Lectura de Domingo: columnas políticas

Candidaturas y los vasos comunicantes del peronismo/Ricardo Kirchbaum/CLARIN

Sergio Massa tiene gran confianza en sí mismo y se siente competitivo frente al constatable crecimiento de dos rivales, Daniel Scioli y Mauricio Macri. Pero no mastica vidrio: su decisión de peronizar su campaña, es decir concentrarse sobre el núcleo duro de su electorado, apunta a apostar a la física. Los vasos comunicantes justicialistas funcionan. Cuando sube Scioli, Massa baja y viceversa. Esta situación muestra lo que en abundancia se ha visto en la política argentina. El peronismo, con sus fronteras laxas y permisivas a las variantes más radicales y antitéticas, mantiene intacto su apetito de poder y su disciplina para encolumnarse detrás del candidato más apto que sacie esa necesidad primaria. Por eso, Massa ahora quiere demostrar que sigue en carrera, cortar la sangría de los intendentes que no quieren un futuro a la intemperie, pelear por un lugar en la gran final.

Porque si el candidato del Frente Renovador, que pactó con De la Sota ir a una interna que le permite hacer pie en otro gran distrito electoral, recupera parte del envión que lo mantuvo en la cresta de las preferencias electorales por bastante tiempo, la segunda vuelta será una realidad. Y su discurso contra Scioli, tratando de destruir esa ilusoria diferencia entre el gobernador y el kirchnerismo más duro, y contra Macri, es una apuesta a volver a acumular para volver a la paridad entre tres. Habrá que ver si esa táctica rinde sus frutos.

Quien debería estar muy interesado en que Massa vuelva a crecer es, paradójicamente, Macri, porque necesita que los vasos comunicantes funcionen y lo que pueda ir hacia el Frente Renovador lo pierda el gobernador de Buenos Aires. Si la apuesta de Scioli es intentar ganar en primera vuelta quien lo puede impedir es Massa reteniendo voto peronista, capacidad que el jefe del PRO no tiene y, como lo ha dicho, no le interesa desarrollar porque quiere, como lo ha dicho, terminar con el largo período de predominio justicialista en los 31 años de la recuperación democrática.

Cristina aspira a que Scioli sea el mascarón de proa de un gobierno que ella maneje desde las sombras (o no tanto). Sigue ocupando espacios estratégicos en el Estado y condicionando a sus sucesores, advirtiéndoles de manera indirecta que una desviación podría significar el cadalso para el hereje. Por ahora son bravuconadas y expresiones de deseos que fluyen por la absoluta permisividad de Scioli, dispuesto a ese ejercicio para llegar a la Casa Rosada. Ya lo dijo Macri que Cristina quiere seguir gobernando y, en Vélez, Massa advirtió que la colonización del Estado por los presuntos guardianes de Cristina será una de las principales batallas que se deberán dar.

Scioli, en cambio, apuesta al tiempo: no llegaría para ser un simple y amable paréntesis del régimen kirchnerista sino que su plan es quedarse todo el tiempo que la Constitución le permita.

 

El marasmo de la justicia/Horacio Verbitsky/PAGINA 12

Para el rrrreelecto presidente de la Corte, los jueces deben poner límites al gobierno. El mismo Lorenzetti suprimió del Código Civil y Comercial la restricción incluida por Roca en 1889, que prohibía a los jueces expedir disposiciones generales o reglamentarias y reservaba al Congreso “interpretar la ley de modo que obligue a todos”. La vinculación de este desdén por la voluntad popular con el proceso electoral en curso.

