“Este convenio es un disparate jurídico, económico y fiscal. Nos convierten en rehenes de un sistema donde pagamos tres veces por algo que ya financiamos con nuestros impuestos”, advirtió Vadillo. En efecto, los mendocinos ya costean el mantenimiento de las rutas nacionales a través del Impuesto a los Combustibles (Ley 23.966), que tiene asignación específica para obras viales. A pesar de eso, el gobierno provincial ahora decide utilizar recursos del presupuesto mendocino para ejecutar obras en las Rutas Nacionales 7, 40 y 143. Como si esto fuera poco, el decreto también contempla la posibilidad de instalar peajes para “recuperar” esa inversión, obligando a los usuarios a pagar una tercera vez por circular por rutas federales.

Desde el Partido Verde alertan que el convenio vulnera derechos fundamentales y consolida un modelo de “provincialización informal”, donde Mendoza asume competencias que son exclusivas del Estado nacional sin recibir fondos a cambio. “La Nación recauda el impuesto, se queda con el dinero, no invierte en las rutas y encima le traslada la obligación a la provincia. Mientras tanto, nos quieren cobrar peaje por circular dentro de nuestro propio territorio. Esto no es federalismo, es saqueo institucional”, señaló Vadillo.

Además, la norma presenta múltiples irregularidades legales. No existe ley nacional ni provincial que habilite la cesión de competencias en rutas nacionales. No se realizaron estudios técnicos, económicos ni financieros que avalen la decisión. 

Tampoco se cumplió con los procedimientos ambientales exigidos por la Ley 5961, ya que no se hizo evaluación de impacto ni audiencia pública. Se omitió, también, la intervención del Honorable Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Hacienda, lo que agrava aún más la falta de control y transparencia. Y por si fuera poco, no hay garantías de reembolso ni mecanismos concretos que aseguren la recuperación de los fondos provinciales invertidos.

El recurso del Partido Verde exige la nulidad total del Decreto 1165/2025 y del convenio firmado con Vialidad Nacional y también solicita la suspensión inmediata de cualquier ejecución presupuestaria o avance de obra vinculado al acuerdo, y el resguardo de los derechos de los usuarios viales mendocinos, así como del patrimonio público provincial. De persistir esta violación a los principios constitucionales, el partido ya anticipó que solicitará la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Hoy te hacen pagar con tus impuestos. Mañana, con el peaje. Y cuando reclames, ya será tarde. Por eso actuamos ahora. No vamos a permitir que Mendoza siga resignando derechos ni entregando sus recursos para negocios ajenos”, concluyó Vadillo.