Lectura de Domingo II: Van Der Koy, Morales Solá, Verbitsky y Sarlo

La denuncia pasa pero la muerte queda/Eduardo Van Der Kooy/CLARIN

El fallo de Rafecas que desestimó la denuncia por encubrimiento terrorista fue un alivio para Cristina. Oscurece la escena por la muerte de Nisman. Crece la idea de un crimen.

Cristina Fernández ya no sufre la imputación de encubrimiento terrorista por el pacto con Irán y el atentado en la AMIA. Pero la bala que mató a Alberto Nisman causó una onda política expansiva que la continúa atormentando. Sobre todo por el misterio que envuelve la tragedia, a seis semanas de producida. No existe una sola pista firme. La propia fiscal Viviana Fein ha dicho que carece de certezas sobre si se trató de un suicidio o de un crimen.

Ningún golpe de magia encaminaría una investigación que ha extraviado el rumbo. Pero existe un dictamen en ciernes cuya autoridad –social y técnica– será quizás muy difícil de rebatir. Que condicionará la escena. Se trata del trabajo de la ex esposa del fiscal, Sandra Arroyo Salgado, y de sus peritos. La jueza está convencida que Nisman no se habría suicidado. Las conclusiones preliminares le estarían dando la razón. También contaría con un número de anomalías comprobadas de los primeros policías que ingresaron al departamento de Puerto Madero.

Aquel informe no constituiría buena novedad para el Gobierno. Hablaría de un peligroso descontrol en el submundo del poder. Cuyo origen resultaría incierto. Podría ser, en efecto, la guerra desatada en el mundo de los espías. Pero podrían ser también otras cuestiones. Las muertes sin explicación, es cierto, son moneda corriente en la Argentina. Pero cayó un fiscal que investigó el principal atentado terrorista en el país y tuvo la osadía de denunciar a la Presidenta y al canciller. La magnitud del hecho es lo que nunca quiso aceptar el kirchnerismo. Que explica además uno de los peores momentos de Cristina en el escenario internacional.

Las irregularidades en torno a la muerte misteriosa han sido demasiadas. Eso impulsaría a Arroyo Salgado a recusar a Fein. Recién después de cinco semanas, la fiscal llamó a declarar a Sergio Berni. Tal demora no podría explicarse sin contar la presión que ejerce sobre ella la procuradora, Alejandra Gils Carbó. El secretario de Seguridad estuvo en el departamento de Nisman tres horas antes que Fein. Juró que los cuidados de la escena habrían resultado extremos. Pero su testimonio no terminó de conformar. Fue impreciso sobre el momento y las circunstancias en que habría sido descubierto el cadáver. La certificación del deceso habría correspondido a la madre de la víctima, Sara Garfunkel. No, como hubiera sido lógico, a las autoridades médicas y judiciales.

Fein quedó con la impresión que durante un lapso después de la muerte habría reinado desorden en el departamento. Lo habían relatado de modo similar, aunque con matices, varios de los testigos públicos ocasionales. Diego Lagomarsino, el hombre que le prestó el arma mortal a Nisman, dejó boyando otros enigmas. En su segunda aparición pública se preguntó como es posible que sus huellas dactilares no aparecieran en la Bersa 22. Había estado manipulando ese revólver delante de Nisman. Incluso lo desarmó parcialmente y lo volvió a armar. Tampoco se entendería la ausencia de otros rastros de ADN en el departamento donde habrían circulado, desde que se tuvo constancia del drama, entre 40 y 50 personas. La oscuridad del caso daría pábulo para todo: ¿Qué pasó, por ejemplo, con la mujer hallada incinerada dos días más tarde frente al edificio Le Parc? ¿Fue una macabra casualidad? ¿Nadie reclamó por ella?. ¿Por qué motivo la Policía dejó de brindar información?

También salieron a la luz graves amenazas de muerte recibidas por Nisman luego que Cristina firmó el Memorándum de Entendimiento con Irán. Una fiscal acaba de solicitar la investigación para saber por qué motivo el fiscal fue filmado con tantos pormenores cuando arribó a Ezeiza, un par de días antes de la presentación de su denuncia. Arroyo Salgado creería que antes del homicidio hubo contra su ex marido una persecución de espías internos y externos. De la cual ni ella se habría salvado. Todavía no se dilucidó el origen de la foto del fiscal en la revista Noticias, que llegó a su poder con un punto negro sobre la frente. Presagio del drama que sobrevendría.

El kirchnerismo sigue zigzagueando con sus teorías. La Presidenta habló primero de suicidio y luego lo convirtió en crimen. Los obedientes K -todos- siguieron idéntica dirección. Pero el fallo de Daniel Rafecas, que demolió la denuncia de Nisman, habría abierto las puertas para un posible regreso al puerto inicial. El juez opinó que el fiscal muerto y el actuante, Gerardo Pollicita, no pudieron aportar un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que comprometiera a Cristina en un delito de posible encubrimiento.

