Por decreto, Pérez autorizó a sus ministros a perdonar deudas

El Gobernador facultó a sus colaboradores a declarar incobrables acreencias del Estado de hasta 3.000 pesos.

Desde ahora,  ministros y secretarios del Gobierno provincial tienen la facultad de decidir qué deudas se cobran y cuáles no en el Estado, según lo estipula el decreto 1.065 publicado ayer en el Boletín Oficial de Mendoza y que lleva la firma del gobernador Francisco Pérez y todo su gabinete.

El límite para descartar el inicio de cualquier acción legal o administrativa para que un deudor pague es de 20% de lo estipulado, como máximo, para la contratación de servicios por parte del Estado. Ese monto es de 15 mil pesos según la Ley de Contabilidad 3.799, es decir, que si lo adeudado es de 3.000 pesos o menos, puede ser declarado incobrable por cualquier ministro o secretario de Estado.

«Lo que se hace con este decreto, a pedido de la Fiscalía de Estado, es ordenar una situación que se daba de hecho. Llegaban a la Fiscalía muchos expedientes de los distintos ministerios pidiendo la conformidad para que se declarara incobrable una pequeña deuda por el costo que significaba perseguir al deudor, más que la misma deuda. Entonces, a partir de este decreto, se ordena esta situación y se les da a los ministros y secretarios la facultad de declarar incobrables este tipo de deudas», explicó ayer el fiscal de Estado interino Javier Fernández.

Detalles

En los considerandos del decreto 1.065 se analiza el expediente administrativo 172-F-2013-05.179 caratulado «Fiscalía de Estado sobre dictamen y resolución por causas judiciales que implican un mayor costo laboral que el restituido en sentencia».

El primer considerando indica: «Es necesario abordar la problemática generada en distintos organismos por la obligación de iniciar acciones judiciales, las que en muchos casos resultan inconvenientes e innecesarias, no justificando su gestión de cobro judicial».

En esa línea, el decreto explica que «dentro del cúmulo de deudas que llegan para su recupero, se encuentran demandados de domicilio desconocido, domicilios inexistentes, ubicados en zona de riesgo, empresas en liquidación o ya liquidadas hace mucho tiempo, o bien encontramos asociaciones civiles sin fines de lucro, bibliotecas populares, clubes sociales y deportivos; entre otros beneficiarios de
subsidios mal rendidos y que se pretende demandar». Y agrega: «Existen casos, cuyos montos son exiguos en relación al real costo de recupero de estos, y que aún en caso de obtener sentencia favorable, son de imposible cumplimiento, ya que implicarían un desgaste administrativo y judicial antieconómico por su importe».

En esa línea, Fernández puso como ejemplo daños a propiedad del Estado en grescas, como puede ser un desmán a la salida de un partido de fútbol que termina con móviles dañados. «En esos casos, el daño económico es impagable, porque suelen ser expedientes, penales o administrativos, contra desconocidos», detalló.

Asimismo, insistió en que los montos a cobrar en casos de pocos pesos «son menores que lo que cuesta reclamarlos».

Este mecanismo de declaración de incobrabilidad por los ministros y secretarios está contemplado en la citada Ley de Contabilidad, que en su artículo 26 dice: «La concesión de exenciones, quitas, moratorias o facilidades para la recaudación de recursos sólo podrá ser dispuesta en las condiciones que determinen las respectivas leyes. Las sumas a cobrar por los órganos administrativos, que una vez agotadas las gestiones de recaudación se consideren incobrables, podrán así ser declaradas por el Poder Ejecutivo».

También cita el decreto normas que establecen lo mismo que está regulando, elaboradas, por ejemplo, por ministerios del Ejecutivo nacional. Además, cita leyes provinciales, como la 8.114, que condonó el pago de multas incobrables, originada en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia. También cita la ley 8.523, artículo 95, por la cual «se exime a la Agencia Tributaria Mendoza, ATM, de iniciar el cobro de deudas inferiores a 930 pesos».

Montos

El decreto firmado por Pérez y todos sus ministros hace explícita la necesidad de determinar un monto de actualización automático, «que permita declarar la incobrabilidad de deudas, cuyo accionar resulte inconveniente por los altos costos del juicio o por el manifiesto fracaso de su gestión».

