Lesa Humanidad:Continúan las audiencias en UTN San Rafael

“Como delegado gremial, lo único que hice fue defender a mis compañeros” dijo Aldo Soto que fue detenido en la madrugada del golpe de Estado. Era delegado y se lo llevaron de la obra en la cual trabajaba. Lo llevaron hasta una comisaría en un auto de la empresa constructora. De allí fue trasladado a La Departamental, el centro clandestino de detención que función en el edificio de Tribunales de San Rafael, en el sur mendocino.

La posible colaboración entre una empresa constructora y el Ejército para avanzar en el plan represivo sobre una comisión gremial interna apareció hoy en el juicio por la segunda Megacausa Mendoza, el proceso por delitos de lesa humanidad cometidos en San Rafael. Uno de los testigos relató cómo fue que lo detuvieron en el campamento de una de las obras que realizaba como obrero de la construcción. También precisó que el auto en el que lo llevaron hasta la comisaría era de la empresa para la que trabajaba construyendo una represa, donde había sido elegido delegado de sus compañeros. Su relato se suma al de otros sobrevivientes que detallaron cómo operaron la Policía mendocina y el Ejército en la construcción de un plan represivo en el sur de Mendoza. El centro clandestino Casa Departamental, que funcionó dentro del edificio de los Tribunales sanrafaelinos, ocupó un lugar estratégico.

Los testimonios precisan, además, un retrato de pueblo chico, donde la cercanía entre víctimas y victimarios fue tan estrecha antes del golpe que se sospecha de una amplia colaboración civil en la delación y la entrega de nombres de militantes políticos a las fuerzas represivas. La brutalidad de los verdugos se expandió hacia las áreas rurales, donde hubo operativos represivos sobre las casas de familia y se aplicó tortura sin discreción, como en espacios urbanos, donde se concentró la actividad sindical, política y universitaria.

La Casa Departamental, como la bautizaron los represores, funcionó ante los ojos de fiscales y jueces en el Palacio de Justicia de San Rafael. Por allí pasaron decenas de personas que fueron torturadas y derivadas a otros centros clandestinos. En la causa hay 72 víctimas y 26 imputados entre los que figura un ex intendente.

Los empresarios

Aldo Jesús Soto, que ahora tiene 72 años, fue delegado general de la UOCRA. En la madrugada del golpe de Estado, los militares intervinieron la comisión interna. El sargento Olguín lo detuvo junto a un grupo de compañeros en el campamento de una obra de construcción. Desde allí lo llevaron en un Renault 6 color claro propiedad de la constructora Panedile, que conducía un chofer de la empresa.

En un aula de la Universidad Tecnológica Nacional, Soto contó que primero lo condujeron a un destacamento policial conocido como «Agua del Toro», donde lo encerraron en un calabozo de un metro por un metro. Luego fue llevado a La Departamental. Tenía 32 años.

En la celda, un soldado le sacó la venda de sus ojos. Se habían criado juntos. El soldado, de apellido Vargas, le dijo que se quedara tranquilo, que el teniente Guevara estaba a cargo de la vigilancia. Pero cuando el teniente lo vio, le pateó los testículos y le pidió que hablara especialmente de la abogada Susana Sanz de Llorente, asesora del gremio.

«En San Rafael, había cinco mil obreros. En ese momento, se estaba construyendo casi todo: los barrios, el hospital, los canales. Como delegado gremial, lo único que hice fue defender a mis compañeros. Los milicos destruyeron todo el movimiento obrero», enfatizó, subiendo el tono de la voz.

Dijo que, durante 30 años, no habló «del tema» con ningún familiar. «No tengo rencores con nadie y eso que me hicieron vivir en el infierno. Me desmayé varias veces por los golpes que me dieron», dijo ante las preguntas del fiscal Pablo Garciarena.

Después de la tortura, cada vez que se inclinaba a atarse los zapatos, se caía. «A la represión militar le debo los cuatro ACV que tuve en los años posteriores a que recuperé la libertad. Soy una víctima de la dictadura y de la democracia», agregó.

Cuando se reintegró a su trabajo, tras recuperar la libertad en febrero de 1977, dejó de realizar tareas sindicales.

Delatores

Luego fue el turno de Ramón Andrés Peralta, quien relató las circunstancias de su detención. Fue secuestrado el 5 de abril de 1976, cuando con unos compañeros viajaba a San Luis en un colectivo. Peralta estudiaba en la Facultad de Psicología en esa provincia. Los golpearon en la ruta y fue trasladado a La Departamental.