Rafecas, en un tramo de su trabajo, incluyó una cronología interesante e inductiva. Relató los sucesos entre el 15 y el 19 de enero y apuntó a demostrar cómo algunas pruebas que el fiscal consideraba clave se habrían desmoronado. Mencionó, para ello, la intervención de Héctor Timerman cuando leyó una carta del ex titular de Interpol (2000-2014), Ronald Noble, en la cual desmintió cualquier gestión argentina para levantar las alertas rojas a los iraníes inculpados. Añadió, a propósito, dos notas divulgadas en el diario Página 12. Señaló que ni la Unidad AMIA ni la Fiscalía habían aportado nuevos elementos. Concluyó que, en esas condiciones, Nisman debía presentarse ante el Congreso el lunes 19 pero que el día anterior apareció muerto en su departamento.

El kirchnerismo sostuvo durante mucho tiempo que Nisman se había suicidado, precisamente, por esas razones. Por verse atrapado en un laberinto. Tendido al parecer por el espía Jaime Stiuso, que le habría inducido -o plantado- pistas falsas. La guerra contra Stiuso nunca se detuvo. La semana pasada el Gobierno lo apuntó con dos denuncias por lavado de dinero, contrabando y evasión impositiva. El texto de Rafecas colaboraría con la reconstrucción de aquel ensayo sobre suicidio.

Cristina recibió ese fallo cuando había resuelto multiplicar sus embestidas contra el Poder Judicial. El Partido Judicial, según lo bautizó después de la Marcha del Silencio. La desestimación de la denuncia de Nisman fue recibida como un bálsamo. La Presidenta subió a su blog en Internet el dictamen completo, también en inglés. Quizás para intentar asear su manchada imagen internacional. Le harían falta muchas más cosas que esas.

El kirchnerismo ha reconsiderado a Rafecas. Puso las cosas en orden, dijeron varios de los principales portavoces. El juez había sido condenado por su primera actuación contra Amado Boudou en el escándalo Ciccone. Donde incurrió en mala praxis. Fue colocado a tiro de juicio político en el Consejo de la Magistratura. Por entonces parecía un desestabilizador. El clásico doble estándar de los K. La Justicia valdría sólo cuando los favorece. Pero por aquella causa de la compra de la imprenta que fabricó millones de billetes moneda nacional, el vicepresidente carga ya con un procesamiento confirmado por la Cámara Federal.

Rafecas desarrolló puntualmente sus razones para desestimar la denuncia de Nisman. Podrá haber con ellas coincidencia o no. Pero lo que llamó la atención fue la médula de su construcción argumental emparentada con la línea que derramaba del poder. Con un encomio por resaltar la conducta de Cristina y de Timerman en el conflicto de marras, propia de un dirigente político antes que de un magistrado.

La irrupción de Rafecas sorprendió en el propio Poder Judicial. Allí se especulaba con que antes del fallo, tal vez, el juez daría curso, al menos, a un par de pruebas del medio centenar que había pedido el fiscal Pollicita. A partir de entonces los interrogantes se han tornado interminables. ¿Podría servir aquel veredicto para establecer una tregua del Gobierno con la Justicia? ¿Habría intercedido, para que fuera resuelto con celeridad, alguna alta autoridad de la Corte Suprema? Circuló a propósito un rumor intenso sobre un contacto de Ricardo Lorenzetti con Carlos Zannini. Incluso se habló de un diálogo con el nuevo secretario de la Presidencia, el camporista Eduardo De Pedro. Todo fue desmentido de cuajo.

A lo mejor la intensidad de la refriega declina su nivel. Pero la Presidenta no resigna su propósito de cubrir la retirada. El Gobierno hurga, por caso, de que manera liberar el camino para designar en la Justicia a los 16 fiscales que promueve Gils Carbó, frenados por medidas cautelares. Cristina podría promover el adelanto para abril o mayo de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Habrá que esperar su voz de hoy en el Congreso. Esa maniobra podría permitirle incorporar aquel lote de fiscales. Existe una pista: la procuradora general cursó invitaciones a los fiscales para un curso de capacitación sobre el Código que arranca el miércoles que viene.

Tampoco Cristina desea sorpresas en otros campos. La unidad AMIA, donde trabajaba Nisman, fue integrada por fiscales que ofrecerían garantías. Nadie sabe que pasará con los colaboradores del fiscal muerto. Juan Patricio Murray, que comandará el equipo, militó en el Movimiento Evita. Sabrina Namer, por artilugios de De Pedro, escaló varios puestos en un concurso para llegar donde llegó. Esa fiscal declaró que se revisarán las razones por cuales fue desechada la pista siria.

Todos esfuerzos desesperados para reorientar la transición signada definitivamente por una muerte.

Refugio en el golpismo/Joaquín Morales Solá/LA NACION

 

El golpismo de los otros es su último refugio y lo será hasta el día antes de que entregue el poder. No es una cuestión real, sino simbólica, que prepara los argumentos de un futuro incierto. A Cristina Kirchner no le importan la candidatura de Daniel Scioli ni las condiciones, ciertamente arduas, que aguardarán al próximo presidente, sea quien fuere. En su polémica resolución del jueves pasado, el juez Daniel Rafecas le hizo un enorme favor al Gobierno.

