el posible favoritismo presidencial, impedir el predominio de intereses subalternos y consolidar la independencia del Poder Judicial. Pero una vez afirmado lo que la Corte llama un pilar esencial del sistema republicano de división de poderes, incluyendo citas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el propio tribunal lo derriba sin contemplaciones, al admitir que intervengan como conjueces los presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones. En su penúltimo breve considerando, con apenas 134 palabras, Lorenzetti dice que los presidentes de Cámaras sí fueron designados según los procedimientos constitucionales, por lo cual pueden “administrar justicia en forma independiente e imparcial”, un argumento que de tan paupérrimo da vergüenza ajena: fueron los procedimientos constitucionales para ser camaristas, no jueces de Corte. Ya en 2006 el diputado Alberto Balestrini había presentado un proyecto de ley suprimiendo las suplencias por jueces de cámaras y exigiendo que los conjueces fueran electos con los dos tercios de los votos del Senado.

Alexander Bickel en Estados Unidos y Roberto Gargarella en la Argentina escribieron sobre el carácter contramayoritario del Poder Judicial. Bickel dice que Alexander Hamilton y el cuarto presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Marshall, invocan al pueblo para justificar la revisión judicial cuando, en realidad, lo que hacen es justificar una frustración de esa voluntad. El control que ejercen no favorece a la mayoría sino que la contradice. En uno de sus primeros libros, La justicia frente al gobierno, que escribió en 1996 recién concluido su doctorado en Chicago y su post doctorado en Oxford, Gargarella sostiene que la silenciosa sustitución de la voluntad popular por los jueces está en el origen del Poder Judicial estadounidense, esquema que la Argentina importó. En asambleas populares que presionaban a las legislaturas locales el pueblo resistía el pago de deudas agobiantes. El establishment respondió confiriendo un poder desproporcionado a la justicia. Para Hamilton no había tiranía más opresiva que la de “una mayoría victoriosa”, propensa a seguir a “demagogos y politiqueros”. De este modo, el poder democrático de las legislaturas fue presentado como si fuera un instrumento de tiranía y opresión. Gargarella explica que cuando Madison abogó en la Convención Constituyente por los derechos de las minorías, sólo se refería al “núcleo de los más favorecidos de la sociedad” que integraban los acreedores y grandes propietarios. El “grupo selecto y fiable” del Poder Judicial controlaría los atropellos de las legislaturas y sus decisiones serían independientes de las que pudiese producir el debate público. La exacerbación de este cuadro ante las reformas del New Deal llevó al presidente Franklin D. Roosevelt a decir en 1937 que la Corte Suprema había asumido el rol de una tercera cámara del Congreso, al punto de que era preciso “salvar a la Constitución de la Corte y a la Corte de sí misma”. Roosevelt fracasó en el intento y el modelo de Hamilton quedó consagrado en forma definitiva. Los fallos de la Corte estadounidense están en sintonía con los intereses de las grandes empresas.

De todos modos, el Poder Ejecutivo retiene allí la facultad de designar al presidente vitalicio de la Corte Suprema. Lo mismo ocurrió aquí desde Bartolomé Mitre hasta Hipólito Yrigoyen. Producido en 1930 el primer golpe militar del siglo XX, la Corte Suprema reconoció al gobierno del dictador José Félix Uriburu, alegando que poseía la fuerza necesaria para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y que se había comprometido a mantener la supremacía de la Constitución y de las leyes. En retribución, la dictadura delegó en la Corte la designación de su presidente vitalicio. En 1946, la Corte dispuso que todos sus miembros se turnarían en la presidencia por orden de antigüedad, en períodos de tres años. Al finalizar la última dictadura, ese carácter rotativo fue reemplazado por la voluntad de los jueces de la Corte. Así, Nazareno la presidió desde 1993 hasta 2003, lapso que ahora se propone superar Lorenzetti.

