Proclama del 9 de julio

INDEPENDENCIA ECONÓMICA ES MÁS JUSTICIA SOCIAL, TRABAJO DIGNO, SALARIOS JUSTOS Y PRODUCCIÓN NACIONAL.

La gran mayoría de los argentinos y argentinas, al igual que gran parte de la humanidad, estamos atravesando, por efecto de la pandemia, tiempos de incertidumbre, de dificultades impensadas y de reducción del bienestar en todos los órdenes vitales: económicos, sociales, de salud, de educación, de empleo.

Argentina tiene más del 42% de la población por debajo de la línea de pobreza, más del 10% en la indigencia y más del 22% de las trabajadoras y trabajadores activos desempleados o subocupados. Ello no sólo pone en evidencia una enorme dilapidación de capacidades humanas, sino que acarrea gigantescos costos personales, familiares y comunitarios. A ello se agrega el peso de una deuda externa irresponsablemente contraída y concedida, cuyo destino no fue otro que la fuga de capitales de una ínfima minoría, al costo de reeditar el vínculo de sometimiento del país con los acreedores internacionales.

Pero la crisis no es igual para todos. Hay claros perdedores y ganadores. La desigualdad entre los más ricos y los más pobres ha aumentado en forma inédita. El salario promedio ha perdido, desde el 2015, más de un cuarto de su poder de compra, en tanto cerraron más de 45.000 PYMES, comercios y cooperativas, y se han destruído centenas de miles empleos y crecido notablemente la marginalidad. Mientras tanto, siguen multiplicando sus ventajas los especuladores especializados en maniobras financieras y cambiarias; quienes toman provecho de posiciones dominantes en mercados monopólicos u oligopólicos; quienes se benefician por rentas diferenciales ante mayores precios internacionales para aumentar, sin justificación de mayores costos, sus precios locales, como resulta tan evidente en el brutal encarecimiento de los alimentos en nuestra mesa.

Hoy, el debate sobre cómo salir de la crisis es ineludible. Éste, debe darse con valentía, madurez, compromiso y seriedad, fijando prioridades, determinando recursos y proponiendo alternativas viables y transformadoras.

Una parte de la dirigencia patronal, que se expresa a través de las grandes asociaciones empresarias y rurales, pretende un vínculo prebendario con el Estado, limitado a la obtención de mayores beneficios para sí -aún a costas del conjunto- y a la exclusiva defensa de los intereses de la pequeña minoría privilegiada de la que forman parte. Repiten ideas antihumanistas de flexibilización de las leyes que protegen a las trabajadoras y trabajadores, que provocarían una merma aún mayor en sus ya castigados salarios y su dañada participación en la riqueza, achicando su capacidad de consumo y su función como destinatarios de la producción. Defienden privatizaciones cautivas. Reclaman reformas impositivas y previsionales regresivas. Todas recetas antipopulares, que una y otra vez condujeron a la recesión, la pobreza, la destrucción de capacidades productivas y cognitivas, el retroceso socioproductivo y geopolítico, y la dependencia, resultados propios de un rumbo inverso al del desarrollo.

Quienes históricamente han sido beneficiarios del actual estado de cosas, resisten cualquier cambio en sentido progresivo. Atacan todo intento de reconstruir las capacidades reguladoras y fiscalizadoras del Estado, tanto en el área comercial como impositiva o financiera. Rechazan que se avance en la investigación, el control y el combate de gigantescas evasiones y fugas de capitales, como las puestas en evidencia por el Banco Central de la República Argentina, y buscan, sin pudor, la complicidad de un sector del poder judicial para no pagar el Aporte Extraordinario de las Grandes fortunas, para evitar poner en vigencia la tarifa social en las telecomunicaciones o para impedir la administración estatal del comercio exterior que procura garantizar el derecho a la alimentación del pueblo argentino. Se niegan a articular proyectos de desarrollo con otros sectores sociales, no sólo con los trabajadores, sino con el amplio entramado de empresarios Pymes de capital nacional, que, pese a haber sido hostigados durante los últimos 40 años de neoliberalismo -con la sola salvedad del periodo 2003-2015-, generan un 75% de los empleos y constituyen el corazón de la trama argentina productiva y de servicios.

Es responsabilidad de las dirigencias -no sólo política sino económica, sindical y de todos los ámbitos de nuestra sociedad- construir respuestas edificantes para atender la emergencia sanitaria, económica y social. Mucho más, cuando parte de esas dirigencias no es ajena a los hechos que condujeron a la crisis. De la crisis sanitaria se sale sosteniendo la campaña de vacunación y las medidas de cuidado que parte de esas dirigencias adversó y boicoteó. De la crisis económica se sale con Producción y Trabajo. De la crisis social se sale con una justa distribución del ingreso, de la riqueza y de las cargas, en relación con la capacidad contributiva. Sin esperar “derrames” que nunca se produjeron ni se producirán. Es indispensable poner fin a las lecturas interesadas que responsabilizan a los pobres por la pobreza, invisibilizando la cada vez más extrema concentración de la riqueza, y romper la estigmatización simplificadora que los califica como “gente que no quiere trabajar” u, ofensivamente, como “choriplaneros”. Es imprescindible una enérgica reposición de derechos universales, que son la fuente de la justicia social, y que deben desplazar a las ideas de políticas focalizadas, promovidas por el FMI y el Banco Mundial, típicas de la beneficencia que, en lugar de perseguir la inclusión, están dirigidas a debilitar la lucha contra la profundización de la exclusión. Es preciso y posible motorizar la enorme capacidad ociosa -en la mayor parte de los sectores productivos de más del 40%- y las potencialidades humanas desaprovechadas y marginadas.