Pero también tornó más inverosímil aún la denuncia de que existe un Partido Judicial. En vano. No es la causa de Rafecas la que preocupa a la Presidenta, sino la investigación de otro juez, Claudio Bonadio, sobre el lavado de dinero en empresas de la familia presidencial. El fantasma de que la absolución por enriquecimiento ilícito se convierta en cosa juzgada fraudulenta está creciendo, a su vez, en el imaginario cristinista. Tal vez ni siquiera se equivoque.

La resolución de Rafecas podría ser revocada por la Cámara Federal. La interpretación de la última y mortal denuncia de Nisman está abierta a debate entre jueces y fiscales. Algunos la consideran sólida; otros creen que la Justicia debe investigar para establecer si la teoría del fiscal muerto es cierta. Ninguno o muy pocos, eso sí, suscriben la resolución de Rafecas tal como fue escrita. El aspecto más cuestionable de esa resolución no es el rechazo de la denuncia en sí mismo, sino las razones, casi idénticas a las que planteó el Gobierno, que era el acusado. Es decir, tomó por ciertos todos los argumentos del oficialismo y descalificó todas las pruebas de Nisman. Es difícil comprender una resolución respaldada más en la opinión del juez que en el valor de las pruebas. Es probable que Rafecas le haya cerrado para siempre las puertas de su despacho a esa causa.

Aun cuando la Cámara Federal revocara la decisión de Rafecas, sería muy difícil, aunque no imposible, que la denuncia de Nisman volviera a sus manos. Ese juez ya tiene opinión formada y se trata, además, de una investigación que debería ponerse en marcha. ¿Para qué dejarla en manos, entonces, de quien ya dijo que no hay nada que investigar? Si la Cámara habilitara la investigación, la denuncia de Nisman llevará mucho tiempo y terminará, en algún momento lejano, en la Corte Suprema de Justicia. Serán los jueces supremos del país los que deberían decidir si el acuerdo con Irán fue una decisión política no judiciable o un delito. Esa causa es una carga política para Cristina, no una preocupación judicial.

La denuncia de Nisman tomó un giro inesperado, es cierto, justo cuando los peritos de la familia están a punto de dictaminar que el fiscal no se suicidó, sino que fue asesinado. A pesar de todo, la causa más preocupante es, en cambio, la del juez Bonadio por el lavado de dinero que pertenece a la fortuna de los Kirchner. Se trata de la propiedad de la Presidenta y de sus hijos, y en el entramado se mezclan empresarios tan cercanos a ella como Lázaro Báez y Cristóbal López. Bonadio está en la etapa de recolección de pruebas; cuando termine, comenzará a tomar decisiones que podrían ser muy importantes. Más vale no anticipar lo que ni el propio juez sabe con certeza. ¿Qué certezas definitivas podría tener si todavía no recibió todas las pruebas?

El problema de la Presidenta es que no aprovechó las ventajas que el Código Penal les da a los herederos de una persona muerta. Las cosas serían muy distintas si, después de muerto Néstor Kirchner, ella hubiera puesto toda la fortuna en un fideicomiso administrado por una empresa ajena. Quizás ?habrían aparecido irregularidades y sospechas, pero su presunto autor ya hubiera estado muerto. Los delitos penales no se heredan. Dejó las cosas, al revés, en manos de contadores de Santa Cruz y del propio Báez. Así le va.

La Corte Suprema avanzó en los últimos diez años en sentar el precedente de que es posible establecer la cosa juzgada fraudulenta. La Presidenta es beneficiaria de una vieja sentencia del juez Norberto Oyarbide, que sobreseyó al entonces matrimonio presidencial en una causa por enriquecimiento ilícito. Es, en principio, cosa juzgada y, por lo tanto, la Justicia no puede investigar a la Presidenta por aquel delito. Pero ¿qué sucedería si a esa cosa juzgada se la considerara fraudulenta porque, por ejemplo, el juez no buscó la verdad? La Presidenta volvería a ser juzgada por enriquecimiento ilícito con todas las pruebas y sospechas agregadas en los últimos años.

Cristina sabe que está en riesgo. Menea el golpe de Estado, imposible para un gobierno al que le quedan meses de poder, porque en el fondo considera que las próximas elecciones serán un golpe político para ella, su familia y su facción. Las elecciones son el golpismo en ciernes que denuncia una y otra vez, aunque la realidad la desmienta. No tiene heredero confiable y ningún Kirchner puede suceder ahora a otro Kirchner. ¿Cómo no suponer que los comicios son un golpe de Estado cuando ella infiere que su persona es la democracia? ¿O no hubo, acaso, carteles en la vía pública en los últimos días que proclamaban que «la democracia no se imputa»? La imputada era Cristina Kirchner, no la democracia.

Un gobernador cercano a la Presidenta confesó que no le encontraba explicación a la estrategia de Cristina de enfrentarse con todos al mismo tiempo poco antes de irse. Ese gobernador no tiene ?reelección en su provincia. «Yo trato ahora de llevarme bien con amigos y enemigos. Quiero después caminar tranquilo por mi provincia», explica. Es lo que haría cualquier político.