El avance contramayoritario sobre los poderes emanados de la voluntad popular termina de comprenderse con el fallo “Colegio de Abogados de Tucumán”, firmado por la Corte una semana antes. El 14 de abril, la Corte desestimó una queja de la provincia de Tucumán contra una resolución de la Corte Suprema provincial sobre los artículos que la Convención Constituyente de 2006 dedicó a los procedimientos para reformar la propia Constitución, al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La Corte nacional dejó firme la resolución del Superior Tribunal tucumano, pero en sus considerandos expandió el concepto de caso judicial y de legitimación hasta un punto en que la Corte Suprema se coloca a un paso del control de oficio, incluso de las decisiones de una asamblea constituyente. En el considerando 9 afirma que en “situaciones excepcionalísimas”, cuya apreciación queda librada a la opinión de los jueces supremos, cuando se denuncian lesiones “a la esencia de la forma republicana de gobierno”, la simple condición de ciudadano legitimaría a actuar en defensa de la Constitución amenazada, lo que implicaría admitir la acción popular. Pero en el considerando 12 aclara (o se contradice) que se trata de la acción aristocrática: no está legitmado cualquiera, sino alguien con ciertas características institucionales. En este caso es el Colegio de Abogados de Tucumán; en general, quien la Corte Suprema decida. Semejante extensión del concepto de causa comprende todos los asuntos, sin excepciones, lo cual desnaturaliza una correcta aplicación de la doctrina de la división de poderes. Los jueces son la última palabra en las causas, cuando una parte alega ser damnificada por el desconocimiento de un derecho. Este sistema de control difuso de constitucionalidad diferencia a los jueces, que resuelven casos particulares y no generales, de los Ayatolás de la revolución iraní que tienen la última palabra en todo, también en la política. ¿Quién controlaría a los jueces si, como de 1930 a 1976, fueran ellos quienes pusieran en riesgo los principios fundamentales que hacen a la esencia de la República? La voluntad de tres jueces supremos prevalece hoy sobre cualquier otra, incluyendo los poderes provinciales y federales elegidos por el pueblo, y sólo puede ser corregida por los dos tercios de ambas cámaras del Congreso, juicio político mediante.

Esto es muy seductor para los discretos intereses corporativos y para los políticos estridentes que repiten consignas que aquellos transmiten por canales mediáticos. Lorenzetti se propone como garante contra aquella mayoría victoriosa que en la Argentina de 2015 insiste en seguir a demagogos y politiqueros. Lo hace a través de su operador personal Nicolás Fernández, de presencia cotidiana en la Corte, y mediante la relación que ha desarrollado con el presidente de la UCR, Ernesto Sanz. Si la dirigencia política pudiera levantar la vista un poco más allá de las conveniencias de la coyuntura, tal vez se propondría explorar la posibilidad de un acuerdo amplio que pusiera los goznes a un sistema judicial que gira peligrosamente fuera de quicio.

 

El país insignificante que dejará Cristina/Joaquín Morales Solá/LA NACION

Es probable que Cristina Kirchner haya jugado en Rusia más un partido local que uno internacional. Fue, seguramente, una manera de continuar con su posicionamiento como una líder de izquierda para cuando ya no esté en el poder. Ése es el lugar que se reserva, como una figura duramente opositora ante el próximo presidente, sea quien fuere. Cree (y, quizás, es en lo único en que tiene razón) que la futura administración hará políticas más pragmáticas que la suya. La percibe a su derecha y quiere que así sea. El proyecto es, desde el principio, un extravío de la inteligencia por el sólo hecho de haber convertido la política exterior del país en un campo de batallas domésticas.

Sin embargo, el error es mucho más grande que esa lamentable confusión entre lo externo y lo interno. Por lo que dijo y por lo que insinuó en Moscú, fue una aceptación explícita de que sólo tiene dos aliados estratégicos, Rusia y China, y otros dos amigos cercanos, Irán y Venezuela. Ninguno de esos países vive en un Estado de Derecho. En todos ellos, las libertades públicas están suprimidas, el periodismo libre ha dejado de existir y dirigentes opositores están presos o muertos. En la etapa final de su mandato, Cristina Kirchner dilapidó el único capital que tenía su gobierno en el exterior: la defensa de los derechos humanos. Aunque aquí no es una sorpresa, afuera sí lo es. Esa defensa se agota en el juzgamiento de lo que pasó hace 40 años en su país.

