Sanz: ¡ aprobamos una ley de diabetes para el siglo XXI !

Sanz E.El legislador mendocino se ocupó de realizar aclaraciones sobre imprecisiones vertidas en las Jornadas Regionales de Diabetes en Otoño.

Entre el 3 y el 5 de abril se realizaron en Mendoza las VI Jornadas Regionales de Diabetes en Otoño. Allí se plantearon diversas inquietudes sobre la nueva ley de diabetes, sancionada en noviembre de 2013 en el Congreso Nacional y publicada en el Boletín Oficial un mes después, con el número 26.914. Como autor de la ley, deseo despejar las dudas y aclarar detalladamente qué cambios dispone respecto al antiguo marco jurídico, establecido por la ley 23.753.

La 26.914 establece una cobertura del 100% en medicamentos, insumos y reactivos de diagnóstico para todos los pacientes diabéticos del país.

Para acceder a los beneficios, solamente es necesaria la acreditación de la enfermedad por parte de una institución sanitaria pública al momento del diagnóstico. ¿Por qué introdujimos este procedimiento? Porque actualmente hay obras sociales y entidades de medicina prepaga que les exigen a los pacientes la certificación periódica –cada uno o dos meses– de su enfermedad para continuar con el tratamiento. Un despropósito al ser la diabetes una enfermedad crónica. El nuevo requisito no interfiere con la práctica privada de los médicos y la relación con sus pacientes; simplemente asegura la continuidad del tratamiento, sin someter a los enfermos y sus familias a trámites innecesarios, que llevan tiempo y preocupaciones evitables.

Otro punto fundamental es la creación de Normas de Provisión de Medicamentos e Insumos por parte del Ministerio de Salud de la Nación –autoridad de aplicación de la ley– que deberán ser actualizadas, como mínimo, cada dos años, para contemplar los avances tecnológicos y farmacológicos en el tratamiento de la diabetes.

Además la nueva ley ordena la realización de campañas nacionales de detección y de concientización de la enfermedad, y de programas formativos en las instituciones educativas de todo el país.

Si miramos hacia atrás apreciamos mejor la enorme transformación que significa la ley 26.914, al colocar al Estado en el rol de garante de la producción y distribución de medicamentos e insumos. La ley 23.753 fue sancionada en 1989 y reglamentada nueve años después. La cobertura no se modifica hace quince años, cuando se creó el actual Programa Nacional de Diabetes.

Reemplazamos un marco legal obsoleto por uno inclusivo que contempla las futuras innovaciones que mejoren la calidad de vida de los enfermos. No solo pasamos de una cobertura limitada a una del 100%, sino que terminamos con las nefastas cantidades preestablecidas de medicamentos y reactivos de diagnóstico, para pasar a la cantidades necesarias según prescripción médica. En otras palabras, cada paciente recibe lo que precisa para un tratamiento óptimo.

Es normal que frente a estas iniciativas aparezcan voces preocupadas por los costos que su aplicación supondría. En primer lugar, creo firmemente que es el Estado el que debe asegurarles a todos los argentinos el ejercicio pleno del derecho a la salud. Y además, esta ley es una decisión inteligente: diagnósticos tempranos y terapias adecuadas implican que los centros de salud no tengan que gastar recursos en internaciones derivadas de complicaciones evitables, y fundamentalmente, que una persona con diabetes pueda estudiar y trabajar normalmente.

La 26.914 fue la única ley aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso Nacional durante el 2013. Eso nos habla, por un lado, del compromiso de todo el arco político argentino; y por otro, de la férrea e incansable lucha de asociaciones que representan a diabéticos de todo el país. Su aporte fue esencial para mejorar el proyecto original.

Los mendocinos tenemos el orgullo de contar entre nosotros con una de las líderes de esta campaña histórica. Antonella Calabró, una joven madre sanrafaelina, movió cielo y tierra luego de que a su hijo le fuera diagnosticada diabetes y se encontrara desprotegida tanto por parte del sector público de salud como de su obra social.

A la Comisión de Salud y Deporte del Senado de la Nación, la primera instancia en la que fue evaluado el proyecto, fueron invitados todos los actores relevantes del tema, para que fueran a exponer sus conocimientos y a dar sus consejos. La convocatoria fue amplia y el apoyo al proyecto, unánime.

Las creativas campañas en las redes sociales, la recolección de firmas en la web change.org –al momento de la aprobación definitiva del proyecto, se registraban más de 80.000 adhesiones– y los llamados de ciudadanos comprometidos de todo el país a senadores y diputados para solicitarles su apoyo, fueron claves en el proceso legislativo. Debe alegrarnos a todos la celeridad con que fue tratado el proyecto. Cuántas veces se oyen las quejas, con razón, de que los tiempos parlamentarios no se corresponden con las necesidades de la sociedad. Esta vez, legisladores de toda la Argentina supieron escuchar y atender a un reclamo justo, dando una respuesta responsable y contundente a tres millones de argentinos que padecen diabetes.

Necesitamos la reglamentación de la ley para que los cambios se hagan efectivos. El plazo otorgado al Poder Ejecutivo Nacional venció hace más de tres meses. El Jefe de Gabinete manifestó en la Cámara de Diputados y en el Senado que el procedimiento es complejo y aún falta tiempo. Junto a Nydia Farhat, Presidenta de la Nueva Asociación de Diabetes, presenté pedidos de informe al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Servicios de Salud para conocer el estado actual del proceso y cuánto falta para su finalización.

Espero que pronto podamos festejar la reglamentación de una ley que sin dudas cambiará la vida de millones de familias, y que la alegría nos encuentre unidos a los que consideramos a la salud como un derecho de todos y no un privilegio de unos pocos.
Dr. Ernesto Sanz
senador nacional por Mendoza

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