Sagasti en el centro de la polémica por avances K contra Fayt

El kirchnerismo abrió en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados un proceso de investigación sobre las “capacidades cognitivas” del juez de la Corte Suprema Carlos Fayt. La oposición cuestionó el trámite con el argumento de que no había un proyecto, sino una nota de Aníbal Fernández el año pasado, ya sin estado parlamentario. Aun así, la camporista Anabel Fernández Sagasti –titular de la comisión– anunció una serie de “medidas de prueba” para evaluar las aptitudes de Fayt, en línea con el objetivo del Gobierno de abrir una nueva vacante en el máximo tribunal.

En la misma reunión, el oficialismo rechazó los pedidos de juicio político contra el vicepresidente Amado Boudou –con dos procesamientos, uno por la causa Ciccone y otro por falsificación de documentos públicos de un auto de su propiedad-, el canciller Héctor Timerman y la procuradora Alejandra Gils Carbó.

Antes de abrir el debate, Fernández Sagasti recomendó la apertura del “proceso investigativo” sobre Fayt para evaluar “si en virtud de la avanzada edad” del juez de la Corte “se encuentra afectada su capacidad para el ejercicio de la magistratura”. Como medidas de prueba impulsó agregar constancias documentales de la nota “El marasmo de la Justicia” publicada por Horacio Verbitsky en Página 12, una fotocopia certificada de la acordada de la Corte del 21 de abril, el video del programa Minuto Uno, de C5N, y el audio completo sin editar de la entrevista a Fayt en radio América; citar a Verbitsky y a otros tres periodistas, a seis secretarios de la Corte, tres privados del juez y a su chofer; y designar a un perito calígrafo para examinar la firma de Fayt en las sentencias, acordadas y otros actos de su cargo desde 2013. No hubo pedido de examen médico, aunque el último punto dejó abierta la posibilidad al referirse a “toda otra medida de prueba que resulte idónea” al desarrollo de la investigación.

Con mayoría en la comisión, el oficialismo aprobó el informe con 17 votos a favor –asistieron todos los integrantes K– y nueve en contra. Cinco opositores estaban ausentes en el momento de la votación. La ofensiva del kirchnerismo sobre Fayt se potenció cuando la nominación de Roberto Carlés, el  candidato de Cristina para reemplazar a Eugenio Zaffaroni en la Corte, quedara en el limbo porque el Frente para la Victoria no alcanzaba los dos tercios en el Senado, y con la declaración de inconstitucionalidad de parte del máximotribunal de la lista de conjueces para para integrarla. “Está estudiado científicamente. A los 97 años hay dificultades en las capacidades cognitivas. Las cosas salieron de su cauce. La Corte debe funcionar con cinco miembros”, planteó ayer Héctor Recalde.

Diputados del radicalismo, el macrismo, el massismo y el Frente Progresista, que habían consensuado la estrategia en una reunión previa (ver pág. 4), focalizaron las críticas en cuestiones reglamentarias. “No hay un pedido de juicio político, la comisión carece de atribuciones para disponer medidas de prueba”, aseguró Pablo Tonelli, del PRO, y agregó: “La única imputación que se le hace es la de ser viejo, que no figura en la Constitución como para dar lugar al juicio político. Esto está destinado a minar su voluntad”.

Por el radicalismo, Mario Negri –jefe de bloque– añadió otro argumento. “Estamos debatiendo sobre la nada, porque se ha vencido el año parlamentario y la nota debería haberse mandado al archivo”, dijo sobre la presentación de Aníbal F. cuando era senador, en la que se basó el kirchnerismo. “Quisieron nombrar conjueces amigos en la Corte y ahora quieren avanzar sobre el punto más débil, que es Fayt”, cuestionó otro radical, Manuel Garrido. Varios opositores consideraron “estigmatizante” la iniciativa y generó réplicas del oficialismo. “Ustedes deben replantearse si no lo están obligando a situaciones indignas. El reglamento nos habilita a iniciar este proceso para preguntar cuáles son las condiciones físicas de un juez que no hace presencia en la Corte”, aseguró Teresa García, del FPV.

La reunión terminó con el archivo por parte del oficialismo de los pedidos de juicio político contra Boudou, Timerman y Gils Carbó, con el argumento de que serían intromisiones en las causas judiciales. Para defender al vice, Diana Conti afirmó: “Ha sido sometido a todo proceso penal y ningún juez pidió el desafuero. Lo hacemos con toda la convicción de la honestidad de Boudou, no nos importan las críticas antipopulares”. CLARIN

INCREIBLE, EL GOBIERNO BUSCAR  DESENTENDERSE

Fernández: «Es el Congreso el que evalúa» el estado de salud del juez Fayt

El jefe de Gabinete sostuvo hoy que «no es el Gobierno el que está pidiendo nada, sino que el Congreso es el que evalúa una nota presentada por un legislador», referida a la posibilidad de realizar un juicio político al magistrado. El funcionario formuló las declaraciones al ingresar a la Casa de Gobierno, luego de que ayer la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobara la investigación sobre el estado de salud del miembro de la Corte Suprema de Justicia, de 97 años de edad.

 

 

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