Cristina no lo hace. Tampoco hará nada para resolver la deuda en default parcial, ni el atraso del tipo de cambio, ni el insoportable déficit fiscal. El próximo gobierno heredará un Banco Central con casi nada de reservas en dólares, si se despoja a esas reservas de los créditos, las deudas por pagar y el dinero que no es suyo. Aquel gobernador las llama «reservas alquiladas». El Gobierno se las arregló, en fin, para que parecieran como si fueran reservas propias, aunque no lo son.

Por eso también, a la Presidenta le interesa más tensar la relación con Washington y con Europa. Una líder progresista que se precie de tal necesita mostrarse lejos de los imperialismos supuestos y cerca de los símbolos de la izquierda mundial, como Rusia y China, aunque sean países gobernados por dos autoritarismos de derecha. Es un concepto viejo que está haciendo estragos en la Argentina. ¿Cuánta reacción opositora habría tenido un gobierno argentino que hubiera firmado con los Estados Unidos un acuerdo como el que Cristina firmó con China, casi precolonial? Los chinos no sólo podrán hacerse de obras públicas locales sin pasar por licitaciones, sino también traer sus propios trabajadores desde China, a los que les aplicarán las implacables leyes laborales de China. A pan y agua.

Pero un país gobernado por un Partido Comunista, como es China, le sienta bien a la Presidenta. Algo parecido le sucede con Rusia, la patria de Lenin (y también, cabe recordar, la del criminal Stalin), aunque el déspota de ahora se llame Putin y gobierne uno de los regímenes más corruptos del planeta. Con todo, esos símbolos le sirven para entusiasmar a algunos adolescentes que ignoran todo, salvo el discurso cristinista, y a los nostálgicos de un mundo que desapareció hace 25 años. Está preparando el discurso para cuando haya vuelto a casa, el de una líder progresista perseguida por la Justicia por progresista y no por otra cosa.

A pesar de Rafecas, Cristina necesita la bandera del golpismo judicial y la levantará con argumentos o con pretextos, pero no la dejará. ¿De qué le serviría Scioli, si Scioli no estará en condiciones de salvarla de los jueces? ¿No sería mejor, en cambio, abroquelarse como estandarte de una izquierda alegórica para exhibirse luego como víctima de sus ideas y no de sus hechos?

Padecerá necesariamente la soledad de los rupturistas. Fracturó la sociedad, la dividió con trazos de fanatismo y de odio, sólo para defender una fortuna que ella no puede explicar. El destino se encoge, al fin y al cabo, en el pobre empeño de salvarse de algunos jueces, ni siquiera de todos.

La escena invertida/ Horacio Verbitsky/ PAGINA 12

El pronto y categórico fallo de Rafecas desnudó la debilidad de la acusación de Nisman y obstaculizó una operación para trasladar la causa por su muerte a un juez federal de la escudería Stiuso. Con el acto de hoy el gobierno procura volver a su quicio la escena invertida, en la que sus políticas de verdad y justicia fueron alzadas como consignas en su contra, incluso con movilización callejera. Netanyahu contra Obama por Irán, un nuevo escenario internacional que Nisman no ignoraba.

Al desestimar la denuncia del extinto fiscal Natalio Alberto Nisman contra la presidente CFK, su canciller Héctor Timerman y el diputado nacional Andrés Larroque, el juez Daniel Rafecas desconcertó a tirios y troyanos, que no esperaban un pronunciamiento tan rápido y categórico. El editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum, cuestionó que Rafecas sólo hubiera encuadrado al falso agente de inteligencia Allan Bogado y por “tráfico de influencias”. Le pareció “poco para tanto revuelo”. ¿No será al revés, que se había armado un enorme revuelo en torno de tan poco? Esa inversión de los términos fue el concepto central de una columna publicada aquí el martes, por Verónica Torras, quien llegó al hueso de la operación en desarrollo desde el 14 de enero: inculpar por la muerte del fiscal al gobierno que asumió las consignas del movimiento por los derechos humanos y reclamarle justicia contra la impunidad, incluso con la movilización en las calles. Recomiendo leer ese texto porque es la reflexión más profunda vertida hasta el presente sobre el tema, y para compensar que le tomo prestado el título (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/266790-71676-2015-02-24.html).

Para el sin duda bien intencionado columnista Alberto Amato, “en la Argentina, cuando un crimen roza al poder, queda impune”. ¿Sí? En pocos países más que en la Argentina los crímenes del poder están siendo castigados: desde Videla a Pedraza, de María Soledad a Cabezas y Marita Verón, de Río Tercero a Once y Cromañón. La única excepción han sido los crímenes del poder permanente, económico, eclesiástico, judicial o de Inteligencia. Hasta eso comenzó a cambiar, con el enjuiciamiento de Martínez de Hoz, Carlos Pedro Blaquier, Jimmy Smart, Oscar Justo Laguna u Otilio Romano, las sanciones al Banco Macro, las investigaciones sobre el HSBC, la disolución y la purga en la SI. Entonces todas las furias se desataron sobre el gobierno que lo consintió o lo impulsó. Además es asediado desde afuera por su posición inédita frente a los acreedores externos y los auditores financieros, su independencia en las relaciones internacionales que va desde el eje en el bloque sudamericano a la alianza estratégica con China y la búsqueda de acuerdos con Rusia.

