¿Se cumple el derecho a recibir Justicia o es para pocos?

En las últimas horas los abogados del fuero local recibieron la comunicación con fecha 15 de mayo de 2020, la acordada N° 29.528, de la Suprema Corte de Justicia donde resuelve: Diferir al día lunes uno (1) de junio del corriente la rehabilitación dispuesta en el artículo 5º de la Acordada n° 29.526, en sus mismos términos y condiciones,extendiendo hasta el doce (12) de junio inclusive del corriente la excepción dispuesta en el artículo 6º de la Acordada n° 29.526.

El delegado de la Justicia en San Rafael había manifestado en manifestaciones que estaba todo en funcionamiento, pero al decir verdad, se le está cortando el acceso a la justicia a la población en general.

Los letrados del fuero local en su gran mayoría, se hallan en descontento con la determinación, ya indican «somos nosotros los que debemos dar la cara» ya que las mentadas presentaciones a distancia, que manifiestan no condicen con el ejercicio de todos los actos procesales y en consecuencia se estaría negando el derecho a recibir justicia.

ACORDADA N°  29.528

Mendoza, 15 de mayo de 2020

VISTO:

La presentación de fecha 14 del corriente, formulada por la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Mendoza, invocando la representación de los profesionales, que ejerce de conformidad con las normas contenidas en la Ley 4976; y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada Federación expone la necesidad de prorrogar la suspensión de plazos dispuesta por esta Suprema Corte de Justicia en Acordada Nº 29.526, en orden a las razones que explicita.

Que, efectivamente la normalización del trámite de los procesos debe respetar las necesidades de aislamiento destinadas a preservar la salud de las personas, dentro del marco de las decisiones adoptadas por el Gobierno de la Nación y de la Provincia de Mendoza.

Que ante la declaración de pandemia sobre el COVID-19 (coronavirus) emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional (Ley 27.541; Decretos N° 260/20; N° 297/20; N° 325/20 y N° 355/20 y cc.) y el Gobierno Provincial (Decretos n° 359/20, n° 384/20 y cc), esta Suprema Corte ha venido adoptando medidas en los servicios de administración de justicia, complementarias a los lineamientos que las autoridades sanitarias competentes imparten;

Que dichas medidas se hallan insertas en las Acordadas 29.501, 29.502, 29.508, 29.509, 29.511, 29.526 y cc.

Que, en tanto garante de la administración del servicio de Justicia y de los derechos de todas las personas que viven o transitan suelo mendocino (art. 5 Constitución Nacional y art. 144 Constitución Provincial), este Poder Judicial enfrenta el desafío de lograr soluciones institucionales que, priorizando la protección del derecho a la vida y a salud pública, ofrezcan el amparo adecuado que el servicio de Justicia debe continuar brindado en materia de acceso a la justicia.

Que, sin perjuicio de ello, resulta conveniente extender las suspensiones de plazos previstas por la Acordada 29.526, con la finalidad de evitar la pérdida de derechos o la perturbación de situaciones y posiciones de las personas que intervienen en procesos judiciales, y sus profesionales representantes o patrocinantes, lo cual podría derivarse de las medidas adoptadas para evitar situaciones de aglomeración de personas (tales como: la atención por turnos y la reducción de horarios y días de atención, los controles estrictos de ingreso a los edificios, etcétera);

Que, este Poder Judicial ha venido desarrollando procedimientos de atención y recepción de presentaciones a distancia, que han permitido el ejercicio de actos procesales por parte de los justiciables, cuyo procesamiento a través de providencias y demás resoluciones se ve dificultado por la concurrencia de la necesidad de transformar los métodos de trabajo (por ejemplo, lo relacionado con la despapelización) y de la notable disminución en los puestos de trabajo de los agentes que pertenecen a los denominados grupos de riesgo, más allá de la posibilidad de continuidad de prestación de algunos servicios a través del trabajo a distancia.

Que, a partir de la vigencia de la Acordada Nº 29.526 se han presentado a través de la MEED 40300 escritos, lo que da cuenta de la efectiva transformación metodológica que vive el Poder Judicial, tanto en las actividades de sus magistrados, funcionarios y empleados, como en la de los profesionales del derecho, que se muestran como claros auxiliares de la Justicia, conforme la función que el derecho les otorga y garantiza.

 Por todo lo expuesto, conforme lo dispuesto en el art. 144º inc. 1 de la Constitución Provincial, Ley 4969 y demás normativa vigente, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en acuerdo de Ministros,

RESUELVE:

  1. Diferir al día lunes uno (1) de junio del corriente la rehabilitación dispuesta en el artículo 5º de la Acordada n° 29.526, en sus mismos términos y condiciones.

No obstante, las partes, peritos, demás interesados y sus profesionales podrán realizar presentaciones en todo tipo de causas iniciadas al sólo efecto de su recepción, cumpliendo lo dispuesto por el artículo 4º de la citada Acordada.

2. Extender hasta el doce (12) de junio inclusive del corriente la excepción dispuesta en el artículo 6º de la Acordada n° 29.526.

3. Incluir como último párrafo del artículo 3º de la Acordada Nº 29.526, el siguiente: “Las remisiones de expedientes u otro tipo de actuaciones judiciales hacia otro Tribunal o repartición pública, deberán cumplirse mediante su registración y control en el sistema Iurix o a través del sistema electrónico que se disponga, ello siempre que la totalidad de las actuaciones se encontraren en formato digital o fueran fácilmente digitalizables, por su volumen.

Excepcionalmente se procederá a la remisión física de los expedientes, cuando fuere imprescindible y ambas dependencias no contaren con la posibilidad del pase con control, o no fuera procesalmente posible, o el gran volumen de las actuaciones impida al destinatario el pleno acceso a las constancias del proceso, debiendo cumplirse con los protocolos sanitarios indicados en la presente”.

4. Comunicar la presente Acordada al Poder Ejecutivo provincial, a las Cámaras Legislativas provinciales, a los Municipios de la provincia de Mendoza, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa de la Provincia, a los Colegios de Abogados y Procuradores de la Provincia y a las autoridades de la Justicia Federal con asiento en la provincia.

Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Archívese.

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