Ante la emergencia, es imperioso el protagonismo de todos los argentinos y argentinas trabajadores, jubilados, estudiantes y profesionales, quienes no vivimos de rentas, quienes no escondemos nuestros ahorros en guaridas fiscales, quienes no especulamos ni en la bicicleta financiera ni en la cambiaria, quienes cumplimos con nuestras obligaciones con la comunidad y pagamos los impuestos, quienes nos levantamos cada día para producir en las fábricas, en las cooperativas y en los campos de nuestra tierra, para atender en los comercios, para prestar los servicios; quienes aspiramos a una vida digna solventada por nuestro esfuerzo cotidiano, pero en una comunidad organizada en la que el esfuerzo de cada uno y cada una sea justa y equitativamente retribuido. Esta debe ser la respuesta -ciudadana, activa e insustituible- a la convocatoria a movilizar los recursos y capacidades nacionales para poner a la Argentina, devastada por los cuatro años de neoliberalismo macrista y los efectos de la pandemia, nuevamente de pie.

En proclamas anteriores afirmamos, el 25 de mayo, la prioridad de la protección de la salud y de la vida y la restauración del bienestar de nuestro pueblo, por sobre los pagos de la deuda externa contraída irresponsablemente por el gobierno de Macri.

El 20 de junio señalamos la importancia de recuperar la soberanía y el control estatal sobre nuestro Río Paraná, principal ruta fluvial del país, por donde circula el 80% de nuestro comercio exterior, pieza clave para el diseño del modelo de desarrollo que decidamos darnos los argentinos y las argentinas.

Hoy es necesario afirmar que DEBEMOS CONSOLIDAR LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA CON MAS JUSTICIA SOCIAL, TRABAJO DIGNO, SALARIOS JUSTOS Y PRODUCCION NACIONAL.

El objetivo central debe ser lograr la armonía social, mediante:
▪ La consolidación y ampliación de los derechos laborales y sociales conquistados, promoviendo la efectiva y plena vigencia del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional;
▪ El crecimiento de los salarios e ingresos por encima de la inflación;
▪ El desacople de los precios internacionales y domésticos y el control de prácticas monopólicas y oligopólicas;
▪ La creación de trabajo y el robustecemiento del mercado interno;
▪ El fomento del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas nacionales.

Asumir la significación de la independencia económica requiere reconocer como desafíos prioritarios que:

1. El Estado debe cumplir un rol central, interviniendo, regulando, supervisando, orientando, planificando, generando incentivos y oportunidades para los sectores claves de la economía, produciendo bienes y servicios que favorezcan la integración social y territorial de la Argentina. Mientras la concepción liberal que postula que el ámbito productivo debe ser reservado a la iniciativa privada limita la democracia excluyendo al pueblo de las definiciones sobre el perfil de la matriz productiva nacional, la intervención del Estado en las relaciones económicas, implica la participación de la ciudadanía en las decisiones sobre el futuro colectivo. Los países que lograron mayores niveles de bienestar y desarrollo humano son los que han tenido y tienen Estados inteligentes y robustos, servidores públicos capacitados y bien remunerados, y políticas públicas potentes, que atienden las necesidades de sus ciudadanías, financiados con sistemas impositivos progresivos.

2. El trabajo y la producción deben organizarse, conforme a las exigencias del desarrollo económico y social de la Nación. Con el propósito de abolir toda forma de explotación; de terminar con el trabajo infantil; de eliminar las brechas laborales y salariales entre varones y mujeres; de reducir la jornada laboral conforme con los objetivos de alcanzar el pleno empleo, el crecimiento de la masa salarial y la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras no vivan para trabajar sino que trabajen para vivir, disponiendo del tiempo y los recursos suficientes para disfrutar de los afectos, el arte, la reflexión, el estudio o la cultura, mejorando la productividad de la sociedad; de asegurar la plena inclusión jubilatoria para el goce de la vida en la etapa pasiva, y de promover las condiciones y oportunidades para la incorporación de las y los jóvenes al mercado de trabajo.

3. Puesto que el consumo representa cerca del 75% del PBI, la reactivación del mercado interno debe sostenerse en el estímulo de la demanda efectiva con el imprescindible aumento de salarios e ingresos de la población.

4. Debe atenderse la consistencia macroeconómica y la necesidad de alejar la restricción externa, en tanto limitante para la sostenibilidad del crecimiento. Siempre -y simultáneamente- priorizando el objetivo central e ineludible de mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestro país y de nuestro pueblo.

