Reforma laboral: así es el “plan B” del Gobierno nacional

Ante el rechazo de los sindicatos a algunos puntos clave, el Ejecutivo avanzará de forma gradual y con puntos en los que tiene consenso para después avanzar con temas más sensibles como los despidos.

Ante la imposibilidad de avanzar con el proyecto original de reforma laboral por la oposición de los sindicatos y también de algunos sectores políticos que necesita el Ejecutivo para aprobar las modificaciones, finalmente el Gobierno nacional puso en marcha el “plan B”.

Para lograr la reforma en un primer momento se pensó en convocar a sesiones extraordinarias para febrero, pero al ver que no iba a contar con las adhesiones suficientes, el macrismo dejó de lado esa idea y comenzó a considerar como más propicio un debate en sesiones ordinarias y cerca de abril.

En lo que sí hay consenso es que, sin el visto bueno de la CGT, la reforma impulsada por Macri no avanzará.

Al abandonar la idea original, el Gobierno apunta ahora a analizar por puntos los diferentes cambios y entre los principales está la regularización del empleo no registrado (blanqueo), el primer ítem que se negociaría con las principales entidades gremiales.

Según informa iProfesional, la propuesta oficial prevé otorgar beneficios a los empleadores que “sinceren” trabajadores que cobran en negro o reciben parte de sus ingresos en situación irregular. Uno de ellos es la extinción de la acción penal: no correrán riesgos de ser condenados por haber omitido el ingreso de aportes y contribuciones.

La condonación de multas y salida del registro público de empleadores con sanciones laborales) ya quedaron resueltos recientemente, a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia sobre desburocratización del Estado.

El blanqueo a tratarse en el Parlamento es visto con buenos ojos por los sindicalistas.

Uno de los temas resistidos por la CGT son los cambios planteados sobre las multas por empleo mal registrado. El Gobierno propone que, en lugar del salario completo del trabajador, el monto a considerar se estipule sobre la base del 25% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Además, quiere cambiar el destino de esos fondos: que sean derivados a los organismos de la Seguridad Social y no al bolsillo del empleado afectado, tal como ocurre en la actualidad. Este punto no cuenta con el aval sindical.

Otro punto en cuestión de la negociaciones serán las licencias, donde si hay acuerdo para la de paternidad que se extendería de dos días a quince corridos. Además se sumaría una por razones personales sin goce de sueldo y por 30 días.

Un punto clave son los despidos, en el cual el Gobierno apuntó a quitar del cálculo de las cesantías la parte proporcional del aguinaldo, los bonos abonados sin periodicidad mensual y toda compensación o reconocimiento de gastos de la empresa.

Algunos gremios consideran que este ítem no debe prosperar, ya que afecta los derechos de asalariados. Sin embargo, las cámaras empresariales insisten en mantenerlo y argumentan que ayudará a dar certidumbre al costo indemnizatorio.

Sobre este tema, no hay postura unificada de los sindicatos.

Fuente MDZ

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