El rrrreelecto presidente de la Corte Suprema de Justicia respondió al artículo “Un corte a la Corte”, publicado aquí el domingo. Lo hizo en forma indirecta el martes, sin mencionar el artículo, y por medio de voceros el miércoles. Ricardo Lorenzetti viajó a Córdoba para presentar el nuevo Código Civil y Comercial, y en una entrevista con el diario cordobés del Grupo Clarín sostuvo que los jueces “ponemos límites al gobierno de turno”. Menuda confusión. Los límites al gobierno no los ponen los jueces sino la Constitución, y no sólo al Poder Ejecutivo sino también al judicial, que bajo la conducción de Lorenzetti se ha desmadrado. Tal vez no sea por casualidad que en su reescritura del Código Civil y Comercial haya desaparecido una restricción fundamental, contenida en el Título Preliminar del Código de Comercio, promulgado por Julio A. Roca en 1889: su artículo III “prohíbe a los jueces expedir disposiciones generales o reglamentarias, debiendo limitarse siempre al caso especial de que conocen”; el IV añade que “sólo al Poder Legislativo compete interpretar la ley de modo que obligue a todos”. El polemista oficial, Aníbal Fernández, replicó que la misión de la Corte no es poner límites a quienes han sido elegidos por la voluntad popular, sino tutelar derechos vulnerados por el Estado o por particulares, sobre todo cuando se trata de los débiles ante acciones lesivas de las corporaciones, pero siempre que haya intereses contrapuestos en una causa judicial. Ese recurso fundamental es el que consiguió preservar el CELS con sus observaciones atendidas por el Senado a la ley que restringió las medidas cautelares. Desde la presidencia de Enrique Petracchi hasta hoy, la Corte tiene un registro estimable en este terreno.

Es obvio que el presidente de la Corte aludió a límites políticos, un terreno en el que se arroga la decisión final sobre cualquier otro poder. De este modo transmite un pésimo mensaje hacia los demás jueces, con el bastón de censor político siempre listo en su mochila, como si ese control no lo ejerciera el cuerpo electoral cada dos años. ¿Será hilar demasiado fino suponer que este desdén por la voluntad popular revela pesimismo sobre las predilecciones del electorado y atribuir a esta visión escéptica el rechazo de Lorenzetti a las combinaciones electorales que lo han incluido, desde Julio Cobos hasta Sergio Massa? El miércoles, siempre por medio del Grupo Clarín, una vocera oficiosa de Lorenzetti negó que la Corte fuera “un cuerpo desmembrado y sumido en una grave crisis” y desdeñó los problemas de salud de varios jueces mencionados aquí, con un argumento ad feminam: “Llama la atención tanto ensañamiento, siendo que la misma Presidenta ha atravesado una operación para extirparle la tiroides y otra a causa de un hematoma subdural en el cráneo, lo que no le impidió seguir en funciones con el vigor de siempre”. La intérprete de Lorenzetti pasa así por alto la diferencia entre intervenciones quirúrgicas, de las cuales la recuperación puede ser completa, y dolencias crónicas o degenerativas que el tiempo agrava. También recuerda el saneamiento de la Corte emprendido en 2003 por Néstor Kirchner y aduce que a CFK los jueces que la integran han dejado de parecerle garantía de independencia y profesionalismo. Esto implica ignorar que el año pasado el tribunal perdió a tres de sus miembros (Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni), mientras un cuarto sólo de a ratos sabe en que día y en qué mundo vive. Negar el desequilibrio resultante es pura obstinación, sobre todo si se repara en que los ausentes eran los más destacados miembros del cuerpo.

La vocera agregó que “la decisión de la Corte de rechazar por unanimidad la lista de conjueces propuestos por el Gobierno para integrar el tribunal provocó otro ramalazo de furia oficialista”. No es mi caso: dije con toda claridad que comparto el razonable argumento que desarrolla Lorenzetti: “Si los conjueces van a cumplir las mismas funciones que los ministros de la Corte Suprema, deben ser elegidos con idénticos requisitos, como el acuerdo por los dos tercios de los miembros presentes del Senado establecido en la reforma constitucional de 1994”. Mi objeción es que Lorenzetti abandona este criterio cuando justifica en pocas líneas la integración de la Corte con presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones, quienes son designados por mayoría simple pese a que, igual que los conjueces bochados, desempeñarán funciones de ministros de Corte. La coherencia intelectual se inclina ante la avidez de poder. Ya en 2006 el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini, presentó un proyecto de ley por el cual los conjueces de la Corte deberán ser designados con acuerdo del Senado en la misma proporción que los jueces titulares. Volvieron a presentarlo hace pocos meses los diputados Carlos Kunkel y Verónica Magario, también del Frente para la Victoria

