No corresponde pena de prisión a quien viole la cuarentena

Lo dictaminó la jueza de Garantías Alejandra Mauricio expuso distintas razones para argumentar que no corresponde una pena de prisión para alguien que viole la cuarentena.

Esta semana, una jueza de Garantías de Mendoza, Alejandra Mauricio, consideró que las personas que violaron o violasen la cuarentena no deben ser sancionadas con penas de prisión. Así lo argumento en dos fallos, con distintos argumentos, en los que ordenó la liberación de personas que habían infringido las medidas de aislamiento y que terminaron presas por tener condenas previas.

En un caso concreto, de Esteban Nicolás Rozas Domínguez, la jueza Mauricio destacó que «la facultad del presidente de dictar DNU tiene límites y, uno de ellos es la prohibición de legislar en materia penal».

«Lo que se cuestiona, contrario a la Constitución Nacional, es que el incumplimiento de las restricciones genere una conducta delictiva tipificada en el Código Penal, toda vez que como lo exige el principio de legalidad -art 18 de la CN- las conductas que tipifiquen delito sólo pueden tener su origen en una ley general de la Nación emitida por el Congreso», agrega.

Además de considerar inconstitucional los DNU de Fernández, en otro fallo vinculado a una presentación que realizó el representante legal de Oscar Sebastián Pérez Peralta, quien fue condenado durante la etapa de «distanciamiento social» en Mendoza, Mauricio remarcó que la sanción para la violación de la cuarentena en esta fase debe ser una multa y no la prisión de aquel individuo que no respetase la norma.

«La inobservancia a las restricciones se encuentra sancionada con multa, motivo por el cual estamos frente a una contravención, a lo que se suma que no puede encausarse a una persona dos veces por el mismo hecho y sancionarla dos veces por ese mismo hecho (…) Debe aplicarse el principio non bis in ídem y la norma más beneficiosa para el imputado» (multa y no prisión), justificó.

Estos fallos no son los únicos que se dictaron en el mismo sentido: son varios. Pero los argumentos que utilizó la jueza son los mismoas en cada uno de ellos. Asimismo, podría haber más resoluciones de este tipo cada vez que algunos de los mendocinos que están presos por violar la cuarentena (teniendo condenas previas, cumplidas o en suspenso) realicen presentaciones similares.

Primer fallo

Luego de analizar nuevamente la imputación y en razón de la cuestión interpuesta por la defensora oficial Dra. Gabriela Godoy en autos 49.912/20, entiendo procedente realizar el siguiente análisis y arribar a la conclusión final a saber.

El art. 99 de la CN regula Atribuciones del Poder Ejecutivo. En el inciso 3. Dispone que el Presidente de la nación participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.

El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.

Así las cosas, es necesario recordar qué dice nuestra CN al respecto. La misma atribuye al Poder Legislativo el dictado del CP (artículo 75, inciso 12) y prohíbe al Poder Ejecutivo Nacional -PEN- emitir disposiciones de carácter legislativo. El PE puede dictar DNU -solamente- cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, y no se tratare de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos (artículo 99, incisos 2do y 3ro).

Se entiende que la facultad del presidente de dictar dnu tiene límites y, uno de ellos es la prohibición de legislar en materia penal. Ningún dnu puede describir conductas que tipifiquen delitos, una ‘delegación no permitida’ ya que ni siquiera entra en los supuestos del artículo 76 de la Constitución, que sólo habla de materias de administración o de emergencia pública, y con plazo fijado para el ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.

El art. 205 del C.P. es una ley penal en blanco en tanto remite para la configuración del tipo penal a otras leyes. SOLER ha definido a las leyes penales en blanco como aquellas disposiciones penales cuyo precepto es incompleto y variable en cuanto a su contenido y en las que solamente queda definida con exactitud invariable la sanción. El precepto debe ser ordinariamente llenado con otra disposición legal o por decretos o reglamentos a los cuales remite la ley penal.

En igual sentido se ha expedido la mayoría la doctrina.

Ahora bien, no podemos soslayar que el art. 99 inc. 3° fue sancionado con la reforma de 1994, por lo tanto, el art. 205 del C.P. queda sujeto a la nueva constitución por el principio de prelación de la ley superior, en este caso, la Carta Magna de la Nación Argentina.

Resulta importante aclarar que no se desconoce la facultad del Sr. Presidente de la Nación para emitir un DNU que restrinja derechos y garantías en orden a una situación sanitaria excepcional como es la pandemia por covid- 19, sino que lo que se cuestiona contrario a la Constitución Nacional es que el incumplimiento de las restricciones genere una conducta delictiva tipificada en el CP, toda vez que como lo exige el principio de legalidad- art- 18 de la CN- las conductas que tipifiquen delito sólo pueden tener su origen en una ley general de la Nación emitida por el Congreso Nacional de conformidad a los mecanismos constitucionales establecidos en el art. 77 a 84 de la Constitución.

Y, en el caso que nos ocupa, estamos ante una situación expresamente contemplada en la CN, esto es que un DNU no puede legislar en materia penal, por lo que la remisión al art. 205 y 239 del C.P. por inobservancia de las normas restrictivas de derechos y garantías por razones de salubridad pública, es inconstitucional.