La resolución del juez Rafecas comienza a poner en orden la escena que en los últimos cuarenta y cinco días se trastocó en forma brutal. El Gobierno no esperaba este desenlace porque maltrató a Rafecas cuando con la misma independencia aceptó la solicitud del fiscal Carlos Rívolo de allanar una propiedad del vicepresidente Amado Boudou. Un sector del radicalismo tampoco le perdona la investigación sobre la ley Banelco. En cambio lo respaldaron los organismos defensores de los derechos humanos, que lo reconocen por su tesis de doctorado sobre la tortura y por sus sistemáticas investigaciones sobre los crímenes cometidos en la Zona de Seguridad del Cuerpo de Ejército I, y las organizaciones de las colectividades armenia y judía, por sus estudios y libros sobre ambos genocidios. Eso frustró su destitución y no el presunto negociado con Eduardo de Pedro que le atribuyó Elisa Carrió, quien sustituye con tales ensueños la carencia cada día más evidente de buena información sobre lo que sucede, hasta llegar a la fantasía de un autogolpe que se daría hoy en el Congreso con apoyo militar. Al mismo tiempo que procuraba expulsar a Rafecas, el Gobierno propuso la designación como juez federal del coleccionista de parafernalia nazi Luis Osvaldo Rodríguez, para lo cual desdeñó la muy fundada impugnación del CELS. Integrante de la escudería Stiuso que administra Javier Fernández, Rodríguez es uno de los jueces que hoy acosan al Gobierno con causas disparatadas, como la imputación contra la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por cumplir con su deber de abogada del Poder Ejecutivo, que es defender a quien lo ejerce, ante la acusación de Nisman por un acto de gobierno. Peor aún, en torno de Rodríguez gira la maniobra en curso para desplazar a la fiscal Viviana Fein de la investigación por la muerte del fiscal y enfangar el expediente en el fuero federal, a partir de una causa previa por amenazas que está radicada en su juzgado. Rodríguez también tiene un expediente contra el propio Rafecas, por haberse atrevido a investigar el uso de los dineros de la ex SIDE para pagar los votos que hicieron ley la precarización laboral, y que el actual gobierno derogó. Rafecas se enterará hoy de que su resolución postergó una conferencia de prensa de los peritos designados por la exposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, para la que los policías bonaerenses Osvaldo Raffo y Daniel Salcedo ya habían comenzado los contactos con periodistas. Raffo fue el perito forense que en 1977 certificó que ni Jacobo Timerman ni Jorge Rubinstein habían sido torturados y en 1984 declaró ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que quienes torturaban a sus víctimas no eran los policías sino los guerrilleros, de lo cual no recordó ni un ejemplo. El informe que ambos pensaban entregar a la prensa aseguraba que la escena de la muerte fue adulterada para ocultar que a Nisman lo asesinaron. Sobre esa base, el juez federal Rodríguez pediría la inhibición de su colega del fuero ordinario Fabiana Palmaghini. Máximo Rosconi, defensor de Diego Cerebrito Lagomarsino, el acompañante de los tours internacionales de compras electrónicas de Nisman en Chile, con ingreso sin aduana garantizado por Antonio Stiuso, participó en forma inusualmente activa en la declaración testimonial de Sergio Berni. Lo interrogó como si fuera un imputado, con repreguntas impertinentes para un testigo. Estuvieron cerca de pasar a los golpes. En apariencia buscaba la declaración de nulidad del primer tramo del expediente. Pero en su infatigable recorrida de medios, el también defensor de Carlos Menem insiste en que no se trató de un suicidio. Esa hipótesis no necesariamente favorece a su cliente (que se convertiría en sospechoso de un crimen) pero encaja con el operativo de traspaso al fuero federal. “Rafecas no sabe que los partió al medio. Por eso lo único que se veía el viernes en televisión y en los portales de noticias era la fiesta de Boca con el debut del otro Daniel Osvaldo y si el vestidito es crudo y dorado o azul y negro”, ironiza desde su despacho judicial alguien que ni forma parte de Justicia Legítima ni se resfrió el jueves 18. “Ahora están pendientes de cualquier cosa que diga CFK sobre el fallo, para volver a la carga”, agrega.

Nunca es demasiado tarde para que los gobernantes aprendan que un juez serio y decente como Rafecas es algo que no tiene precio.