Cristina elevó a Vladimir Putin al rol de protagonista clave en el mundo político y económico. No es verdad. Rusia padece una economía en grave decadencia por las sanciones que le aplicaron los Estados Unidos y la Unión Europea tras la invasión de territorios de Ucrania, y porque cayó el precio del petróleo y el gas, que son sus principales materias primas exportables. El supuesto liderazgo político de Putin se limita a su papel de bravucón militar, capaz de recuperar por la fuerza un territorio, el de la ucraniana Crimea, que considera ruso. Fue una clara violación del derecho internacional y de las formas modernas de convivencia entre los países. Fue también una extorsión a los países occidentales: una reacción militar de éstos ante la invasión de Crimea, y de otros estados de Ucrania, podría haber provocado una guerra mundial.

Cristina fue uno de los pocos líderes del mundo que apoyaron a Putin cuando éste invadió Crimea, y ahora acaba de acordar con el jefe del Kremlin que habrá ejercicios militares conjuntos entre Rusia y la Argentina. ¿Por qué se queja la Presidenta cuando los británicos aumentan su presencia militar en las Malvinas? ¿No está haciendo ella, acaso, todo lo posible para provocar la desconfianza internacional? ¿Qué objetivos comunes pueden tener los militares rusos y los argentinos que justifiquen maniobras conjuntas? Si bien es cierto que Putin la esperó con más promesas que anuncios, también lo es que la eventual construcción de una central nuclear en la Argentina por parte de Rusia agrega tensiones inútiles con Occidente.

Con todo, el acto más transgresor que cometió en Moscú fue referirse de manera peyorativa o crítica a terceros países o a otros líderes. Eso lo hacen sólo los países que están fuera de cualquier órbita. Se puede criticar a un gobierno extranjero desde el país que la Presidenta gobierna, pero no desde otra nación. Menos aún cuando Rusia pasa por momentos de enfrentamientos con los criticados por Cristina. No respetó un canon elemental de la diplomacia internacional.

Cristina está enojada con Obama y éste ha resuelto hacer poco y nada para conseguir su simpatía. El presidente norteamericano espera, sencillamente, que arribe un nuevo gobierno a la Argentina. La mirada de Obama a Cristina en la reciente cumbre de Panamá, que registró una elocuente media sonrisa del jefe de la Casa Blanca, fue el gesto de una despedida que oscilaba entre la ironía y la indiferencia. La Presidenta sabe leer esas expresiones y su resentimiento se agravó. Criticó desde Moscú a Obama por las exportaciones argentinas de carnes y limones.

El mayor reproche que la Presidenta le hace a Obama es que éste no detuvo la escalada judicial norteamericana contra el país impulsada por los fondos buitre. El gobierno de Washington se presentó ante la Corte Suprema norteamericana para respaldar la posición argentina; sostuvo que era mejor para el sistema financiero internacional que se respetaran las refinanciaciones de las deudas soberanas. La Corte no le hizo caso y decidió dejarle las manos libres al juez Thomas Griesa, quien ejecutó su sentencia, lo que concluyó en el actual default selectivo de la Argentina. Autorreferencial como siempre, Cristina tomó esas contrariedades como una cuestión personal.

Durante el primer semestre del año pasado, la Presidenta se esforzó en quedar bien con los Estados Unidos y Europa: en pocas semanas, acordó el pago de la deuda en default con el Club de París, pactó la indemnización a Repsol por la confiscación de YPF y arregló los pagos a empresas extranjeras que le habían ganado juicios al país en el tribunal internacional del Ciadi. En junio, la Corte Suprema norteamericana falló en contra suya, y ella se convirtió en el acto en una líder «antiimperialista». Obama dejó de tenerla en cuenta.