Estos temas son opinables y discutirlos es positivo. Lo que Lorenzetti no explica, ni por sí ni por terceros, es la falsedad inserta en las últimas Acordadas del tribunal, cuando se sostiene que la rrrrelección de su presidente fue firmada por sus ministros el martes 21, “en la Sala de Acuerdos del Tribunal” y “frente a la próxima conclusión del mandato”. El mandato recién terminaba a fin de año, y el débil trazo parecido a la que fuera la firma de Carlos Fayt no fue hecho en la Sala de Acuerdos sino en su domicilio de Recoleta, hasta donde le llevó la resolución el titular de la Secretaría 5ª de la Corte, Cristian Sergio Abritta. Dado su deterioro cognitivo, Fayt no está en condiciones de estudiar ningún expediente, tarea que delega en sus colaboradores. Nadie en la Corte ignora esta situación que Lorenzetti admite en diálogos privados pero oculta del escrutinio público. En el reportaje, Lorenzetti también dijo que debió resignarse a un nuevo mandato porque ninguno de sus colegas quiso ocupar la presidencia. Esto también desmiente que la Corte actual pueda funcionar con normalidad. La oposición, que pontifica sobre los consensos, se niega a tratar cualquier pliego enviado por el actual gobierno, en vez de aprovechar la mayoría calificada dispuesta por la Constitución para imponer a un juez con las mejores calificaciones jurídicas, éticas y políticas. El kirchnerismo conservará a partir del 10 de diciembre una representación sustancial en el Senado, quienquiera resulte electo. Si la usara en el mismo modo caprichoso que hoy padece, se llegaría a una parálisis institucional desatinada. Esto ratifica la necesidad de una inteligente y generosa negociación política, única vía democrática para rescatar a la Corte Suprema de su marasmo.

En junio del año pasado, Lorenzetti rebautizó como Salón de los Derechos Humanos a la sala de audiencias de la Cámara Federal de la Capital, en la que se realizó el juicio a los ex Comandantes. En la ceremonia inaugural dijo que la defensa de los derechos humanos “nació en las calles” y “tuvo avances y retrocesos”. Advirtió que la determinación de investigar los crímenes de esa “tragedia de la que nunca nos vamos a olvidar no depende de una coyuntura, de una elección, ni de la decisión de una persona que esté en el gobierno o de otra que no lo esté”, ya que “hoy forma parte del contrato social de los argentinos”. La semana que pasó se cumplieron 30 años del inicio de las audiencias orales de aquel juicio histórico. Esto dio lugar a libros, videos y homenajes. El más notorio fue rendido al ex fiscal Julio César Strassera, en el mismo Salón de los Derechos Humanos donde se realizó el juicio. Entre otros participaron sus compañeros sobrevivientes de la Cámara Federal que condenó a Videla, Massera & Compañía: Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz y Guillermo Ledesma. Nadie mencionó el rechazo serial de habeas corpus, con costas a los familiares de los detenidos-desaparecidos, que Strassera practicó durante la dictadura, ni su interrogatorio a Lidia Papaleo de Graiver en su lugar de detención. En 1977, la viuda de David Graiver fue condenada a 15 años de prisión por un tribunal militar. La Corte Suprema dejó sin efecto esa condena y pasó el expediente a la justicia civil. El propio Strassera contó que su interlocutora estaba esposada y él pidió que le liberaran las manos. Sólo las manos: pidió para ella cinco años de prisión y cuando fue absuelta apeló, también sin éxito, porque el país ya era otro. Algunos de esos jueces siguieron vinculados con los derechos humanos, cada uno a su manera. Arslanian fue uno de los impulsores del Acuerdo por una Seguridad Democrática. Como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Alianza, Gil Lavedra rechazó los pedidos de extradición del juez Baltasar Garzón e intentó limitar los juicios por la verdad. Este año asumió como defensor del ex juez federal de Salta, Ricardo Lona, detenido como cómplice en el homicidio de once presos políticos en Palomitas, Jujuy, cuyo traslado había pedido al jefe de la guarnición militar, como acto preparatorio del crimen. La defensa de Lona fue asumida por otro de los jueces de aquel tribunal, Andrés José D’Alessio, hasta su muerte en 2009. Valerga Aráoz es el defensor del principal accionista del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, cuyo desprocesamiento ya consiguió en la causa por los secuestros, torturas y asesinados cometidos en la Noche del Apagón, cuando las personas privadas en forma ilegal de su libertad fueron transportadas en camionetas del ingenio. Según el relato que D’Alessio me hizo el 29 de mayo de 1991, al iniciarse el juicio a los ex Comandantes, Valerga Aráoz le preguntó a Osvaldo Pérez Cortés, que se ocupaba de informática en el Grupo Macri, quién podría prestarles una procesadora de texto, y Sideco Americana se la envió de regalo. No es extrañar que la investigación a los instigadores, cómplices y beneficiarios civiles de la dictadura no fuera contemplada ni siquiera en el considerando 12 y el punto 30 de la sentencia de 1985, que ordenó el enjuiciamiento no sólo de los ex Comandantes sino también “de los oficiales superiores que ocuparon los Comandos de Zonas y Subzonas de Defensa”, de “todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones”, de “quienes por su ubicacion en la cadena de mandos conocieron de la ilicitud del sistema”, o cometieron hechos aberrantes o atroces.

