Sería inconstitucional la Ley Provincial Nº 7722

Una ley debe ser igual para todos, y en este caso para todas las actividades. Esta Ley prohíbe el uso de estos productos químicos solo a la minería, mientras tanto en otras actividades no hay problemas.

La Ley 7722 prohíbe el uso de químicos en la minería extractiva como ser el Ácido Sulfúrico, Cianuro, Etc.

En muchas actividades se usa el ácido sulfúrico,bodegas, metalmecánica, fabricación de baterías y varios etc. más. Y ese producto «tan nefasto» para algunos ambientalistas y/o pseudoambientalistas solo les preocupa que se use en minería.

¿Quién me garantiza que ese producto una vez usado en las otras actividades se gestiona como corresponde?….aseguro que nadie, su destino final serán las acequias o cloacas.

Te reciben baterías viejas en la calle, y te dan una bolsa de papas o un cartón con huevos. Esas va ese ácido? a la acequia..!

consideraciones respecto a la cuestionada Ley Provincial n° 7722

La actividad minera se encuentra regulada por el Código de Minería de la Nación, Ley sancionada el 1° de mayo de 1887, una de las más antiguas del país, y que rige los derechos , obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición ,explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales (art. 1), aclarando que exploración y cateo son sinónimos y no actividades diferentes como oscuramente aclara el artículo 1° de la Ley en cuestión (7722).

Este código fue sancionado por el Congreso de la Nación en virtud de las atribuciones conferidas por el antiguo artículo 67 inciso 12 de la Constitución de 1853 (actualmente artículo 75 inciso 12); es decir, LAS PROVINCIAS DELEGARON EN LA NACIÓN LA FACULTÁD DE DICTAR LOS CÓDIGOS CIVIL, COMERCIAL, PENAL, DE MINERIA Y DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL.

Al tratarse de facultades delegadas no puede, evidentemente, la Provincia de Mendoza arrogárselas nuevamente, y legislar sobre materias en la que carece de potestad alguna al haber sido, repito, oportunamente delegadas a la Nación ni tampoco dictar leyes que priven de derechos ya adquiridos (art. 29 de la Constitución de Mendoza).

Sin embargo se ha sostenido equivocadamente que al estar las minas en territorio provincial corresponde a estas decidir sobre las mismas invocando el artículo 124 de la Constitución Nacional.

Esto es un grave error conceptual, pues si bien las minas son propiedad e la Nación o de las provincias según el el territorio donde se encuentren (artículo 7 del Código de Minería), es decir, se reconoce el dominio originario sobre dichos recursos minerales, ello no obsta que la Constitución haya reservado exclusivamente al Congreso la facultad de legislar sobre ellas, por lo que se da entonces el caso de bienes de propiedad de las provincias que se encuentran sujetos a la legislación exclusiva del Congreso como resultado del doble juego de normas constitucionales y de nuestra organización política federal, por lo que el dominio de la provincia sobre dichos recursos está condicionado y sujeto al interés general.

Por ello y en virtud del Código de Minería, el dominio de la provincia sobre dichos recursos está condicionado y sujeto al interés general.

Entonces de acuerdo al Código de Minería, el dominio que las provincias tienen sobre ellas es solo a los fines de su tutela o jurisdicción, haciendo solo un contralor formal del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y amparo e impidiendo que el Estado pueda explotarlas por sí.

El legislador ha querido que el Estado no intervenga discrecionalmente en la concesión de los derechos y por lo tanto elaboró un sistema, conocido como el de la concesión legal, por el cual quien primero de cumplimiento a los requisitos preestablecidos en el Código será el preferido para ser concesionario del derecho minero.  Además esta actividad goza del carácter de utilidad pública (art. 13 del Cód. de Minería) en virtud de la cual solo la Nación puede establecer los mecanismos jurídicos que habilitan la concesión minera, reiterando, que las provincias no pueden arrogarse ni ejercer potestades que han sido ya delegadas.

La Ley 7722, lamentablemente incurre en una confusión conceptual básica: una ley provincial NO PUEDE DEROGAR, CONCULCAR O RESTRINGIR una norma superior como lo es una Lay Nacional (Código de Minería).

Nuestra Constitución Nacional establece al respecto “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la Ley Suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella…” (art. 31) y “Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación…” (art. 126)

Por otra parte, se ha confundido seriamente lo que es el derecho con su ejercicio. La provincia, repito, no puede legislar sobre la concesión de los derechos mineros, solo puede reglamentar su ejercicio y así lo ha hecho a través del Código de Procedimiento Minero de Mendoza y ambientalmente a través del decreto 820/06 que reglamenta la Ley Provincial 5.961.
Debo agregar que la ley en cuestión, en vez de reglamentar o condicionar el ejercicio del derecho minero directamente legisló sobre una materia en la que ya legisló la Nación en cumplimiento del mandato conferido por las provincias en el citado artículo 75 de nuestra Constitución.

Es importante destacar respecto al decreto 820/06, los sostenedores de la Ley 7722, afirman que dicho decreto de ser impugnado pues la participación ciudadana ordenada en él no es vinculante. Esto también configura un grave error pues la participación social no puede ser vinculante puesto que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes (artículo 22), por lo que si estas participaciones fueran vinculantes la norma jurídica que así lo dispusiese sería inconstitucional.

Finalmente y como conclusión la Ley 7722 sancionada por nuestra legislatura provincial contraria nuestra Carta Magna (artículos 14, 17, 28, 31, 75, 121 y 126). Por lo expuesto la Ley Provincial n° 7722 debería, declararse INCONSTITUCIONAL.

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