Cristina retó a Europa desde Moscú por sus políticas económicas de «ajuste». Es raro: la Presidenta reacciona furiosa cada vez que algún organismo internacional opina sobre la economía argentina, pero ella no se priva de meterse en cuestiones que no le conciernen. Fue especialmente agresiva con una referencia («broma», la llamó) a la canciller de Alemania, Angela Merkel, quien se reunió varias veces con ella y con su marido. El gobierno alemán fue clave para destrabar el acuerdo con el Club de París, hace un año, porque Alemania es uno de los principales acreedores de la Argentina en ese organismo. ¿A qué se debió esa agresión entonces? ¿Fue, acaso, una frase de puro populismo dirigida a los partidos antisistema europeos? ¿Se siente Cristina cerca de esos partidos que describen y no proponen, surcados en algunos casos por ideas filonazis? Puede ser. El populismo no tiene ideología.

China es un interlocutor inevitable del mundo, pero no puede ser el único o uno de los pocos de la Argentina. Con Irán hay una disputa irremediable hasta ahora por su participación en el atentado a la AMIA. Venezuela es un caso patético de la impotencia latinoamericana. Varios países se escandalizaron por una declaración de Washington (impolítica e increíble) que la señaló como un riesgo para la seguridad norteamericana. Pero casi ninguno, menos la Argentina, se escandalizó por la arbitraria prisión de dos dirigentes políticos opositores venezolanos, Leopoldo López y Antonio Ledezma. América latina desertó en masa de la democracia, de sus formas y de su esencia.

Cristina está convencida de que hay un nuevo orden en el mundo, que desplazó a las antiguas potencias. Nada explica eso. China, Rusia, y hasta Irán, parecen aspirar a participar del juego en el tablero que está, no a reemplazarlo. Por eso, el discurso de la Presidenta es antiguo y no se corresponde con el de la posmodernidad que proclama. Esas posiciones afectan directamente a su país, al gobierno que la sucederá dentro de poco y a los argentinos que han deplorado siempre cualquier política de aislamiento. Es un discurso de cofradía dirigido sólo a sus cofrades. En Moscú, demostró cómo se las arregló para hacer de la Argentina uno de los países más imprevisibles (y, por lo tanto, más insignificantes) del mundo.

Todos ganan/Jorge Fontevecchia/ PERFIL

Nunca voté al PRO. No pienso votar a Macri en las próximas elecciones (votaré a Stolbizer). Confieso un prejuicio –quizás arcaico– por las formas carentes de alguna ideología o, por lo menos, algún grado de sustancia teórica. Y Miguel Del Sel me parece directamente un insulto a la razón. Pero estas PASO del PRO en la Ciudad de Buenos Aires son el mayor aporte que el macrismo ha hecho a la política como sistema. Por primera vez desde que el procedimiento de internas obligatorias fue instaurado, dos candidatos compiten con posibilidades muy parejas dentro de un mismo partido, generando un interés que nunca antes había existido al elegir sólo el candidato de un partido para un distrito con consecuencias nacionales. Ese es el verdadero fin de las PASO y no, como ha venido siendo hasta ahora, una gran encuesta homologada o una pre-primera vuelta electoral donde había poco de interna porque los partidos iban con un único candidato, más preocupados por la competencia hacia afuera que hacia adentro de su propio espacio político.

Se pudo haber interpretado que por la propia competencia interna en el PRO, y habiendo tomado partido directamente por uno de los dos candidatos, Macri terminaría perdiendo siempre porque si ganara Michetti, su autoridad quedaría mellada y si ganara Larreta, sería un triunfo pírrico porque, para lograrlo, hirió su relación con una parte no menor de su propio electorado, pero los hechos vienen a demostrar lo contrario.
Si gana Larreta habiendo competido contra Michetti, su capital político propio habrá crecido porque ya no sería un jefe de Gobierno por la decisión excluyente de Macri, sino después de haber atravesado una competencia verdadera. En esa misma hipótesis, también Michetti ganaría algo porque, al haberse revelado a la decisión del jefe de su partido, demostró autonomía y determinación enfrentando al oficialismo de su propio partido.