Alberto Adrian María Gentili, el amigo que Nisman proponía todos los años para cubrir sus licencias, quedó a cargo en forma interina hasta la designación del equipo que lo reemplazaría. Los empleados de la fiscalía le informaron que Nisman había dejado dos versiones de un mismo escrito, listo para su presentación. Después de leerlo, Gentili ordenó guardarlo dentro de un sobre lacrado en la caja fuerte y entregárselo a quien o quienes se hicieran cargo de la fiscalía especial. Se trata de la solicitud al Poder Ejecutivo para que pidiera la intervención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así esperaba conseguir la cooperación judicial que la República Islámica de Irán se negaba a prestar para que pudieran ser indagados sus nacionales, cuya captura el propio Nisman había pedido en 2006 y que fue el origen de las famosas alertas rojas de Interpol. La secretaria de la Unidad Fiscal, Soledad Castro, certificó en un acta del 20 de febrero que el fiscal había firmado esos documentos en diciembre de 2014 y rubricado sus últimas fojas en enero de 2015 “sin precisar el día”. Rafecas consignó en su resolución el asombro que le produjo constatar que Nisman formula allí una valoración positiva de los pasos que la presidente dio en el tema hasta septiembre del año pasado, es decir un año y nueve meses después de la firma del Memorando de Entendimiento. Si bien Nisman entendía que, a raíz de la negativa iraní a la extradición y al juicio en un tercer país, ese tratado bajaba las exigencias iniciales, no consideraba que su firma constituyera un crimen tipificado en el Código Penal, según sostendría pocos días después, el 14 de enero de este año. “Ante lo expuesto, estimo prudente no formular aquí comentarios” escribió con cierto pudor Rafecas.

Este mecanismo se repite varias veces a lo largo de su resolución: para Rafecas la prueba de que no hay delito en el accionar oficial la suministra el propio Nisman, en “una suerte de refutación a sí mismo”. El juez cita por lo menos tres veces en las que Nisman afirma que el Acuerdo no entró en vigor, por lo cual no tuvo efectos jurídicos, “incluyendo los efectos penales”: en las fojas 16, 121 y 180 de su autocontradictoria acusación.

Del mismo modo, el testimonio de José Ricardo Eliaschev ante Nisman refuta la nota periodística por la que fue citado. En el diario Perfil escribió haber visto un documento interno del gobierno persa en el que se afirmaba que la Argentina había perdido interés en el esclarecimiento de los atentados y prefería mejorar sus relaciones económicas con Irán. Pero como testigo dijo algo “claramente distinto”. En “esta declaración juramentada, de ser cierto lo que el ‘paper’ decía, de haber sido correctamente interpretado por el funcionario iraní de su contraparte argentina y de haber sido correctamente traducido del farsí al inglés, el contenido del mismo no revela nada en sí mismo sustancial: la Argentina querría ‘dar vuelta de página’ en las relaciones bilaterales, y para ello, correspondería –dice el “paper”– avanzar en un acuerdo importante”. Nada más que eso.

Basado en la denuncia de Nisman, el fiscal Gerardo Pollicita presentó el requerimiento de instrucción. Rafecas dejó constancia de que Pollicita se basó pura y exclusivamente en la denuncia de Nisman, lo cual puede ser una manera sutil de señalarle que con una simple instrucción preliminar hubiera podido arribar a la misma desestimación que él. Parte de ese camino lo recorrió el propio Rafecas. En una de las escuchas, el falso influyente Bogado se jacta ante su interlocutor musulmán de haber participado en las negociaciones sobre el Memorando de Entendimiento en Ginebra y de haberse reunido por la misma razón con personas de la colectividad judía en Nueva York. Pero “este personaje no registra una sola salida del país en los últimos diez años”, dice Rafecas. El juez también señaló un aspecto menos conocido del dictamen del fiscal Pollicita: “La claridad expositiva y la precisión en la definición de la hipótesis que ha delimitado en su escrito” fijó “el núcleo de la imputación”, lo que permite “despejar cualquier tipo de especulación y conjetura en este punto, sobre todo atendiendo la resonancia e implicancias que la denuncia ha concitado en la opinión pública nacional e internacional”. Pollicita circunscribió la investigación del presunto plan delictivo al señalar acciones concretas que habrían realizado la presidente y los demás imputados para “liberar de responsabilidad a los iraníes”. Una es la creación de una denominada Comisión de la Verdad, según Nisman “con facultades para asumir funciones de carácter estrictamente judicial en reemplazo del juez natural de la causa y del representante del Ministerio Público Fiscal”. Otra, la notificación a Interpol para que levantara “las circulares rojas”. Como la Comisión nunca se creó, las alertas rojas no se levantaron y la Argentina hizo todo lo que estuvo a su alcance para que siguieran en efecto, no hay delito, ni siquiera en grado de tentativa, concluye el juez.