Y argumenta: «El Poder Judicial de la Provincia proyectó para el presente año, como costo para el inicio de un juicio civil, la suma de 2.702,76 pesos, a lo que podría agregarse el costo del desgaste funcional administrativo, lo que ya muestra un cálculo fehaciente a seguir al momento de determinar el monto mínimo; que otro criterio a considerar para el inicio de juicios, podría ser el monto equivalente a 20% del estipulado para la contratación directa, previsto en el artículo 29 inciso B de la Ley 3.799 (de Contabilidad) y modificatorias; que conforme lo establece el citado artículo 26 de la ley 3.799, es facultad del Poder Ejecutivo declarar la incobrabilidad de las deudas a recuperar por órganos administrativos, cuando las mismas cumplan las condiciones establecidas en la propia normativa».

En montos concretos, teniendo en cuenta que las contrataciones directas pueden hacerse por hasta 15.000 pesos, el tope de las deudas a «perdonar» es de 3.000 pesos.

Asimismo, aclara que la condonación de deudas «es sólo materia del Poder Legislativo», indicando que el Ejecutivo sí puede declarar «incobrables ciertos créditos».

salvedades. Así, el articulado del decreto 1.065 establece en su artículo 1º: «Deléguese en los señores ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, y en el señor fiscal de Estado, en el ámbito de sus competencias, la facultad de declarar incobrables, y de no iniciar juicios por cobro de deudas, cuando el monto de las mismas resulte antieconómico e ineficiente en la gestión, por ser individualmente consideradas, inferior a la suma equivalente al 20% del monto estipulado para la contratación directa», es decir hasta 3.000 pesos.

También establece la posibilidad de desistir el Estado de juicios ya iniciados. Dice el artículo 3º: «Declárase el presente decreto acuerdo de plena aplicación a los juicios ya iniciados o a iniciarse, que reúnan las características fijadas».

Por último, hace una salvedad respecto de eventuales multas o cargos impuestos por el Tribunal de Cuentas a funcionarios. Dice el artículo 4º: «Exceptúese de lo dispuesto en el presente decreto acuerdo a las deudas originadas por multas y cargos impuestos por el Honorable Tribunal de Cuentas a los funcionarios responsables del manejo de fondos públicos».

«Se está destruyendo la conducta fiscal»

El secretario de Hacienda de Godoy Cruz y referente en temas fiscales del radicalismo mendocino, Martín Kerchner, criticó duramente el decreto del gobernador Francisco Pérez que autoriza a sus ministros a perdonar deudas de hasta 3.000 pesos.

«¡Es una fortuna! Yo en Godoy Cruz persigo a contribuyentes que deben mucho menos que eso», fue la primera reflexión de Kerchner al leer el decreto. «Realmente estoy asombrado, se está dejando de gestionar, es la conclusión que saco de este decreto del gobernador», indicó el radical, y argumentó por qué es «una locura» lo que está haciendo el Gobierno provincial.

«El gobernador les está diciendo a sus ministros que no gestionen. El dinero del Estado es del pueblo, hay que velar por ese dinero, lo que se le debe al Estado es parte de su patrimonio», argumentó el radical, y explicó lo que el mismo decreto reconoce: «La ley obliga a accionar de todas las formas posibles para proteger ese crédito público, lo que se está haciendo con esto es decir: ‘Si no se puede, no se cobra’. El mensaje de conducta fiscal es: ‘No se preocupen'».

En esa línea, Kerchner, quien lleva adelante las cuentas de Godoy Cruz, manifestó: «Es razonable que existan estas situaciones de deudas difíciles de cobrar, pero si tuviéramos que medir cuánto vale la vida o la seguridad de una persona, sin dudas gastamos muchos más de lo que vale bien. Pero, el Estado está obligado a perseguir un robo para fomentar la sensación de que hay reglas; no debemos cometer el error como funcionarios de quitarnos responsabilidad de encima porque ese mensaje es muy negativo, si no, cumplir no importa, ese es el mensaje».

Asimismo, dijo que el Gobierno provincial puede perseguir y lograr una tasa de cobro aceptable, posibilidad que con el decreto 1.065 se anula. «Hay que extremar las medidas para que aquellos que no cumplen, por lo menos, sepan que están rompiendo el contrato social».

Respecto del monto establecido como máximo para no reclamar deudas, Kerchner dijo: «Nunca debería llegar una deuda a los 3.000 pesos, hay que intentar cobrarla, utilizando todos los mecanismos posibles antes. En el Municipio no dejamos que llegue a esos montos, intentamos cobrarlas antes».

En esa línea, el funcionario municipal exclamó: «¡No se regalan 3.000 pesos así porque sí! Están regalando 3.000 pesos cuando no hay cosas básicas, por ejemplo, en los hospitales. Es una fortuna».

Fuente: elsolonline.com

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