5. Estas reflexiones sobre la política económica y su dinámica, exhiben la insoslayable necesidad de una inmediata y sustantiva distribución del ingreso y la riqueza, que no sólo es un imperativo de justicia social, sino una condición necesaria del desarrollo económico autónomo. Las medidas para lograr ese objetivo corresponden al ámbito de la decisión política: los cambios en las relaciones distributivas nunca provienen del devenir mercantil. El empoderamiento de los trabajadores y trabajadoras -activos y pasivos, formales e informales, ocupados y desocupados-, de las amplias mayorías ciudadanas, y la alianza estratégica con los empresarios con conciencia nacional, resulta políticamente imprescindible para alcanzar esos objetivos.

6. La industria, el comercio, los servicios, las actividades agropecuarias, la pesca y la minería son todas necesarias para la reconstrucción de la Argentina. Afortunadamente, en nuestro país pueden desarrollarse plenamente todas ellas, preservando el ambiente. Pero, esas actividades deben articularse en cadenas productivas aguas arriba y aguas abajo, evitando la conformación de enclaves exportadores. Cada sector aporta de distinta manera al conjunto de la Nación. Algunos, como el agro, aportan mayoritariamente las divisas necesarias para darle sustentabilidad al crecimiento económico; otras, como la industria, el comercio o los servicios, generan trabajo, agregando valor, para producir los bienes y servicios, asegurar el dinamismo de la actividad económica y satisfacer las necesidades de la comunidad. Así, por ejemplo, mientras el sector agropecuario actualmente ocupa 330.000 personas, representando el 5,6% del total del empleo privado registrado, la industria emplea 1.100.000 personas, más de 3 veces más.

7. Diversificar la estructura productiva y dar valor a las exportaciones, es una tarea sustantiva. Políticas que cierren la brecha de productividad intersectorial de la estructura productiva son determinantes para superar la restricción externa, para lo cual el papel del Estado resulta clave. Pese al reciente aumento de los precios internacionales de los principales productos argentinos de exportación, los precios promedio por volumen/unidad se siguen distanciando de los de las importaciones. Se debe revertir la tendencia primarizadora de las ventas externas.

8. La inversión, tanto pública como privada, ocupa un lugar central y debe ser impulsada priorizando la competitividad sistémica y la diversificación productiva, de acuerdo con el interés nacional.

9. Se debe fortalecer el entramado educativo y científico-tecnológico nacional, fomentando las actividades ligadas a la innovación y el desarrollo, para mejorar las condiciones productivas y de vida de la población, superar atrasos sectoriales y regionales y garantizar el equilibrio ambiental.

10. Debemos considerar la explotación de nuestros recursos naturales como un bastión de soberanía política y económica, y de resguardo estratégico, que no deben dilapidarse. Existen ejemplos virtuosos en el mundo, como lo realizado por Noruega con el fondo estratégico para su desarrollo, basado en los recursos provenientes del hallazgo de petróleo en el mar. Los enormes recursos del país deben estar al servicio de las necesidades nacionales, tanto sociales como productivas, y su potencial para la generación de divisas debe ser utilizado en pos del desarrollo económico y social, tanto de la generación actual como de las futuras.

11. Es relevante la reconstrucción de la capacidad empresaria del Estado en áreas estratégicas. Como la minería, donde sería promisoria la creación de una empresa pública, integrada por el Estado nacional y los provinciales. También la creación de una agencia pública que intervenga en el comercio exterior sería un aporte a la transparencia y la adecuada regulación del mismo, que ayudaría a mejorar el resultado fiscal, y a limitar los efectos en los precios internos de las fluctuaciones de los mercados internacionales. La independencia económica se articula, así, con la justicia social.

Se trata de potenciar el funcionamiento del círculo virtuoso de la reactivación económica y la inclusión social: mejora en la capacidad adquisitiva de las mayorías populares, incremento del consumo, mayor demanda, aumento del empleo, mayor inversión.

Argentina es un país inmensamente rico, que se cuenta entre los pocos que tienen la posibilidad de autoabastecerse de los bienes esenciales (alimentos, energía, agua, entre otros) y posee recursos humanos y productivos para que los beneficios económicos lleguen a toda la ciudadanía y no se concentren en una minoría privilegiada. La pandemia ha dejado a la vista las tremendas desigualdades que nos atraviesan. Es, también, la oportunidad para empezar a terminar con ellas. Hoy contamos con medios de producción, recursos y tecnologías incomparablemente superiores a aquellos de los que dispuso la humanidad para atravesar crisis anteriores.

El 9 de julio de 1816 los congresistas de Tucumán decidieron, con coraje y convicción, declarar la independencia nacional. Hoy, la conmemoración del Día de la Independencia debe ser propicia no sólo para confirmar su importancia histórica en actos festivos, sino para encarnarla plenamente ante los enormes desafíos del presente, pero, sobre todo, del futuro.

 

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