Si ganara Michetti, es evidente que su figura se vería aún más potenciada pero tampoco la de Larreta quedaría peor que antes de competir porque previamente siempre fue visto como un gerente de Macri y, si bien en esta hipótesis se quedaría sin el puesto de jefe de Gobierno de la Ciudad, en el caso de que Macri fuera el próximo presidente, probablemente Larreta terminaría teniendo un puesto ejecutivo no menos relevante a nivel nacional y, en cualquiera de los casos, la imagen y el conocimiento público de Larreta habrán aumentado después de la competencia más que si ésta no se hubiera producido.

Y para Macri, que tras gobernar la Ciudad durante ocho años la suma de los candidatos del PRO –en parte también gracias a la puja de dos candidatos fuertes– logre alrededor del 50% de los votos del total de los partidos es una señal de aprobación poco común en política, aumentando sus posibilidades de llegar al ballottage y reforzando sus credenciales de cambio y liderazgo de la oposición al kirchnerismo.

Los medios de Cristóbal López traen diez años después la muerte de Luis Mitre para amedrentar a los dueños del diario La Nación por las notas contra el juego que vienen publicando Pagni y Alconada Mon.

Pero lo más importante –más allá de Larreta, Michetti, Macri y el PRO– es que gana el país, porque en el debate emergieron temas que sin una competencia pareja se hubieran omitido por conflictivos, como el del juego y su relación con la financiación espuria de la política, más las relaciones del PRO con Cristóbal López, dueño del 80% del juego. Si bien es cierto que Cristóbal López, además de ser parte del riñón K, tiene aún más aceitadas relaciones con Scioli y también con el socialismo en Santa Fe (el megacasino de Rosario hasta contaría con la protección indirecta de la banda narcotraficante Los Monos), los dos casinos que tiene en la Ciudad de Buenos Aires son los de mayor recaudación, y especialmente el del Hipódromo de Palermo, que es una especie de monumento omnipresente y gigante, en la principal avenida de la capital del país, lo que no sería posible sin corresponsabilidad de los Kirchner pero también de la oposición. Salvando las distancias, ese hipódromo es como Petrobras en Brasil: algo que genera sospechas de haber beneficiado a dirigentes de todos los espacios políticos. Y el mejor ejemplo es que el Hipódromo de San Isidro no terminó con máquinas tragamonedas gracias a la férrea oposición, entre otros, del obispo emérito Jorge Casaretto.

Respecto del cierre de los bingos en la Ciudad de Buenos Aires, hay que recordar que Lula cerró todos en Brasil argumentando que eran la mayor fuente de corrupción y desprestigio de la política, a pesar de una marcha de 4.000 empleados de esas casas de juego a Brasilia para repudiarlo.
Para Macri en particular, que estas PASO del PRO hayan colocado en el centro de la agenda el tema del juego, los bingos y su relación con Cristóbal López es una oportunidad para limpiar las sospechas que pesan sobre él a partir de su relación con el socio de Cristóbal López en el Hipódromo de Palermo, Federico de Achával, y hasta con Daniel Angelici, que llegó a la presidencia de Boca con su apoyo y es también dueño de tres bingos (dos en la provincia de Buenos Aires, donde hasta 2009 presidió la Cámara Argentina de Salas de Bingos y Anexos), y quien además en 2011 le dijo a Perfil.com sobre Cristóbal López: “Lo conozco, nos hemos reunido. No estaba en la provincia de Buenos Aires y hoy lo está. Compró una sala, tenemos relación más fluida”.

El tema del juego no sólo afecta la salud de las personas, como insiste la Iglesia, sino que privatizado también afecta la salud del sistema político cuando, con dinero del juego, se compran medios de comunicación para ponerlos al servicio de los mismos que conceden las licitaciones del juego, retroalimentando el círculo vicioso, y difaman a quienes se atreven a denunciarlo: el mejor ejemplo es la campaña que desde C5N, Minutouno.com y Ambito Financiero, todos de Cristóbal López, se viene haciendo al investigar la muerte de Luis Mitre, producida hace diez años, con el fin de amedrentar a los dueños del diario La Nación por los artículos que tanto Carlos Pagni como Hugo Alconada Mon vienen publicando sobre el juego. Que estos temas se visibilicen gracias a unas PASO aguerridas también nos hace ganar a todos.

 

 

 

 

 

 

 

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