Río Atuel: cambio de enfoque y algunas reflexiones

Desde el fallo del máximo tribunal de nuestro país –recaído en el año 1987– y hasta ahora,  La Pampa tenía posibilidad de recibir caudal de aguas del Río Atuel siempre que se mantuviera el uso del agua  sobre 75.761 hectáreas sur mendocinas afectadas al riego.  Límite nunca superado y que –en los hechos- condujo al uso actual y exclusivo del río por Mendoza,  quedando para La Pampa la expectativa de un uso compartido pero futuro.  Treinta años después –en cambio- y a partir del nuevo y reciente fallo dirimente del mismo tribunal, La Pampa tiene acceso en el corto plazo a un caudal hídrico –a determinar- apto para la recomposición del ecosistema de su noroeste provincial, se rieguen o no esas 75.000 hectáreas mendocinas. Lo cual implica la posibilidad de un uso actual y limitadamente compartido –con Mza- de las aguas del Atuel.

Para dar tal giro –rechazando que lo resuelto en 1987 sea inmodificable- la Suprema Corte de la Nación indica que ahora el tema reviste mayor alcance que la primera vez y que las nuevas normas constitucionales (sobre ambiente sano y desarrollo sustentable – art 41) requieren un cambio de enfoque. Así :   A) refiere que en 1987 se dirimía  un conflicto bilateral entre dos provincias por la posesión y el derecho de uso preferente del Río Atuel, donde la mirada estaba centrada en el agua (microbien)  y que debía resolverse en función de los usos históricos y de las necesidades del riego (demanda de agua); y B) que –a diferencia de ese momento- hoy la mirada se posa en el ambiente (macrobien) y en la Cuenca del Atuel –su agua, suelo, flora y fauna-;  dirimiéndose un conflicto plurilateral que –excediendo a Mza y San Juan- involucra a toda la región vinculada a la cuenca y  a la Nación (también involucrada  en la lucha internacional contra la desertificación), y que debe resolverse teniendo en miras los usos presentes y futuros (de las nuevas generaciones), auscultando todos los aportes hídricos (oferta de agua) a fin de mantener y recomponer el ecosistema.

En ese marco, la Corte ordena a Mendoza y La Pampa la fijación en 30 días de un caudal hídrico hacia el noroeste pampeano; y le pide a ambas Provincias que juntamente con la Nación elaboren en 120 días un  plan de obras que permita tal provisión y  un mejor aprovechamiento del Río Atuel, debiendo –todas- asignar recursos económicos; y a tales fines ordena  “desempolvar” el C.I.A.I (Comité Interprovincial del Atuel Inferior), como el ámbito de articulación y consenso interprovincial con presencia de la Nación; y –además- no se hace eco del reclamo por daño ambiental formulado por La Pampa.

Algunas reflexiones:  1) la Corte no quiere que la cuestión ambiental tropiece  con la cuestión financiera –por ello los diversos plazos-; 2) el Tribunal  urge la recomposición del ecosistema del Atuel –de allí los exiguos plazos-;  3) la Corte no define el volumen del caudal –pero fija pauta a tal fin-;  4) todos ponen dinero para las obras del Atuel, no sólo Mendoza -léase “federalismo de concertación”, no “de oposición”-;  5)  el contenido de lo decidido  no es   sorpresa para Mendoza  -ya había evaluaciones al respecto en las gestiones Jaque y Pérez y –ahora- Cornejo se ha apurado a avanzar en lo resuelto por la Corte, convocando a su par pampeano; 6) nace una nueva oportunidad para el resarcimiento –en obras- por las Aguas Claras –reclamo histórico del sur mendocino-, lo cual –de ser bien gestionado- puede revolucionar el desarrollo  de San Rafael y General Alvear.-

Por Dr Enzo Orosito

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