Si Pollicita apela la resolución de Rafecas, la decisión quedará en manos de una de las dos salas de la Cámara Federal: la I, integrada por Eduardo Farah, Jorge Ballesteros (quienes sin mencionar un solo precedente consideraron inconstitucional el Memorando de Entendimiento con Irán) y Eduardo Freiler, o la II, que integran Horacio Cattani, Martín Irurzun y el mismo Farah, a quien la escudería Stiuso colocó sobre el filo de ambas salas para que tenga una visión más completa del panorama. En forma paralela proseguirá la investigación sobre la muerte de Nisman. A 45 días del disparo, no hay evidencias irrefutables de que se haya suicidado, pero menos aún de que lo hayan muerto. Sin embargo, buena parte de la oposición judicial y mediática afirma sin dudar que se trató de un asesinato y atribuye la responsabilidad al gobierno. “Magnicidio institucional”, sentenció Nelson Castro, quien el jueves agregó que si Nisman estuviera vivo, Rafecas no hubiera cerrado tan pronto el caso contra la presidente, lo cual a su juicio prueba a quién le convino la muerte del fiscal. Su colega Eduardo Van der Kooy fue más allá: sin molestarse por las fuentes ni por el encadenamiento lógico, atribuyó el hecho a “un comando venezolano-iraní (con adiestramiento cubano)”. Joaquín Morales Solá esboza dos interpretaciones: o “sicarios iraníes” o “una dramática conclusión de su denuncia contra el gobierno argentino”, en cuyo caso la “eventual lista” de víctimas adicionales “podría ser más extensa aún y no agotarse ni siquiera en funcionarios judiciales”. El ex procurador fiscal ante la Corte Suprema desde el menemismo hasta su reciente jubilación, Luis Santiago González Warcalde, afirmó que fue “un crimen” en razón del trabajo de un hombre al que el gobierno nacional dejó “abandonado y solo”. Para el sociólogo Marcos Novaro la marcha del 18 de febrero “despertó el rechazo compartido a que la política recurra a la muerte de los adversarios”. La indiferencia por los hechos define los alcances de una neurosis colectiva que afecta al sector de la sociedad que ellos representan o del que provienen.

Otra voz muy distinta se escuchará hoy cuando la presidente inaugure el último período de sesiones de su segundo mandato, acompañada por una movilización que se preparó con esmero. La sanción durante el período de sesiones extraordinarias de la nueva ley de Inteligencia que ilumina uno de los sectores más oscuros del Estado, invierte el principio de secreto por el de transparencia y procura obstruir la relación promiscua entre los servicios y la justicia; la reformulación ministerial ya sin el irresponsable triturador de papel impreso; la incorporación de dos militantes de distintas generaciones como Daniel Gollán y Eduardo De Pedro y la revalorización de la eficiencia en la jefatura de gabinete; la apertura de los concursos públicos para 82 frecuencias de televisión digital en la Zona Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Resistencia, Formosa, Comodoro Rivadavia y Santa Fe, postergada desde el alejamiento de Gabriel Mariotto de la autoridad regulatoria, muestran la decisión de gobernar hasta el último día del mandato presidencial. Además de los anuncios de políticas sociales se esperan también definiciones políticas de la presidente, en una escena que vuelve a su normalidad luego de un mes y medio de desquicio. El martes, dirá lo suyo el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sobre quien arrecian las presiones para que arroje nafta al fuego con un pronunciamiento recondiano sobre la independencia judicial. El mismo día, el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, hablará en el Congreso de Estados Unidos. En 2012, Netanyahu formuló una dramática declaración ante las Naciones Unidas, ilustrada con el rústico dibujo de una bomba, según la cual Irán estaba a sólo un año de construir su primer explosivo nuclear y reclamó acciones para impedirlo. Pero un documento secreto del Mossad, filtrado a la cadena de televisión Al Jazeera y al diario inglés The Guardian lo desmiente. Pocas semanas después del mensaje de Netanyahu, la propia Inteligencia israelí informó a Sudáfrica (de donde proviene la filtración) que Irán “no está realizando las acciones necesarias para producir armas”. El 17 de marzo Netanyahu arriesgará su cargo en las primeras elecciones en muchos años que pueden poner límite a la derechización total del “Estado Nacional Judío”, según la ley que priva de derechos a la minoría árabe, cuya sanción hace cien días hizo trizas la coalición gobernante y forzó la convocatoria electoral. En su mensaje del martes en el Capitolio Netanhayu cuestionará al presidente Barak Obama y la negociación nuclear del grupo 5+1 con Irán, que debe culminar con un acuerdo final en junio. Nisman no ignoraba estos cambios en el escenario internacional, que ya no es el de sus años de gloria.

“Esperando el discurso”/Beatriz Sarlo/PERFIL 

Por suerte, el juez Rafecas, desactivó el Partido Judicial. O, por lo menos, fundó otro partido. Sigo en esta interpretación las tesis kirchneristas de que todo lo que haga la justicia es obra del Bien (los miembros de Justicia Legítima), del Mal (el Partido Judicial), o los que buscan romper el bipartidismo (Rafecas).

De todos modos, falta muy poco para el discurso de la Presidenta, que inaugurará ante el Congreso el período de sesiones ordinarias. Imagino a los eventuales lectores de esta nota tan ansiosos como yo. Por suerte, los últimos acontecimientos en la justicia significaron una oportuna colaboración para que la Presidenta tirara o moderara algunas de las notas incendiarias que había pergeñado. ¿Sobre qué hablará entonces?