El viernes próximo, en la Feria del Libro, uno de los testigos memorables de aquel proceso, Jorge Watts, presentará el libro El juicio que no se vio, del abogado Pablo Llonto, quien cubrió las audiencias como periodista para Clarín. “Todo homenaje a la Causa 13 y al Juicio a las Juntas incluyó e incluirá esencialmente a los jueces y los fiscales. Grandes olvidados serán los sectores populares víctimas del terrorismo de Estado y testigos en el Juicio”, afirma Llonto, quien lleva más de treinta años impulsando causas por los crímenes de entonces. Comenzó aún antes de recibirse de abogado, como colaborador de Luis Zamora en el CELS. “Aquel tiempo y aquel país de 1985 no era un tiempo para concesiones ni para resignaciones. La sentencia de la Causa 13 no fue ‘lo máximo que se podía hacer’ sino lo que quiso hacer el radicalismo. También es cierto que aquello que pretendía Alfonsín era mucho más que el poco empeño de la mayoría de sus correligionarios y mucho más aún que el asfixiante sosiego de otros políticos del mundo, incluidos los de mayor celebridad universal. Cuando Nelson Mandela fue liberado, en 1990, el Juicio a las Juntas de la Argentina cumplía cinco años. Para el líder sudafricano, veintisiete años de una cárcel en pleno apartheid habrán sido como mil para cualquier otro ser humano. Ya libre, y con la dura tarea de evitar tanto una guerra civil como un golpe blanco militar, es decir, serenar a propios y ajenos, produjo un mecanismo de reconciliación, aún discutido. La promesa inicial fue no seguir el modelo argentino de derechos humanos. Así nació la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cuyos efectos se evaluarán en unos años para saber cuánto de verdad y cuánto de justicia aportó”, agrega. Llonto recuerda que Valerga Aráoz también defiende ahora al ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, “acusado de ordenar que sacaran a palazos y fustazos a las Madres de Plaza de Mayo y a los militantes populares que reclamaban el fin del estado de sitio ordenado por Fernando de la Rúa” en diciembre de 2001. Su libro coloca en el centro “a los protagonistas más olvidados de aquella lucha: los testigos, familiares y sobrevivientes cuyas vidas vieron pasar la marcha de la historia sin mayores reconocimientos. Había que sentarse a declarar en 1985. Había que hacer esos malabares que, con demasiada prudencia, evitaban las vigilantes preguntas sobre las organizaciones guerrilleras o las pertenencias políticas. Hoy en nuestros juicios, todo es distinto, claro que sí. Ya no hay más duplicidad como treinta años atrás. Como debió serlo en 1985, si en aquel momento no se los hubiese perseguido. Se declaraba mientras al mismo tiempo la Cámara Federal condenaba militantes y el Gobierno mantenía presos políticos”. Yo cubrí aquel juicio para la revista El Periodista. Allí conocí a Llonto, quien aún no se permitía la espectacular cabellera de Indio Gerónimo que hoy lo distingue. En mis notas de entonces consta que Valerga Aráoz fue el único camarista que durante su turno en la presidencia rotativa del tribunal admitió interrogatorios a los testigos que tendían a recrear en la sociedad la sórdida hipótesis de que si alguien desapareció, “por algo será”. El propio magistrado inquirió a la testigo Graciela Trota acerca de antiguos domicilios y ocupaciones suyos, de familiares y amigos, y a la señora Isabel Farías de Chaparro sobre el “tipo de vida” que hacían sus vecinos secuestrados. Al padre del secuestrado Mario Villani le preguntó por la “detención” de su hijo, y al propio Villani acerca de “los que usted llama represores”. A Juana Barbero de Ugartamendía le inquirió cómo supo que quienes allanaron su casa eran soldados, y la anciana le respondió, con el menos común de los sentidos, “porque los vi que eran soldados”. Y cuando el testigo Juan Agustín Guillén narró que los torturadores lo despojaron de su nombre humano y lo rebautizaron B-12, Valerga le preguntó: –¿Con Be larga o Ve corta?