Allí también le dieron una golpiza. Le taparon la cabeza y los llevaron a las afueras de la ciudad. Sufrió una sesión feroz de tortura en una pieza: le colocaron unas maderas en los gemelos de las piernas y lo golpearon en las rodillas. «El dolor era indescriptible», describió. Los represores le preguntaban «¿dónde están las armas?, ¿dónde está la recaudación de la guerrilla».

«Siempre me intrigó el motivo de mi detención, supongo que fue porque me encontraron un panfleto del radicalismo que se repartía diariamente en la universidad», dijo ante la intervención del fiscal Dante Vega. «Si hubieran encontrado una biblioteca que tenía en un bolso, no hubiera estado acá. Ahí estaban libros como En  Cuba, de Ernesto Cardenal, y Para una ética de la liberación latinoamericana, de Enrique Dussel. Era un estudiante comprometido políticamente, nada más», relató y contó que, tiempo después, cuando recuperó la libertad, quemó los libros. “Me sentía paranoico y  me dolió tanto como si hubiera delatado a un compañero», dijo.

En  «La Departamental», como le pasó a otros detenidos, lo tuvieron unas horas y luego lo liberaron.

En una mesa de Tribunales, los policías hacían el registro de detenciones. «La Departamental estaba llena. La policía custodiaba adentro y el Ejército, afuera. Vi al ex gobernador de la Provincia (Alberto) Martínez Baca. Con él se ensañaban particularmente», detalló.

Con el tiempo, a Peralta le sobrevino una certeza: que un policía, concuñado de la familia, lo había delatado. Recordó situaciones en las que les había prestado libros y se los había devuelto con hojas cortadas. Y que, además, ese hombre de apellido Pérez le dijo a la familia que sabía dónde estaba detenido.

«En 1988 mi hermano se quitó la vida. Pérez no sólo escupió el féretro sino que le dijo a los hijos que había muerto por su vicio con las drogas. Eso habla del nivel de moral de Pérez», dijo y agregó: «Perdí una educación selecta, mis padres apenas sabían leer y escribir. Interrumpí la posibilidad de estudiar en la facultad. Además, también perdí un trabajo en el Canal 6».

Por pedir agua

La víctima Blanca del Carmen Nievas dio testimonio sobre la desaparición de su hermano Félix. A fines de 1975, Félix hacía el servicio militar en el regimiento de Montaña VIII. La familia participaba de las reuniones vecinales en el reclamo del agua potable. Entre ellos, también estaban los hermanos Berón y Rosales, que serían detenidos como su hermano.

Dijo que hacían rifas y bailes para juntar plata para pagar el agua. Unan noche, cuando estaban por acostarse, siete militares irrumpieron en la casa. Los detuvieron a todos con ojos vendados y a sus familiares varones los golpearon brutalmente. Luego, los condujeron a una sede de Infantería donde había una casa de adobe.

«No nos dijeron nada de por qué nos habían detenido. Nos revolvieron la casa. Fue muy fuerte, estábamos tan asustados que no hablábamos entre nosotros.», dijo.

Cuando volvió a su casa, la madre no estaba. Desesperada, volvió a Infantería. Allí la vio en un cuarto. Le habían quemado el pecho con picana y la violaron con una manguera. «El daño que le hicieron a ella fue inmenso. En el cuarto no tenía donde dormir», dijo. Luego la trasladaron a Tribunales y después a la cárcel de Encausados.

«No sé por qué detuvieron tantos días a mi madre, ella hacía tareas domésticas y apenas sabía lo de que nos juntábamos por el agua», aclaró.

En un franco del servicio militar, Félix fue a visitarla a Tribunales. Blanca cree que Félix comentó ante los militares que había maestras que alfabetizaban en el barrio. Y que por eso lo detuvieron. Luego, Félix volvió al Regimiento. Una vez de regreso en el servicio, recibió un telegrama donde decía que su madre había empeorado. Los militares le dieron permiso para salir. Pero nunca más apareció.

«Ese telegrama no lo escribió nadie de mi familia. Fue una trampa. A la semana que desapareció, vinieron los militares a buscarlo como si fuera desertor. Nosotros no sabemos qué pasó con él, por qué desapareció», comentó Blanca. «Siempre fuimos pobres, de trabajar, no sé por qué pasamos lo que pasamos. Destruyeron a mi familia», concluyó.

Por: Juan Manuel Mannarino / www.infojusnoticias.gov.ar

Imágenes: Sergio Goya

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