Por último, nos encontramos frente a una doble imposición penal circunstancia inadmisible en un Estado de Derecho.

El DNU/20 408 en el art. 3° reconoce en las gobernadores de provincias la facultad de establecer excepciones a los normas de aislamiento social bajo determinadas circunstancias.

El decreto ley provincial número 563/20 que menciona la Sra. Fiscal en la acusación, en el art. 4 establece que los ciudadanos de Mendoza podrán salir por el plazo de una hora y a una distancia de 500 metros de su domicilio.

El art. 6 de esta disposición del poder ejecutivo provincial indica que el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° importa la aplicación de una multa.

Y el protocolo anexa del decreto, determina que las salidas serán en diferentes días según la terminación del número del dni.

De este modo, resulta ilegal aplicar dos sanciones de diferente naturaleza a la inobservancia de restricciones de derechos y garantías por razones de salubridad que están reguladas en dos normativas emitidas por distintas autoridades.

Por lo que ante la delegación de facultades de regular los derechos y garantías de los ciudadanos por motivos sanitarios autorizada por el art. 3 del DNU 408/20, deberá aplicarse la sanción más benigna, que en el caso que nos ocupa, es la multa.

Por lo expuesto

RESUELVO:

1.- Declarar la Inconstitucionalidad del art. 4° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional. Art. 99 inc. 3° del CN y 18 del mismo cuerpo legal.

2.- No homologar el convenio de juicio abreviado.

3.- Sobreseer a ESTEBAN NICOLAS ROZAS DOMINGUEZ, ya filiado, del delito de Infracción al art. 205 del C.P. en virtud de lo dispuesto por el art. 353 inc. 2° del C.P.P. en función con el art. 99 inc. 3° de la CN

4.- Ordenar la inmediata libertad de ESTEBAN NICOLAS ROZAS DOMINGUEZ.

5.- Firme la presente, emitir las comunicaciones a los organismos que correspondiere para que tomen debida nota.

6.- Dejar constancia que las partes y el Sr. Rozas se notifican de la sentencia de sobreseimiento N° 6680 dictada en el día de la fecha 24 de agosto de 2020, mediante audiencia virtual.

Segundo fallo

Acreditada la base fáctica de la imputación, en relación con la acusación por infracción al art. 205 del C.P., considero que el imputado debe ser absuelto conforme lo dispuesto por los arts. 1°, 2°, 353 inc. 2° del C.P.P. en función con los decretos provinciales N° 563/20, 620/20, 657/20 y 700/20.

Veamos: El Sr. Presidente de la Nación, mediante DNU 520/20 de fecha 7 de junio de 2020, luego prorrogado por DNU 576/20 y DNU 605/20 y posteriores, describe la etapa o fase 2 denominada «Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio». Esta etapa reconoce en los gobernadores de aquellas provincias que se encuentren en determinada situación sanitaria, a flexibilizar las restricciones a los derechos y garantías dispuestas en fase 1 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Así las cosas. El Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza emite el decreto acuerdo 700/20 de fecha 8 de junio de 2020, por el cual se dispuso la vigencia del «distanciamiento social, preventivo y obligatorio» en el ámbito provincial, flexibilizando diversos aspectos vinculados con actividades y/o servicios regulados por decretos anteriores. Este decreto fue prorrogando su vigencia por los decreto acuerdos posteriores que determinan al día de la fecha en el ámbito de la provincia la vigencia de la fase denominada Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio Para fecha 2 de julio de 2020, encontrándose vigente la fase 2 denominada Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio, regían los decretos provinciales 563/20, 620/20, 635/20, 657/20 y 775/20. Cada uno de estos decretos contiene una progresiva flexibilización de las restricciones impuestas en fase uno y fase dos a los derechos de las personas.

Los decretos 563, 620 y 657 establecieron que el incumplimiento de las restricciones serían sancionadas con multa. Por lo tanto, en fase dos , etapa reguladas por los gobernadores de provincia, la inobservancia a las restricciones se encuentra sancionada con multa, motivo por el cual estamos frente a una contravención, a lo que se suma que no puede encausarse a una persona dos veces por el mismo hecho y sancionarla dos veces por ese mismo hecho.

De este modo, no sólo estamos ante una contravención, situación jurídica ajena al ámbito del derecho penal, sino que de existir alguna al respecto, debe aplicarse el principio non bis in ídem y la norma más beneficiosa para el imputado, arts. 1° y 2° del C.P.P., respectivamente.

En razón de lo expuesto, Pérez Peralta debe ser absuelto del delito de Infracción al art. 205 del C.P. en virtud de que a la fecha de comisión del hecho que se le imputa la provincia de Mendoza se encontraba en fase de distanciamientos social preventivo y obligatorio, regulado por el gobierno de Mendoza mediante decreto del Señor Gobernador, vigentes al día de la fecha, que sancionan con multa el incumplimiento de las restricciones pertinentes.

Fuente memo.com.ar

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