 

 

Ganar y gobernar/Jorge Fontevecchia/PERFIL

Ganar y gobernar no es lo mismo. Lo primero –aun difícil– siempre fue menos complejo que lo segundo. El ejemplo reciente es Dilma en Brasil tras ganar las elecciones: no pudo gobernar y tuvo que entregarle la conducción del país a su aliado, el PMDB, porque preside las cámaras de Diputados y Senadores.

Fuera de Estados Unidos, el presidencialismo ha tenido sus dificultades cuando el Ejecutivo no cuenta con mayoría en el Congreso, haciendo tan frecuente en democracias no maduras el riesgo de oscilar entre autoritarismos populistas (en sus variantes latinoamericanas y asiáticas), que convierten al Legislativo en una sucursal, y gobiernos débiles, que desembocan en anarquía.

Un veterano de la política dice que si Macri fuera electo presidente, le daría el pésame

Si Macri fuera electo presidente, y aun obteniendo un amplio caudal de votos en primera vuelta, sería el presidente con menos diputados y senadores propios de toda la historia. Algunos analistas se preguntan cómo hará para gobernar y medio en broma, un veterano de la política dice que el día que gane Macri, en lugar de felicitarlo le daría el pésame.

Esa no es la perspectiva que tienen en el PRO, donde se asume que tras el triunfo las lealtades políticas anteriores se disuelven y que legisladores de los tres sectores del panperonismo (kirchneristas, sciolistas y massistas o PJ) o los gobernadores que los controlen se ofrecerán por poco al ganador. Es probable que así sea al comienzo, cuando el presidente electo cuente con una enorme aprobación, pero cuando ese período de gracia concluya o cuando las medidas a aprobar puedan ser conflictivas, el precio de esos legisladores irá subiendo, pasando de precio simbólico a material y en algunos casos, hasta del material para la provincia que representa al material para su propio bolsillo, como se sospecha lo fue en el caso de la Banelco que arrastró a De la Rúa a la hecatombe.

En Europa muchos sistemas parlamentarios exigen al Ejecutivo, tras ser electo, juntar las mayorías legislativas para formar gobierno, y cuando las pierden están obligados a volver a llamar a elecciones.