Hipótesis número 1. La alocución presidencial será la enésima remake de las cadenas nacionales sensatas, donde repite los progresos alcanzados durante su gobierno, las obras puestas en marcha, las obras inauguradas y múltiplemente reinauguradas.Prevalecerá el mensaje sobre el actual bienestar del pueblo sostenido por la asignación universal, las jubilaciones a quienes no habían realizado aportes, los subsidios con nombres diferentes para que los jóvenes tengan una beca, los planes de cuotas. Imagino cifras y más cifras: de computadoras entregadas a los estudiantes, de toneladas de cemento y kilómetros de caminos, cantidad de vagones, tomógrafos y camas de hospital, aulas construidas o por construir. Todas las cifras imaginables, salvo los porcentajes de inflación o los de pobreza. Si así es el discurso, la Presidenta no dirá cosas nuevas. Repetirá noticias antiguas y recientes, en alegre y desordenado montón. Podrá ser un discurso aburrido, pero es preferible aburrirse a sobresaltarse.

Hipótesis número 2. Como es su último discurso ante el Congreso, la Presidenta podría optar por el gran panorama, que también hemos escuchado muchas veces: lo que encontraron cuando llegaron (un país en ruinas, por supuesto) y lo que dejan ahora, un país orgulloso de sus políticas y de su nueva situación en el mundo, amigo de Venezuela, de Rusia y de China, orgulloso frente a los imperialistas y borrado de Europa. Si sus sentimientos no fueran mezquinos, la Presidenta podría desear que sus potenciales sucesores no hicieran un estropicio con esos logros. Podría pedir un compromiso de no retroceder en el camino ya recorrido.

Hipótesis número 3. Cristina Kirchner podría dedicar la primera parte de su discurso a ese balance enaltecedor de su gestión y también señalar aquellos temas fundamentales donde la oposición le impidió llegar a buen término. Podría decir que se le impidió la democratización de la justicia porque una alianza de opositores con el Partido Judicial fue el sospechoso y oscuro obstáculo para la gran movida, que aseguraba justicia para todos y llenaba el tablero de fiscales subrogantes a fin de que Máximo, pobre inocente de Dios, fuera dejado en paz y de que ella misma tuviera un retiro a la altura de sus méritos: líder del Proyecto para hoy y los tiempos futuros hasta que el destino lo disponga.

Hipótesis número 4. Es sabido que el periodismo de oposición ha hecho una guerra sin cuartel contra la Presidenta. Si elige este tema, tendremos powerpoint con tapas de diarios y revistas, cuyo montaje demostrará que es equivocada la tesis nestorista sobre que tres tapas de Clarín sacan del ring a cualquier gobierno. Aunque viene sumando tapas, ella sigue lo más campante. Pero si este es el tema, volverá a tronar y la Presidenta puede entusiasmarse en su diatriba. Quizá este sea el momento de su discurso en que la oposición reciba insultos desde los palcos y opte por abandonar el recinto.

Hipótesis número 5. Aunque la decisión del juez Rafecas hace poco probable esta hipótesis, podría suceder que la Presidenta siga denunciando un movimiento destituyente en el que participan la justicia, que aprovechó la muerte de Nisman, y la oposición, que se adueña de cualquier cosa que suceda. Volverá a ignorar el giro que supuso la muerte aún misteriosa del fiscal y a ningunear la manifestación que desbordó las calles a un mes de acaecida. Si se pone insultante, también éste puede ser un momento en que la oposición muestre su descontento y se retire. Un diputado kirchnerista llamó al Presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti “general” al comando de “un grupo de tareas desestabilizante”, a cargo de coordinar “el golpe blando”. Si el discurso va por ese lado, el que podría abandonar el recinto es el Presidente de la Corte.

Hipótesis número 6. Acá demuestro mi optimismo. La Presidenta, finalmente, hablará como alguien que se retira en paz, porque considera que ha cumplido su deber, no como un alma rabiosa, con sed de revancha y ganas de cobrar cuentas chicas. Hablará como la líder que quiere ser, no como una política menor a la que le preocupa que la esperen citaciones judiciales en cuanto llegue a Calafate.

Una duda. Hay más hipótesis que cualquier lector puede imaginar solo. Pero tengo una duda más importante que todos los supuestos: ¿la Presidenta leerá su discurso o hablará letra al viento como es su costumbre? A Cristina Kirchner no le gusta leer, porque está orgullosa de sus cualidades oratorias y leer le parece una pérdida en su capital simbólico: como si tuviera que cortarse el pelo o bajar un toque el maquillaje.

Pero, si leyera, los que ahora, con un poco de suspenso angustiado, nos preguntamos qué dirá el domingo estaríamos un poco menos nerviosos. No es lo mismo un texto escrito que el fluir de las emociones en público. Con pocas esperanzas, deseo que la Presidenta se prive de deslumbrarnos una vez más con sus salidas repentistas y lea. Últimamente mostró que a veces controla y a veces se le escapan las cosas. Señora: Perón leía ante el Congreso, Obama lee, otros líderes poderosos como Merkel leen. Háganos ese favor.

El domingo, cuando la Señora se retire del Congreso rodeada por su pueblo, voy a revisar esta nota y a tachar todo lo que no corresponde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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