Ley de Abastecimiento: para los empresarios es inconstitucional

Los presidentes de varias entidades, entre ellas la Unión Industrial Argentina, se reunieron ayer para analizar nuevamente el impacto de la reforma. Irán a la Justicia.

Los senadores tienen previsto debatir este miércoles el paquete de proyectos de defensa del consumidor que abarca, entre otras cosas, la reforma a la Ley de Abastecimiento. Los empresarios advirtieron que dicha reforma es inconstitucional y ratifican que irán a la Justicia.

El denominado «Grupo de los Seis» emitieron un comunicado en el que reafirmaron «la importancia de defender los derechos del consumidor en forma activa y asegurar su defensa frente a la competencia desleal, para asegurar el funcionamiento correcto del mercado».

Además, expresaron «la incuestionable necesidad de amparar la defensa del consumidor y la promoción de la competencia, donde el Estado debe ejercer un control eficiente, objetivo y razonable para garantizar la transparencia del mercado».

Pero advirtieron que uno de los tres proyectos enviados al Congreso Nacional (sobre relaciones de la producción y el consumo, conocida como ley de abastecimiento), «no cumple esos objetivos sino que establece la intervención directa del Estado en la economía y en las empresas, fijando márgenes de utilidad, niveles de stock, canales de distribución, volúmenes de producción y precios, entre otros mecanismos de intervención».

«Estas atribuciones constituyen una violación de la Constitución Nacional, al establecer una delegación abierta al Poder Ejecutivo sin cumplir los recaudos constitucionales contemplados en el artículo 76», añadió.

Por ese motivo, los empresarios reclamaron al Poder Legislativo «tener en cuenta los elevados riesgos que implica esta iniciativa sobre la generación de empleo, la inversión, el crecimiento de la producción y el adecuado abastecimiento».

La nueva Ley de Abastecimiento propone un “marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor”.

El oficialismo modificó la iniciativa que originalmente envió el Poder Ejecutivo, al excluir de la regulación a las pequeñas empresas y a las medianas que no tengan un rol predominante en el mercado.

Fuente: El Sol

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