Giovanni Sartori, en su libro Ingeniería constitucional comparada, desaconsejó el parlamentarismo para Latinoamérica, donde los políticos “alquilan” los partidos por falta de convicciones ideológicas, son indisciplinados y priorizan lo local. Sartori recomienda el sistema semipresidencial, con “dos motores”: presidente elegido por el voto popular compartiendo el poder con un primer ministro que debe contar con el apoyo del Parlamento.

Pero un presidencialismo ayudado por instituciones intermedias como el jefe de Gabinete, destituible por mayoría parlamentaria, o un referéndum revocatorio presidencial donde convoca la oposición si logra las mayorías parlamentarias, son sistemas que sin mayor éxito entraron en vigencia por las reformas constitucionales de 1994 en Argentina y 1999 en Venezuela.

Tampoco el ballottage resolvió el problema de gobernabilidad porque, aun electo con más de 50% de los votos, como los legisladores se eligen en la primera vuelta, la mitad más uno de los votos para nada significa la mitad más uno de los legisladores, que además se van renovando por turnos no sincrónicos con el Ejecutivo. Como tampoco lograron las PASO que hubiera internas de verdad y, salvo excepciones, aquel que no puede ganar crea su propia fracción dando origen a los múltiples partidos surgidos del panradicalismo y ahora el panperonismo.

Varios intentos fallidos de gobernabilidad con nuevas normas demostrarían que el problema no está en ellas, sino que es cultural, y las sociedades precisan hacer su propio aprendizaje hasta encontrar su forma de equilibrio.

Macri pensará, como piensan casi todos aquellos que tienen la omnipotencia de ser presidentes, que con él será diferente, que como Menem o Kirchner, una vez elegido presidente, alineará las mayorías suficientes bajo su dominio.

Esa autoconfianza también vale para Scioli, quien también cree que podrá con lo que sea porque su problema no sería el Congreso, sino cómo lograr sacarse de encima al kirchnerismo. Pero ya sea porque Macri precise crear consenso legislativo o porque Scioli tenga que desarmar la infiltración K tras su candidatura, en cualquiera de los dos casos habrá un problema de gobernabilidad que consumirá las energías del futuro presidente durante 2016, posponiendo la recuperación económica.

Teniendo en cuenta la historia, podría ser más difícil para un no peronista: Mujica dijo antes de dejar la presidencia de Uruguay: “Pobre Argentina si no gana un peronista”. El problema de la gobernabilidad emerge cada vez que el peronismo no gobierna. Alfonsín lo padeció e insistía con un sistema semipresidencial, y vuelve como dilema cuando, tras el fracaso de la Alianza en 2001, nuevamente luce como posible un gobierno no peronista (“la República” en palabras de Carrió, quien dice que le dijo a Macri: “A mí mandame de embajadora bien lejos porque a los 15 días te empiezo a criticar”, quizá para no repetir la experiencia de De la Rúa).

Pero ésos no son los miedos del PRO, que ahora apunta a sumarle a Larreta los votos de Michetti y ganar en primera vuelta las elecciones porteñas, para que algo que hasta ahora nunca sucedió en la Ciudad (el propio Macri siempre fue a ballottage) sea el espaldarazo definitivo a su carrera presidencial.

Comprar los legisladores con la Banelco le costó a De la Rúa la presidencia

Uno de los riesgos del éxito es la soberbia y uno de los precios de la soberbia es la soledad, lujo que no se puede permitir quien quiera gobernar. En Brasil, una de las grandes diferencias entre Lula y Dilma es que Lula se llevaba bien con todos y construía relaciones políticas cargadas de afecto que le permitían sumar alianzas, mientras que a Dilma se le achacan mal carácter y arrogancia.

Macri, ganador de las tres últimas elecciones: Mendoza, Santa Fe y ciudad de Buenos Aires, tiene que cuidarse de su propia hubris. Y la Argentina, de pasar sin escalas de hiperpresidencialismos a hipopresidencialismos: entre el abuso de poder y la falta de él.

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